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El procedimiento tributario de comprobación de valores.

En este Comentario, y ante la avalancha de procedimientos de comprobación de valores que se están incoando por parte de la Administración, como consecuencia de la discrepancia entre lo que se considera valor real de un bien por el contribuyente y lo que se considera valor real del mismo bien por la Administración, vamos a analizar los principales trámites de dicho procedimiento que debe seguir la Administración.

Comunicar el inicio del procedimiento de comprobación de valores

Este procedimiento se regula en el Art. 134 de la LGT y se habilita de oficio mediante una comunicación de la Administración actuante por la que informa del procedimiento que se inicia para comprobar el valor, de acuerdo con los medios previstos en el Art. 57 de la LGT, declarado por el contribuyente en la correspondiente autoliquidación presentada, ya que la Administración goza de la posibilidad legal de comprobar el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible.

Aunque usualmente media la correspondiente declaración del sujeto pasivo, atribuyendo un determinado valor a bienes o derechos, puede hablarse también de comprobación de valores aun en ausencia de aquella.

El procedimiento de comprobación de valores no puede ser promovido si el obligado tributario ha declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los citados medios de valoración a que se refiere el Art. 57 LGT.

No obstante, cuando la Administración cuente con datos suficientes podrá, mediante una única notificación conjunta, notificar al obligado tributario las propuesta de liquidación y la valoración. En estos casos, la notificación no se limita a iniciar el procedimiento, sino que también procede a valorar los datos declarados por el contribuyente.

En el expediente administrativo y en la propia notificación al contribuyente deben constar los motivos y circunstancias por los cuales la Administración ha elevado la Base Imponible declarada por el Sujeto Pasivo.

Límite a la comprobación de valores

El Art. 134 LGT señala un importante límite a la práctica de la comprobación de valores, al establecer que la Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de acuerdo con los medios previstos en el Art. 57 LGT, salvo que, como hemos dicho, el obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los citados medios o, como añade el apartado 1 del Art. 157 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, haya declarado el valor que le haya sido comunicado en los términos del Art. 90 de la LGT.

Iniciar una actuación concreta de valoración

El procedimiento de comprobación de valores puede ser un procedimiento único, pero también podrá realizarse la comprobación de valores como una actuación concreta en alguno de los siguientes procedimientos:

- Procedimiento iniciado mediante Declaración.
- Procedimiento de Comprobación Limitada.
- Procedimiento de Inspección.

En estos casos, si dicha comprobación no se realiza por el órgano que tramita el procedimiento, el valor comprobado se incorporará al procedimiento del que trae causa y el plazo máximo de resolución será el del procedimiento que se esté tramitando.

Y si se realiza en un procedimiento de Inspección, las facultades de la Administración Tributaria serán las reconocidas por la LGT a los órganos de Inspección, conforme señala el Art. 159 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por RD 1065/2007.

No se considerarán actuaciones de comprobación de valores aquellas en las que el valor de las rentas, productos, bienes o elementos de la obligación tributaria resulte directamente de una ley o de un reglamento.

Comprobar el valor declarado o no declarado

La comprobación:

Durante la tramitación de este procedimiento que se desarrolla en vía administrativa, la Administración podrá proceder al examen de los datos en su poder, de los consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto, así como requerir al obligado tributario o a terceros la información necesaria para efectuar la valoración.
Asimismo, la Administración podrá efectuar el examen físico y documental de los bienes y derechos objeto de valoración, conforme al Art. 160 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria.

En el caso de que la comprobación de valores se desarrolle dentro de un procedimiento de Inspección, se dispondrá de las facultades propias de los órganos de Inspección, entre ellas la entrada en fincas.

Medios de comprobación:

El valor declarado por el contribuyente en su autoliquidación (es decir, el valor de las rentas declaradas - trabajo, capital, actividades económicas -, así como el de los productos, bienes y demás elementos de la obligación tributaria, podrán ser comprobados por la Administración tributaria mediante los medios de comprobación establecidos en el Art. 57 de la LGT.
Serán las normas de cada tributo las que deben regular la aplicación de los medios de comprobación señalados a continuación. Asimismo, para corregir o confirmar las valoraciones realizadas por algunos de estos medios, podrá utilizarse la Tasación Pericial Contradictoria, teniendo en cuenta, en todo caso, que la tasación pericial contradictoria no es un medio de comprobación de valores, sino un medio para confirmar o corregir el valor comprobado.

Los medios de comprobación de valor previstos en la Ley son:

a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo señale.
b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal.
Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario.
c) Precios medios en el mercado.
d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
e) Dictamen de peritos de la Administración.
f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria.
h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.
i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo.

La Administración goza de discrecionalidad para aplicar cualquiera de los medios comprobatorios autorizados, siempre, naturalmente, que se trate del medio adecuado e idóneo a la naturaleza y características de los bienes o derechos de que se trate, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 19-01-1996.

