EL JUICIO DECLARATIVO VERBAL

    El Juicio Declarativo Verbal es un procedimiento judicial que se regula básicamente en los artículos 437 a 447 bis, ambos inclusive, de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y que, en virtud del artículo 250.2 de este mismo texto legal, es el procedimiento aplicable a todas aquellas reclamaciones de cantidad que no superen los 15.000 euros.

    En principio, y con carácter general, en el Juicio Declarativo Verbal será obligatoria la intervención de los servicios de Abogado y Procurador. Sin embargo, en los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no exceda de 2.000 euros, el artículo 23.2. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que no será obligatoria la intervención de Abogado y Procurador, pudiendo las partes intervenir por sí mismas. Por lo tanto, en los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no exceda, en concepto de principal, de 2.000 euros la utilización de los servicios de Abogado y Procurador no será preceptiva, quedando a la voluntad de las partes la posibilidad o no de hacer uso de ellos.

Demanda

    En cuanto al procedimiento a seguir, debemos señalar que, según el artículo 437 de la LEC, en los juicios verbales en que no se actúe con abogado y procurador, el demandante podrá formular una demanda sucinta, donde se consignarán los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida, concretando los hechos fundamentales en que se basa la petición. Es decir, el Juicio Verbal se iniciará mediante una demanda breve y sencilla.

    Además, y para aquellos casos en que la cantidad reclamada no supere los 2.000 euros, el artículo 437.2 señala que el demandante podrá formular su demanda cumplimentando unos impresos normalizados que, a tal efecto, se hallarán a su disposición en el órgano judicial correspondiente o en la sede judicial electrónica. Es decir, el demandante podrá, en estos casos, formular su demanda rellenando un impreso normalizado elaborado por el Ministerio de Justicia; y que encontrará a su disposición en las sedes de los Juzgados.

    En consecuencia, y dado que la demanda puede ser sucinta o mediante impreso normalizado, no es necesario incluir en la misma fundamentación técnica o jurídica; dicha fundamentación puede alegarse en el momento del juicio. No obstante, la LEC no impide, si se quiere, presentar una demanda completa, extensa y jurídicamente fundamentada, con el contenido y forma propios del juicio ordinario.

    Por lo que se refiere al contenido de esta demanda sucinta, señalaremos en primer lugar que la misma debe dirigirse al Juzgado que resulte competente para conocer de dicha reclamación. Con carácter general diremos que, en el caso de reclamación de deudas o cantidades, el Juzgado competente será el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde tenga su domicilio el demandado, de conformidad con lo que señala el artículo 50.1 de la LEC.

    Asimismo, y conforme al artículo 50.3 de la LEC, cuando la demanda se dirija contra empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, éstos "también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor."

    Por último, y por lo que se refiere al órgano judicial al que hay que dirigir la demanda, el artículo 47 de la LEC señala que corresponde a los Juzgados de Paz del lugar del domicilio del demandado "el conocimiento, en primera instancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a 150 euros...",  en aquellos municipios en los que no haya Juzgado de Primera Instancia.

    La demanda además contendrá los datos identificativos del demandante y del demandado. Es fundamental que, por lo que se refiere al demandado, se aporten todos aquellos datos que se conozcan; pues ello facilitará mucho su localización, a efectos de poder notificarle la demanda. Es muy aconsejable aportar más de un domicilio del demandado, si se conocen, así como otros datos que pudieran servir para su identificación o localización tales como teléfono, fax, e-mail, domicilio de la empresa o trabajo, etc.

    Además, es muy importante fijar en la demanda con mucha claridad y precisión lo que se pide al Juzgado, es decir, en este caso debe reflejarse expresa y claramente la petición de que se condene al demandado a pagar al demandante la cuantía a la que asciende la deuda que se reclama, así como, en su caso, los intereses. No debemos olvidarnos de exigir que se impongan al demandado las costas del juicio, pues, si lo solicitamos, de resultar condenado deberá hacerse cargo también de los gastos que para el demandante ha supuesto la reclamación judicial.


