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Boletín nº43 10/11/2026

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Los asesores fiscales alertan sobre el riesgo que supone el nuevo esquema de reducciones en el alquiler.

• El REAF considera que repartir las reducciones del alquiler en 13 porcentajes hará muy difícil acertar al presentar el IRPF y abrirá la puerta a regularizaciones y sanciones.


• Piden, además, poner al día cifras que llevan años sin moverse, como el mínimo personal del IRPF o el límite exento de los vales de comida, para que la inflación no suponga más impuestos.

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El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, que entró en vigor el día 8 y que la Diputación Permanente del Congreso votará el 12 de noviembre, ha recibido críticas de los asesores fiscales por el modo en que reforma los incentivos al alquiler. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano del Consejo General de Economistas, lo expuso en un encuentro con medios tras inaugurar sus Jornadas Anuales en Oviedo, y sostiene que repartir las reducciones del alquiler en hasta 13 porcentajes distintos dificultará el cumplimiento tributario y aumentará el riesgo de errores.

La reforma cambia las reducciones que aplican los propietarios al rendimiento neto de los alquileres de vivienda. Según la Agencia Tributaria, los nuevos porcentajes se aplican a los contratos de vivienda habitual celebrados desde el 1 de diciembre de 2026. La reducción puede llegar al 100% en los casos más favorables, como la renovación con el mismo inquilino con una rebaja de la renta superior al 5%, y hay porcentajes intermedios según la vivienda esté en zona tensionada o el inquilino tenga entre 18 y 35 años. Se queda en el 50% si la renta se mantiene y, si el arrendador la sube, el beneficio va bajando del 40% al 15% a medida que crece el incremento. A ello se añaden otros supuestos, como la prórroga tácita (80%), la vivienda rehabilitada (60%) o los arrendatarios que son administraciones o entidades sin ánimo de lucro (70%).

Un sistema difícil de aplicar con seguridad.

El presidente del REAF, Agustín Fernández, planteó una duda de fondo: hasta qué punto es razonable pedir a un contribuyente que averigüe cuál de los 13 porcentajes le toca y que conozca todos los requisitos para aplicarlo. Para los economistas, tanto detalle derivará en discrepancias de interpretación, regularizaciones y sanciones, porque no siempre será sencillo demostrar que se cumplen las condiciones de cada tramo.

Por su parte, la economista Raquel Jurado, de la comisión técnica del REAF, añadió que el problema no se limitará a los propietarios. A su juicio, la convivencia de tantos porcentajes también complicará las comprobaciones de los inspectores y dejará a la Administración con dudas similares a las del contribuyente, dado el número casi ilimitado de situaciones posibles.

Con ese diagnóstico, el REAF defiende que un buen sistema tributario no es el que acumula más incentivos y excepciones, sino el que permite a los ciudadanos conocer con claridad sus obligaciones y prever las consecuencias de sus decisiones. Considera, además, que las ventajas fiscales deben acompañar a las políticas de vivienda, pero sin convertirse en el principal instrumento para condicionar las decisiones patrimoniales.

Importes congelados que elevan la factura fiscal sin avisar.

La segunda reclamación del REAF es actualizar magnitudes que llevan años sin moverse. Entiende que esa congelación eleva la presión fiscal sin que el contribuyente lo advierta, porque tributa más aunque su capacidad económica no haya crecido necesariamente. Propone subir el mínimo personal y familiar del IRPF, que sigue en 5.550 euros desde 2015, hasta 7.200; llevar el límite exento de los cheques restaurante de 11 a 14 euros diarios; y ampliar el tope de gastos de difícil justificación de los profesionales en estimación directa simplificada, de 2.000 a casi 2.600 euros.

Los economistas citan otros ejemplos de importes anclados en el pasado. El umbral de 3.005,06 euros para informar de operaciones con terceros en el modelo 347 no se ha movido desde 1995, cuando equivalía a 500.000 pesetas, y la exención de la vivienda habitual en el Impuesto sobre el Patrimonio permanece en 300.000 euros desde 2011, una cifra que, con la evolución del precio de la vivienda, debería rondar los 432.000 euros.

Por último, el REAF se pronunció también sobre la tributación del salario mínimo interprofesional. El presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez, pidió un mecanismo de ajuste automático que evite retener IRPF a quienes el legislador no quiere que tributen, en lugar de obligarles a presentar la declaración para recuperar después lo retenido.