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Boletín nº44 17/11/2026


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El cliente confesó y el asesor se lleva el doble de prisión por fabricarle una residencia falsa en el extranjero.

Equipo de Redacción, SuperContable.com - 16/11/2026


La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia 604/2026, de 9 de octubre, ha desestimado el recurso de un asesor fiscal condenado como cooperador necesario de cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Su cliente dejó de presentar el IRPF de 2010 a 2013 alegando que residía en Luxemburgo, cuando, según los hechos probados, nunca abandonó España, donde se encontraba el núcleo de sus intereses económicos y personales.

Según la sentencia, el asesor realizó las gestiones necesarias para obtener en Luxemburgo la documentación que permitiera al cliente aparentar que no era residente fiscal español. Esa apariencia fue la excusa para no declarar durante los cuatro años: la cuota defraudada fue de 1.127.314 euros en 2010, 586.333 en 2011, 177.250 en 2012 y 1.063.115 en 2013, es decir, casi 2,95 millones de euros.

Por cada delito se impuso una pena de prisión y multa, con aplicación del artículo 65.3 del Código Penal. El asesor suma tres años de prisión (un año, seis meses, seis meses y un año) y 1.477.022 euros de multa. El cliente, condenado como autor, reconoció los hechos, pagó la deuda antes del juicio y se benefició de una atenuante muy cualificada de reparación del daño: sus penas suman 18 meses de prisión, con suspensión de la ejecución. La resolución no recoge esa suspensión para el asesor.

Correos entre secretarias y un piso compartido con otros clientes.

En el siguiente enlace puede ver la responsabilidad civil del asesor.

Entre las pruebas destacan los correos intercambiados entre la secretaria del asesor, la del cliente y una fiduciaria de Luxemburgo para tramitar certificados de residencia. En ellos se apremia a resolverlo porque los clientes tenían bloqueadas sus cuentas en España, y uno de los mensajes reconoce que nunca habían tenido que ir a Luxemburgo pese a figurar allí como residentes desde hacía años. Otro propone acudir al consulado de ese país para agilizar los certificados.

El tribunal da también peso a que el piso luxemburgués, de dos dormitorios, figuraba como vivienda de varios clientes del asesor, mientras que el cliente tenía en Madrid una residencia de cerca de 1000 metros cuadrados. En el juicio, el propio cliente admitió que ese domicilio era falso. Además, la esposa del asesor figuraba como representante del cliente ante la Agencia Tributaria, aunque manifestó que nunca ejerció ningún tipo de asesoría.

Por su parte, la defensa alegó que los correos se habían obtenido sin autorización judicial: el registro de 2013 solo permitía ocupar los equipos, pero el Supremo recuerda que autos posteriores autorizaron su desprecinto y volcado, que el acceso a comunicaciones ya almacenadas afecta sobre todo a la intimidad y no al secreto de las comunicaciones, y que los hechos son anteriores a la reforma de 2015. Por tanto, no apreció nulidad de la prueba.

Cooperación necesaria, no complicidad.

El Tribunal explica que el cooperador necesario no ejecuta directamente la conducta del delito fiscal, pero realiza en la fase preparatoria una aportación imprescindible para el plan defraudatorio. La complicidad, en cambio, es una intervención secundaria y prescindible. Aquí, la simulación de residencia fue la base del fraude en los cuatro ejercicios, y el Supremo admite que los hechos probados son parcos, pero suficientes para esa calificación.

La sentencia de apelación, que el Supremo transcribe sin reproche, equipara la elaboración de una residencia falsa a otras colaboraciones típicas, como facilitar facturas, abrir cuentas en paraísos fiscales o crear sociedades pantalla, y rechaza que se trate de actos neutrales propios del asesoramiento ordinario.

Cabe recalcar que el caso arrancó con el registro de 2013 y la condena firme llega trece años después. Se suma a otros precedentes recientes, como el del caso Nummaria, en el que la Audiencia Nacional condenó al asesor a 80 años de prisión. La lección para los despachos es clara: cambiar de residencia fiscal es legal, pero tramitar documentos para aparentar una residencia que no es real puede acabar en prisión para el asesor, aunque su cliente haya confesado y pagado.

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