EL JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO

    El Juicio Declarativo Ordinario es un procedimiento judicial que se regula básicamente en los Arts. 399 a 436, ambos inclusive, de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y que, en virtud del artículo 249.2 de este mismo texto legal, es el procedimiento aplicable a todas aquellas demandas cuya cuantía exceda de 15.000 mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

Demanda

    En cuanto al procedimiento a seguir, debemos señalar que el Juicio Ordinario se inicia, según el artículo 399 de la LEC, mediante demanda en la que se harán constar los datos y circunstancias de identificación del demandante y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida.

    Asimismo, el demandante consignará un número de teléfono, dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, a los meros efectos de contacto por el tribunal.

    En el supuesto de que se trate de personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, o que elijan hacerlo pese a no venir obligadas a ello, se consignarán necesariamente un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.

    Además, se indicarán cualquiera de los medios previstos en el apartado 1 del artículo 162, a través de los cuales se podrán realizar notificaciones, requerimientos o emplazamientos personales, incluidos, en su caso, los actos de comunicación correspondientes al procedimiento de ejecución.

    En la demanda deben hacerse constar también el nombre y apellidos del Abogado y Procurador que intervengan.

    Por lo que se refiere al contenido de esta demanda, señalaremos en primer lugar que la misma debe dirigirse al Juzgado que resulte competente para conocer de dicha reclamación. Con carácter general diremos que, en el caso de reclamación de deudas o cantidades, el Juzgado competente será el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde tenga su domicilio el demandado, de conformidad con lo que señala el artículo 50.1 de la LEC.

    Asimismo, y conforme al artículo 50.3 de la LEC, cuando la demanda se dirija contra empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, éstos "también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor."

    La demanda además contendrá, como hemos dicho, los datos identificativos del demandante y del demandado. Es fundamental que, por lo que se refiere al demandado, se aporten todos aquellos datos que se conozcan; pues ello facilitará mucho su localización, a efectos de poder notificarle la demanda. Es muy aconsejable aportar más de un domicilio del demandado, si se conocen, así como otros datos que pudieran servir para su identificación o localización tales como teléfono, fax, e-mail, domicilio de la empresa o trabajo, etc.

    Esta demanda, a diferencia de lo que ocurría en la del Juicio Verbal, que podía ser breve y sucinta, sí debe contener, de conformidad con el artículo 399 de la LEC, una relación de hechos y fundamentos de derecho. Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán, valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante.


    Los fundamentos de derecho, además de los que se refieran al asunto de fondo planteado, incluirán, con la adecuada separación, las alegaciones que procedan sobre capacidad de las partes, representación de ellas o del procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda, así como sobre cualesquiera otros hechos de los que pueda depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo. En este procedimiento es muy importante alegar en la demanda, y en la contestación, en su caso, todos los hechos, fundamentos y títulos jurídicos en que se fundamente nuestra petición, pues no es admisible, de conformidad con el artículo 400 de la LEC, realizar alegaciones en un momento o proceso posterior.


    No debemos tampoco olvidarnos de exigir que se impongan al demandado las costas del juicio, pues, si lo solicitamos, de resultar condenado deberá hacerse cargo también de los gastos que para el demandante ha supuesto la reclamación judicial, es decir, en este caso el demandado se hará cargo de los gastos de Abogado y Procurador y de todos aquellos otros que haya generado la reclamación judicial.


    Además, en esta demanda cabe realizar al Juzgado, una vez formulada la petición principal, peticiones accesorias; tales como la petición de medidas cautelares (un embargo preventivo, por ejemplo) o la práctica anticipada de determinadas pruebas; peticiones accesorias que se realizarán utilizando la formula latina de "OTROSÍ DIGO".

    La demanda, por último, debe ir acompañada de una serie de documentos; que aparecen detallados en los Arts. 264 y 265 de la LEC. El artículo 264 se refiere a los documentos de carácter procesal, y enumera los siguientes:

    1.º La certificación del registro electrónico de apoderamientos judiciales o referencia al número asignado por dicho registro.

    2.º Los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya.

    3.º Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y procedimiento.

    4.º El documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, o declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido.

    El artículo 265 de la LEC, sin embargo, se refiere a los documentos relativos al "fondo del asunto", es decir, relacionados con la petición o reclamación que hacemos en nuestra demanda y que nos servirán como prueba en el juicio. La Ley señala los siguientes:

    1.º Los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden.
    2.º Los medios e instrumentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 299, si en ellos se fundaran las pretensiones de tutela formuladas por las partes.
    3.º Las certificaciones y notas sobre cualesquiera asientos registrales o sobre el contenido de libros registro, actuaciones o expedientes de cualquier clase.
    4.º Los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 337 y 339 de esta Ley. En el caso de que alguna de las partes sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita no tendrá que aportar con la demanda o con la contestación el dictamen, sino simplemente anunciarlo de acuerdo con lo que prevé el apartado 1 del artículo 339.
    5.º Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical.

