Así, se cumple con el Pacto de Zurbano, que daba al Gobierno un plazo de tres meses para modificar la regulación de las obligaciones de documentar las operaciones entre empresas, para demostrar que éstas se realizaron a precios de mercado.

La actual situación económica aconseja un replanteamiento de nuestro ordenamiento legal en lo que hace referencia a las empresas y su entorno. Puesto que deseamos que éstas se dediquen a lo que es propio de ellas: generar valor, empleo, pago de impuestos, calidad, responsabilidad... por mencionar algunos ejemplos de lo que aportan, debemos pues, «trillar» toda aquella disposición que sólo complique su gestión y no aporte ningún tipo de ventaja.

La Cámara de Comercio de Madrid y CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE informan que la Hacienda Pública complica la fiscalidad de las empresas que realizan operaciones vinculadas.

Las operaciones vinculadas se han convertido en la gran novedad (o tortura) de la presente campaña de sociedades, el tributo que grava los beneficios empresariales. Por primera vez, los empresarios deben informar en su declaración de aquellas operaciones realizadas con otra empresa o persona física con la que exista una vinculación.

El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y del empleo, modificó el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en relación con las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas.