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Boletín nº35 16/09/2025

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18 años de inacción: Las cuantías del IRPF se mantienen congeladas desde 2006 mientras la inflación devora el bolsillo.

• El Consejo para la Defensa del Contribuyente denuncia que la falta de actualización de los límites tributarios ha generado una "progresividad en frío" que perjudica especialmente a los más vulnerables.


• Los mínimos exentos del IRPF deberían haberse incrementado casi un 40 % para compensar la inflación.

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El Ejecutivo lleva 18 años sin revisar las cuantías monetarias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una inacción que está provocando un incremento encubierto de la presión fiscal que golpea con especial dureza a las familias con menos recursos. Así lo denuncia el Consejo para la Defensa del Contribuyente en un informe que califica la situación como "matemáticamente incontestable" y advierte de que se está produciendo lo que los expertos conocen como "progresividad en frío".

Una subida de impuestos por la puerta de atrás.

La realidad es demoledora: mientras la inflación acumulada desde 2006 asciende al 38,4 %, las cuantías del IRPF permanecen congeladas en el tiempo. La queja que propicia el informe se centra en el límite para aplicar la reducción por sostenimiento de ascendientes, que sigue fijado en 8.000 euros cuando, según los cálculos del propio Consejo, debería situarse en 11.072 euros si se actualizara conforme a la inflación real, pero es extrapolable al resto de límites y mínimos a aplicar.

Esta política de inercia gubernamental está provocando que miles de familias pierdan beneficios fiscales sin que su situación económica haya mejorado. Al contrario: muchas se han visto empeoradas por el aumento del coste de la vida, especialmente aquellas que cuidan de personas mayores dependientes.

El "impuesto de los pobres" del siglo XXI.

El informe no duda en recurrir a la sabiduría de los clásicos de la Escuela de Salamanca, que ya en el siglo XVI denominaban a la inflación como "el impuesto de los pobres". Una reflexión que cobra especial relevancia cuando se constata que son precisamente las familias más vulnerables las que están perdiendo el acceso a reducciones fiscales por el simple paso del tiempo.

Un ejemplo paradigmático es el del mínimo exento individual, que permanece en 5.550 euros desde hace más de diez años cuando debería situarse en 7.681 euros, lo que supone un incremento necesario cercano al 40%. Esta diferencia se traduce en una mayor carga fiscal para los contribuyentes con menores ingresos.

Casos sangrantes de desactualización.

Sin embargo, no es un problema exclusivo del IRPF, la desidia administrativa alcanza cotas esperpénticas en otros tributos. La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones mantiene su tarifa sin modificar desde 1999, hace más de 25 años. El resultado son cifras absurdas como tramos que llegan hasta 7.993,46 euros o límites de 402.678,11 euros que evidencian la falta de criterio y actualización.

Igualmente llamativo es que el Real Decreto que desarrolla la normativa del IVA mantenga la cifra que determina la condición de gran empresa en 6.010.121,04 euros, con una precisión decimalmente ridícula que demuestra la conversión automática de pesetas a euros sin posterior revisión.

Multiplicación de quejas ciudadanas.

La indignación ciudadana se refleja en el exponencial aumento de quejas al Consejo para la Defensa del Contribuyente. Solo en los últimos años se han registrado múltiples reclamaciones relacionadas con esta problemática.

El caso que ha motivado el informe es especialmente ilustrativo: una contribuyente ha visto cómo el aumento de la pensión de su madre de 95 años le ha impedido aplicar la reducción por sostenimiento de ascendientes, incrementando considerablemente su cuota tributaria justo cuando los costes de atención se han disparado por la inflación.

Una solución que brilla por su ausencia.

Mientras países como Bélgica y Estados Unidos han establecido mecanismos de indexación automática de sus cuantías tributarias, España mantiene un sistema anquilosado que incrementa la presión fiscal por el mero transcurso del tiempo. El Consejo para la Defensa del Contribuyente reconoce que corresponde al Gobierno y las Cortes diseñar la política fiscal, pero advierte de que la solución debe ser "de alcance global".

El coste recaudatorio de actualizar estas cuantías no puede ser excusa para mantener un sistema que, de facto, está incrementando los impuestos sin debate parlamentario ni decisión política explícita. La "progresividad en frío" es una forma encubierta de subir los impuestos que perjudica especialmente a quienes menos tienen.

La hora de la responsabilidad política.

El informe del Consejo para la Defensa del Contribuyente pone negro sobre blanco una realidad incómoda para el Ejecutivo: lleva casi dos décadas aplicando una política fiscal regresiva por omisión. Ya no sirven las excusas ni la inacción. Es hora de que el Gobierno asuma su responsabilidad y proceda a una revisión integral de las cuantías tributarias que devuelva la equidad a un sistema que se ha vuelto profundamente injusto con el paso del tiempo.

Los contribuyentes españoles, especialmente los más vulnerables, no pueden seguir pagando el precio de la desidia administrativa en forma de mayor presión fiscal encubierta.