Contestación a la demanda y reconvención

    Una vez presentada la demanda, el artículo 404 de la LEC señala que el Letrado de la Administración de Justicia examinará la demanda, dictará decreto admitiendo la misma y dará traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de veinte días.

    El Letrado de la Administración de Justicia, no obstante, dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión en los siguientes casos:

    1) cuando estime falta de jurisdicción o competencia del Tribunal o

    2) cuando la demanda adoleciese de defectos formales y no se hubiesen subsanado por el actor en el plazo concedido para ello por el Letrado de la Administración de Justicia.

    La contestación a la demanda se regula en el artículo 405 de la LEC y debe respetar la misma estructura de la demanda; es decir, el demandado expondrá por escrito los fundamentos de su oposición a las pretensiones del demandante. Así, en la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos por el demandante. También habrá de aducir el demandado, en la contestación a la demanda, todos aquellos vicios o defectos procesales que pudieran impedir la válida continuación y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo. Finalmente, en la contestación a la demanda cabe también, según el artículo 406 y el artículo 407 de la LEC, que el demandado pueda formular a su vez demanda contra el demandante, que se sustanciará aprovechando el proceso ya iniciado. Esta posibilidad del demandado de formular a su vez demanda contra el demandante recibe en la Ley el nombre de reconvención.

    El demandante podrá contestar a la reconvención en el plazo de veinte días a partir de la notificación de la demanda reconvencional. Esta contestación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 405 de la LEC para la contestación a la demanda.

Audiencia Previa

    Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los plazos correspondientes sin que el demandado haya contestado a la demanda, según el artículo 414 de la LEC, el Letrado de la Administración de Justicia, dentro del tercer día, convocará a las partes a una audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde la convocatoria.

    Esta audiencia, que recibe el nombre de Audiencia Previa, se llevará a cabo, para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones o defectos procesales que pudieran impedir la continuación del proceso y  su terminación mediante sentencia, fijar con precisión cuál es el objeto del proceso, es decir, cuáles son las peticiones de cada una de las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba que vaya a utilizarse en el Juicio en apoyo de las alegaciones formuladas en la demanda y la contestación. En cuanto al desarrollo de esta audiencia previa, y con el fin de no ser demasiado exhaustivos, dado que éste es un proceso largo y complejo y que precisará obligatoriamente de la intervención de un Abogado, señalar tan sólo a efectos ilustrativos que se regula en los Arts. 414 a 429 de la LEC. En estos preceptos se regulan también las consecuencias de la incomparecencia a la audiencia previa de alguna de las partes, o de las dos, y de sus Abogados.

    Por último, según el artículo 429.2 de la LEC, una vez finalizada la proposición y admisión de las pruebas pertinentes y útiles, se procederá a señalar la fecha del juicio, que deberá celebrarse en el plazo de un mes desde la conclusión de la audiencia.

Juicio

    El juicio, que se regula en el artículo 431 de la LEC, tendrá por objeto la práctica de todas aquellas pruebas que resultaron admitidas en la audiencia previa (p.ej. declaración de las partes, testifical, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial, en su caso, y reproducción de palabras, imágenes y sonidos). Asimismo, una vez practicadas las pruebas, en el juicio las partes podrán formularán las conclusiones sobre éstas.

    En el artículo 432, al igual que indicábamos para la audiencia previa, la Ley regula las consecuencias de la incomparecencia a juicio de alguna de las partes o de las dos.

Sentencia y recursos

    La sentencia, lógicamente, debe estimar o desestimar la petición que se formulara en la demanda y, en consecuencia, condenar al demandado al pago de la cantidad reclamada o absolverlo. La sentencia debe pronunciarse siempre sobre quién debe hacerse cargo de las costas del proceso.

    Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 455 de la LEC, la sentencia que se dicte podrá ser recurrida por aquella de las partes, o por ambas, en su caso, que resulte perjudicada por la misma; mediante la interposición de un Recurso de Apelación en el plazo de veinte días desde la notificación de la sentencia.

    Finalmente, y al igual que señalábamos con el laudo arbitral, si la sentencia no es recurrida, o ya se han resuelto los recursos que se interpusieron contra la misma, se dice que deviene firme y resulta ya inatacable, no siendo ya posible, con carácter general, su modificación. Si la sentencia firme no es cumplida voluntariamente por el condenado al pago, podrá ejecutarse forzosamente la misma a través del procedimiento de ejecución de sentencias previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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Manual sobre cómo reclamar deudas.

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Reclamación judicial de deudas dinerarias