| STSJ PV 1316/2025 - Fecha: 27/05/2025 |  |
| ROJ: 2007/2025 - Nº Recurso: 714/2025 | Procedimiento: Recurso de suplicación |
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social -
Sección: 1
Tipo de Resolución: Sentencia -
Sede: Bilbao -
Ponente: MAITE ALEJANDRO ARANZAMENDI
ECLI: ES:TSJPV:2025:2007 -
Id Cendoj: 48020340012025101211
En la Villa de Bilbao, a 27 de mayo de 2025.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los/as Ilmos./Ilmas. Sres./Sras. D. Florentino Eguaras Mendiri, Presidente en funciones, Dª Maite Alejandro Aranzamendi, y D. José Félix Lajo González Magistrados/as, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el Recurso de Suplicación interpuesto por MUTUA FRATERNIDAD - MUPRESPA contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 4 de los de DONOSTIA- SAN SEBASTIAN de fecha 17/12/24, dictada en proceso sobre Reclamación de prestaciones indebidas de cese de actividad de autónomo, y entablado por Narciso frente a MUTUA FRATERNIDAD - MUPRESPA.
Es Ponente la Ilma. Sra. Magistrada D.ª Maite Alejandro Aranzamendi, quien expresa el criterio de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:
PRIMERO.- D. Narciso estaba afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social desde el 1 de Mayo de 1.998, para ejercer la actividad de mediador de seguros, ejerciendo esta actividad en un local arrendado, sin tener trabajadores a su cargo.
SEGUNDO.- D. Narciso contrató la cobertura de la prestación por cese de actividad como trabajador autónomo con la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo "La Fraternidad-Muprespa".
TERCERO.- El 14 de Marzo del 2.020 el Gobierno de España declaró el estado de alarma, lo que supuso la suspensión de todas las actividades económicas que no fueran declaradas esenciales, y entre las actividades declaradas esenciales estaba la de mediación de seguros.
CUARTO.- El 23 de Marzo del 2.020, D. Narciso solicitó a la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo "La Fraternidad-Muprespa" el abono de las prestaciones por cese de actividad, y la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo "La Fraternidad-Muprespa" mediante resolución de 16 de Marzo del 2.020 reconoció a D. Narciso el derecho a percibir la prestación por cese de actividad.
QUINTO.- D. Narciso percibió las prestaciones por cese de actividad a cargo de la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo "La Fraternidad-Muprespa" en el periodo comprendido entre el 15 de Marzo del 2.020 y el 29 de Junio del 2.020, habiendo percibido por este concepto la cantidad de 3.838,80 euros.
SEXTO.- A finales del año 2.023, sin que conste la fecha exacta, la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo "La Fraternidad-Muprespa" revisó el expediente de prestaciones por cese de actividad reconocidas a D. Narciso, y mediante resolución de 24 de Enero del 2.024 anuló el derecho de D. Narciso a percibir las prestaciones por cese de actividad, y reclamó a D. Narciso la devolución de 3.838,80 euros, en concepto de prestaciones por cese de actividad indebidamente percibidas.
SEPTIMO.- La base reguladora de las prestaciones por cese de actividad que percibió D. Narciso es la de 36,61 euros diarios, existiendo acuerdo de las partes en este punto.
OCTAVO.- Se ha realizado la previa reclamación administrativa, habiendo sido la misma desestimada mediante resolución de la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo "La Fraternidad-Muprespa" cuya fecha no consta.
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:
Que estimo la demanda, declaro que la resolución de la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo "La Fraternidad-Muprespa" de 24 de Enero del 2.024, que anuló y dejó sin efecto la resolución de la propia Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo "La Fraternidad-Muprespa" de 16 de Marzo del 2.020, no es conforme a derecho; debiendo las partes pasar por esta declaración.
Y anulo y dejo sin efecto la resolución de la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo "La Fraternidad-Muprespa" de 24 de Enero del 2.024.
TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue impugnado por Narciso.
CUARTO.- Con fecha 28 de marzo de 2025 se dictó providencia componiendo la Sala correspondiente a la deliberación del presente recurso, siendo la Sala deliberadora de la presente Sentencia la que figura en el encabezamiento de la misma por causa de jubilación del Ilmo. Magistrado Sr. Iturri.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El juzgado de lo social número cuatro de Donostia San Sebastián ha dictado sentencia al 17 de diciembre de 2024 en su procedimiento de impugnación de resolución de la MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA demandada de 24/01/2024 sobre reintegro de prestaciones indebidas, que a su vez dejó sin efecto la resolución de la propia MUTUA de 16/03/2020, estimando la demanda y dejando sin efecto dicha resolución de 24/01/2024.