    La demanda, finalmente, debe ir acompañada de una serie de documentos; que aparecen detallados en los Arts. 264 y 265 de la LEC. El artículo 264 se refiere a los documentos de carácter procesal, y enumera los siguientes:

    1.º La certificación del registro electrónico de apoderamientos judiciales o referencia al número asignado por dicho registro.

    2.º Los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya.

    3.º Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y procedimiento.

    4.º El documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, o declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido.

    El artículo 265 de la LEC, sin embargo, se refiere a los documentos relativos al "fondo del asunto", es decir, relacionados con la petición o reclamación que hacemos en nuestra demanda y que nos servirán como prueba en el juicio. La Ley señala los siguientes:

    1.º Los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden.
    2.º Los medios e instrumentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 299, si en ellos se fundaran las pretensiones de tutela formuladas por las partes.
    3.º Las certificaciones y notas sobre cualesquiera asientos registrales o sobre el contenido de libros registro, actuaciones o expedientes de cualquier clase.
    4.º Los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 337 y 339 de esta Ley. En el caso de que alguna de las partes sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita no tendrá que aportar con la demanda o con la contestación el dictamen, sino simplemente anunciarlo de acuerdo con lo que prevé el apartado 1 del artículo 339.
    5.º Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical.

Contestación a la demanda y reconvención

    Una vez presentada la demanda, el artículo 438 de la LEC señala que el Letrado de la Administración de Justicia, examinada la demanda, la admitirá por decreto o dará cuenta de ella al tribunal en los supuestos del artículo 404 para que resuelva lo que proceda (cuando estime falta de jurisdicción o competencia del Tribunal o cuando la demanda adolezca de defectos formales y no se hubiesen subsanado por el actor en el plazo concedido para ello por el el Letrado de la Administración de Justicia). Admitida la demanda, dará traslado de ella al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de diez días, conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario.


    Debe saber que el demandado puede formular reconvención (demandar a su vez al demandante) siempre que su reclamación también se deba tramitar como juicio verbal y exista conexión entre las pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la demanda principal. Si es admitida la reconvención, se dará traslado al demandante para que la conteste en el plazo de diez días.

    El demandado también puede alegar en la contestación a la demanda un crédito compensable, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 408 de la LEC; siempre que la cuantía de dicho crédito no sea superior a 15.000 euros.

    Desde el 3 de Abril de 2025, una vez que se ha contestado a la demanda y, en su caso, a la reconvención o el crédito compensable, o transcurridos los plazos correspondientes, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia concederá a ambas partes el plazo común de cinco días a fin de que propongan la prueba que quieran practicar .

    En este punto debemos señalar que la Ley Orgánica 1/2025 complica la tramitación del procedimiento, que deja de ser verbal, sustituyendo los trámites orales que se desarrollaban en la vista por trámites escritos.

    Así, además de las peticiones sobre prueba, y dentro del mismo plazo de cinco días, el demandante puede realizar las alegaciones sobre las excepciones procesales planteadas por el demandado en su escrito de contestación y que puedan impedir que el finalice mediante sentencia sobre el fondo.

    Además, y en los tres días siguientes al traslado del escrito de proposición de prueba, las partes podrán, en su caso, presentar las impugnaciones a las que se refieren los artículos 280, 283, 287 y 427 de la LEC.

    Cuando haya finalizado el plazo para presentar este último escrito, el tribunal resolverá por auto sobre la impugnación de la cuantía del pleito de haberse producido, sobre las excepciones procesales planteadas, sobre la admisión de la prueba propuesta y sobre la pertinencia de la celebración de vista, acordando, en caso de no considerarla necesaria, que queden los autos conclusos para dictar sentencia.

    Contra este auto cabrá interponer recurso de reposición, que tendrá efecto suspensivo.