Notificar la propuesta de liquidación y de valoración (valor real comprobado)

Después de efectuada la comprobación con las facultades y medios que determina el Art. 57 LGT, si el valor comprobado por la Administración Tributaria es distinto al declarado por el contribuyente en su autoliquidación, la Administración al tiempo de notificar la propuesta de regularización, comunicará la propuesta de valoración debidamente motivada, expresando los medios y criterios empleados para comprobar el valor.

Con la notificación de la propuesta de regularización y la propuesta de valoración se comunica al obligado tributario la apertura de un plazo de alegaciones entre 10 y 15 días para que formule alegaciones y aporte los documentos que estime procedentes.

Notificar al obligado tributario la regularización que proceda y la valoración realizada

Transcurrido el plazo de alegaciones abierto con la propuesta de regularización, que ya hemos indicado que será de entre 10 y 15 días, la Administración tributaria notificará la regularización que proceda, a la que deberá acompañarse la valoración realizada. El acto de comprobación de valores debe estar suficientemente motivado, de conformidad con el apartado 3º del Art. 103 de la LGT.

Plazo del procedimiento

El plazo máximo para notificar la valoración y, en su caso, la liquidación, es decir, para finalizar el procedimiento, será fijado en la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de 6 meses, conforme a lo establecido en el Art. 104 de la LGT.

Y como ya hemos señalado, el acto de comprobación de valores debe estar suficientemente motivado, de conformidad con el apartado 3º del Art. 103 de la LGT.

Notificar a otros obligados tributarios

En los supuestos en los que la ley establezca que el valor comprobado debe producir efectos respecto de otros obligados tributarios, la Administración Tributaria actuante quedará vinculada por dicho valor en relación con los demás interesados. La Ley de cada tributo podrá establecer la obligación de notificar a dichos interesados el valor comprobado para que puedan promover su impugnación o la tasación pericial contradictoria, de conformidad con lo que señala el apartado 4º del Art. 134 de la LGT.

Si de la impugnación o de la tasación pericial contradictoria promovida por un obligado tributario resultase un valor distinto, dicho valor será aplicable a los restantes obligados tributarios a los que fuese de aplicación dicho valor en relación con la Administración tributaria actuante, tal y como prevé el apartado 5º del Art. 134 de la LGT.

El valor comprobado y notificado a otros obligados tributarios también podrá ser objeto de impugnación o de Tasación Pericial Contradictoria por aquellos, cuando se les aplique dicho valor comprobado en un procedimiento posterior, o si de la impugnación o de la tasación pericial contradictoria promovida por un obligado tributario resultase un valor distinto, ya que ese nuevo valor es aplicable a los restantes obligados tributarios a los que fuera aplicable el valor comprobado al que se refirieron aquellas impugnación o tasación pericial contradictoria.

Motivar suficientemente la comprobación de valores

El acto de comprobación de valores debe estar suficientemente motivado, pues así lo exige el apartado 3º del Art. 103 de la LGT. En el expediente administrativo y en la propia notificación al contribuyente deben constar los motivos y circunstancias por los cuales la Administración ha elevado la Base Imponible declarada por el Sujeto Pasivo.

La falta de motivación del acto de comprobación de valores es la causa principal de interposición de recursos y reclamaciones administrativas.

Además, y según la jurisprudencia, la comprobación de valores debe ser individualizada y su resultado concretarse de tal manera que al contribuyente al que se notifica el que la Administración considere valor real, pueda conocerlo o rechazarlo y sólo, en este sentido, proponer la tasación pericial contradictoria, sin que se le pueda obligar a acudir a dicho medio cuando no conoce suficientemente las razones de la valoración propuesta por Hacienda, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 24-03-2003, dictada en el Recurso Nº 4213/98.

Se aprecia insuficiente motivación cuando se alega por la Administración que la valoración se fundamenta en estudios realizados por la propia Administración, pero no constan en el expediente, ni siquiera los datos esenciales de los mismos respecto del bien litigioso, tal y como ha precisado la Sentencia del TSJ de Valladolid de 19-04-2005, dictada en el Recurso Nº 1653/00.

En el expediente administrativo y en la propia notificación al contribuyente deben constar los motivos y circunstancias por los cuales la Administración ha elevado la base imponible declarada por el sujeto pasivo, tal y como señala la Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 25-02-2005, dictada en el Recurso Nº 152/01.

Esperamos que con estas notas nuestros usuarios tengan una pequeña ayuda con la que afrontar los procedimientos de comprobación de valores que puedan llegarles, al menos conociendo cuáles son los límites con los que la Administración cuenta a la hora de desarrollar los mismos.


Departamento Jurídico de Supercontable.com

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