Declara acreditado al juzgador que el actor es trabajador autónomo RETA desde 1998 ejerciendo actividad de mediador de seguros en un local arrendado sin trabajadores a su cargo. MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA le reconoció prestaciones por cese de actividad por resolución de 16/03/2020, después de que el Gobierno de España declarase el estado de alarma el 14/03/2020 con suspensión de todas las actividades no esenciales, abonándole prestaciones desde 15/03/2020 hasta 29/06/2020 (3838,80 Ç). La actividad de mediación de seguros fue declarada esencial. A finales de 2023, la MUTUA revisa el expediente y anula la prestación reclamándole la devolución de prestaciones indebidas por resolución de 24/01/2024, que el actor en su demanda solicita se deje sin efecto.
La sentencia razona, en resumen, que no consta que el actor realizara ningún tipo de actividad mercantil en ese periodo que fue en el que hubo más restricciones de contacto social, y su local no reunía las medidas necesarias para atender a las personas, asumiendo que el actor decidió suspender su actividad.
Frente a dicha sentencia ha recurrido MUTUA en suplicación, solicitando se confirme la resolución administrativa de 24/01/2024, que declaró que la prestación extraordinaria por cese de actividad era no ajustada a derecho. Lo hace a través de un motivo único de censura jurídica.
El recurso ha sido impugnado por la parte actora, que ha solicitado se desestime.
SEGUNDO.- El único motivo del recurso se plantea al amparo del artículo 193 c LRJS y en el mismo se denuncia que la sentencia comete infracción por indebida aplicación del artículo 17 del Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo.
Sostiene el motivo que la prestación le fue reconocida al actor con carácter provisional el 15/04/2020, y que el CNAE 6622 en el que el actor realizaba su actividad de mediación de seguros se declaró actividad esencial en virtud del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, detectándose determinadas incidencias por la MUTUA en noviembre 2023, cuando comienza la revisión de las prestaciones reconocidas, y ante la falta del cumplimiento del requisito de que la actividad de mediación de seguros se encontrara dentro de las actividades suspendidas se requirió al actor para que acreditara la normativa sobre suspensión de la actividad y la reducción de la facturación, respondiendo el mismo que si bien no existía bando municipal obligatorio del cierre, le alcanzaba la suspensión de apertura al público de establecimientos comerciales. Sostiene la MUTUA que el trabajador no ha justificado la suspensión de la actividad y tampoco la reducción de la facturación, siendo quien debe hacerlo y no la MUTUA, y sostiene que la actividad de seguros se siguió realizando durante el confinamiento al ser una actividad esencial, ya que las pólizas debían estar en vigor, se siguieron renovando lo que reportó rendimientos al actor.
Vamos a desestimar el motivo, que se basa en afirmaciones y conjeturas que no constan acreditadas y que difieren de la convicción judicial de la instancia.
Partimos de la especial situación de aquellas fechas presididas por el Real decreto 463/2020 de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma, acordándose la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas en su artículo 10.1, añadiéndose en el artículo 10.2 que la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura estuviera permitida debía ser estrictamente necesaria para que los consumidores pudieran realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, evitándose las aglomeraciones y manteniéndose la distancia de seguridad. El artículo 7.1 f del Real decreto 463/2020 prohibió también la circulación de personas con carácter general. El juzgador asume que el actor venía desempeñando su actividad de mediación de seguros en un local arrendado abierto al público y que decidió suspender su actividad para el cumplimiento de esas medidas de seguridad, lo que no es extraño en aquella situación si preveía que ningún cliente iba a acudir a sus oficinas o no podía ofrecer la seguridad adecuada, sin que nos conste acreditado lo contrario.
Por otro lado, aunque se entendiera que el actor no debió suspender su actividad por cuanto que no estaba afectado por esas prohibiciones, por ser su actividad esencial, debemos invocar la doctrina sentada en la sentencia del TEDH de 26 de abril de 2018 "doctrina Cakarevic" que dispone que no procederá el reintegro de prestaciones indebidas por desempleo cuando el error en la concesión de una prestación y, por tanto, el reconocimiento indebido, es atribuible exclusivamente a la autoridad estatal, como es el caso, siendo los argumentos de dicha doctrina aplicables al supuesto sometido a nuestra consideración al actuar en este caso la MUTUA como entidad colaboradora de la Administración pública.
En este mismo sentido, citamos la sentencia del TS 15/10/2024 rcud 806/2022 o 11/03/2025 rcud 1296/2022, que aplican dicha doctrina europea.
La desestimación del motivo conlleva la del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.
TERCERO.- En materia de costas es aplicable lo dispuesto en el artículo 235 LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la letrada doña Beatriz Alzugaray Beitia en representación de MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA frente a la sentencia dictada por el juzgado de lo social número cuatro de Donostia-San Sebastián el 17 de diciembre de 2024 en su procedimiento sobre prestación de cese de actividad de autónomos número 380/2024 seguido a instancias de D Narciso contra la MUTUA recurrente. Se confirma la sentencia. Se imponen las costas del recurso a la recurrente incluidos los honorarios de la letrada de la contraparte en cuantía de 600 Ç.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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