    Y, cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando se hayan presentado informes periciales y el tribunal no haya considerado pertinente o útil la presencia de los peritos en el juicio, se procederá a dictar sentencia, sin previa celebración de la vista.

Vista

    Si debe celebrarse vista, ésta tendrá lugar dentro del plazo máximo de un mes.

    En la citación se fijará el día y hora de la vista, y se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la vista su decisión al respecto y las razones de la misma.    

    En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio. Asimismo, se prevendrá al demandante y demandado de lo dispuesto en el artículo 442, para el caso de que no comparezcan a la vista.

    Las partes están obligadas a comparecer ante el Juzgado o Tribunal el día señalado. No obstante, el artículo 442 de la LEC regula las consecuencias de la incomparecencia de las partes y establece que si el demandante no asiste a la vista, y el demandado no alega interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se tendrá en el acto por desistido a aquél de la demanda, se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandado comparecido, si éste lo solicita y acredita los daños y perjuicios sufridos.

    En cambio, si es el demandado el que no comparece, se procederá a la celebración del juicio.

    Esto quiere decir que la no asistencia del demandado no impide la continuación del juicio, que podrá celebrarse sin él/ella; y tampoco implica que el demandado, por el sólo hecho de no estar, vaya a resultar automáticamente condenado; el demandante debe, por tanto, continuar el juicio y probar y acreditar aquello que reclama. La ventaja de esta situación es que esa labor de prueba resulta mucho más fácil, y con ello también resultará más fácil la obtención de la condena, si no se cuenta con la oposición del demandado.

    Si comparecen ambas partes, que sería lo más normal, en persona o por videoconferencia en los casos que así se haya acordado, el artículo 443 de la LEC señala que el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas.

    En este caso, el tribunal, antes de la práctica de la prueba, puede proponer a las partes la derivación del litigio a un medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere y fundadamente que es posible un acuerdo entre las partes de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 19. Si las partes están de acuerdo con la derivación, se acordará la suspensión del procedimiento para que la actividad de negociación se desarrolle en el plazo máximo que fije el tribunal.

    Las partes deberán comunicar al tribunal si han alcanzado o no un acuerdo dentro del plazo fijado. Si han llegado a un acuerdo, se puede solicitar su homologación judicial.

    Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo, se dará la palabra a cada una de ellas para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los que exista contradicción. Si no hay conformidad sobre todos ellos, se propondrán las pruebas y se practicarán seguidamente las que resulten admitidas.

    Una vez practicadas todas la pruebas, señala el artículo 447 de la LEC que "el tribunal podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente conclusiones. A continuación, se dará por terminada la vista y el tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes".

Sentencia y recursos

    La sentencia, lógicamente, debe estimar o desestimar la petición que se formulara en la demanda y, en consecuencia, condenar al demandado al pago de la cantidad reclamada o absolverlo. La sentencia debe pronunciarse siempre sobre quién debe hacerse cargo de las costas del proceso.

    Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 455 de la LEC, la sentencia que se dicte podrá ser recurrida por aquella de las partes, o por ambas, en su caso, que resulte perjudicada por la misma; mediante la interposición de un Recurso de Apelación en el plazo de veinte días desde la notificación de la sentencia.


    Finalmente, y al igual que señalábamos con el laudo arbitral, si la sentencia no es recurrida y tampoco es cumplida voluntariamente por el condenado al pago, podrá ejecutarse forzosamente la misma a través del procedimiento de ejecución de sentencias previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

    En este apartado encontrará formularios para poder redactar una demanda de Juicio Verbal sin Abogado y Procurador.

Formularios

Modelo de Demanda de Juicio Verbal.
Normalizado_Juicio_Verbal.
Normalizado_Contestacion_Verbal.
Modelo de contestación a la demanda de Juicio Verbal.
Reclamación judicial de deudas dinerarias

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Manual sobre cómo reclamar deudas.