| STSJ EXT 539/2026 - Fecha: 31/07/2026 |  |
| ROJ: 1047/2026 - Nº Recurso: 92/2026 | Procedimiento: Recurso de suplicación |
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social -
Sección: 1
Tipo de Resolución: Sentencia -
Sede: Cáceres -
Ponente: ALICIA CANO MURILLO
ECLI: ES:TSJEXT:2026:1047 -
Id Cendoj: 10037340012026100532
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la SALA DE LO SOCIAL DEL T.S.J. DE EXTREMADURA, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente,
SENTENCIA nº 539/2026
En CÁCERES, a treinta y uno de julio de dos mil veintiséis.
En el RECURSO SUPLICACIÓN nº 92/2026, interpuesto por el Sr. Letrado D. José Ramos Canto, en nombre y representación de D. Romualdo, contra la sentencia número 380/2025, dictada por la PLAZA Nº3 DE LA SECCIÓN SOCIAL DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CÁCERES, con sede en PLASENCIA (anteriormente JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 de CÁCERES, con sede en PLASENCIA), en el procedimiento seguido sobre PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD nº 307/2025 y 486/2025, a instancia del recurrente frente a la MUTUA FREMAP, parte representada por la Sra. Letrada Dª Diana Morales Sánchez de Bustamante, el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representados por los Servicios Jurídicos de la Seguridad Social; siendo Magistrada-Ponente la Ilma. Sra. Dª. ALICIA CANO MURILLO.
De las actuaciones se deducen los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: D. Romualdo presentó demanda contra la Mutua Fremap, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado órgano social, el cual dictó la sentencia número 380/2025, de fecha 11 de noviembre de 2025.
SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados:
"
PRIMERO. - El actor, Don Romualdo, autónomo, solicitó la prestación de naturaleza extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos, prevista en el artículo 6 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, la cual le fue reconocida provisionalmente por la Mutua codemandada, Fremap, desde el 1 de febrero al 31 de mayo de 2021, percibiendo el importe de 1.880,80 Ç; y desde el 1 de junio al 30 de septiembre de 2021, por importe de 2.087,20 Ç.
SEGUNDO. - En fecha 21 de diciembre de 2024, la Mutua codemandada remitió escrito requiriendo al actor a los efectos de que, en el plazo de un mes desde la fecha de su recepción, procediese a reintegrar a la Mutua la cantidad percibida, por importe de 1.880,80 Ç. Dicha decisión se sustentó en que "no se había acreditado una facturación en el primer semestre de 2021 inferior a la del primer trimestre de 2020 (artículo 6.1.c) del Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero)." Asimismo, en fecha 22 de abril de 2025, la Mutua codemandada remitió escrito requiriendo al actor a los efectos de que, en el plazo de un mes desde la fecha de su recepción, procediese a reintegrar a la Mutua la cantidad percibida, por importe de 2.087,20 Ç. Dicha decisión se sustentó en: "No haber percibido a 31 de mayo de 2021 alguna de las prestaciones de cese de actividad prevista en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero (artículo 8.1 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo)".
TERCERO. - Se agotó la vía previa."
TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
"DESESTIMANDO la demanda presentada por DON Romualdo frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la Mutua FREMAP, SE DEBE ABSOLVER Y SE ABSUELVE a las demandadas de todos los pedimentos de la demanda."
CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por don Romualdo, interponiéndolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la representación procesal de Mutua Fremap.
QUINTO: Elevados por órgano judicial de referencia los autos seguidos como SSS nº 307/2025 a esta Sala, tuvieron entrada en fecha 4 de febrero de 2026.
SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló día para los actos de deliberación, votación y fallo.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La sentencia objeto de recurso desestima la demanda deducida por el demandante, afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, por entender ajustada a derecho las resoluciones de 21 de diciembre de 2024 y 22 de abril de 2025, recaídas en expedientes de revisión tramitados por la Mutua demandada de la prestación provisionalmente reconocida y el reintegro de lo indebidamente percibido, en la cantidad de 1.880,80 euros y 2.087,20 euros, respectivamente, en las que expresamente se le hacía saber que estaba condicionada la concesión a las manifestaciones efectuadas por la actora en su declaración responsable y de su verificación posterior, de forma que en caso de ser advertidos errores materiales y/o aritméticos, así como el incumplimiento de los requisitos exigidos para lucrar la prestación por cese de actividad, regulada en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, se reserva la posibilidad de promover y reclamar el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.
Frente a dicha decisión se alza la vencida, interponiendo el presente recurso de suplicación, que ha sido impugnado por la Mutua FREMAP.
SEGUNDO: En un único motivo de recurso, acogido al apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), sin presentar debate sobre los hechos declarados probados por la sentencia de instancia, al igual que sostuvo ante el órgano judicial a quo, denuncia la vulneración del artículo 10.2 de la Constitución Española (CE) y de los arts. 29, 30 y 31 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que establecen la prevalencia de las normas jurídicas contenidas en los tratados sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno; invoca, así mismo, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto, la contenida en la sentencia de 26 abril de 2018 (caso Cakarevic contra Croacia) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concreto, la contenida en la sentencia nº 1.186/2024 de 15 de octubre de 2024, considerando que la juez a quo no ha interpretado correctamente las SSTS número 530/2024, de fecha 4 de abril de 2024, recurso de casación para la unificación de doctrina número 1156/202, y la núm. 812/2024 de 30 de mayo de 2025, ateniéndose, del propio modo, a la de esta Sala de 23 mayo de 2024 y la del Juzgado de lo Social de León nº 1, sentencia 98/2025 de fecha 28 de febrero de 2025, que dice el recurrente resuelve un caso idéntico.
En cuanto a la doctrina Cakarevic como señalamos en la sentencia de esta Sala de fecha 27 de febrero de 2026 (rsu 803/2025) "la sentencia del TEDH de 26 de abril de 2018 declaró que, en las circunstancias del caso, el requerimiento a la demandante de reembolsar el importe de las prestaciones por desempleo abonadas por error por la autoridad competente suponía una carga individual excesiva para ella, por lo que declaró vulnerado el art. 1 del Protocolo. En esencia, el TEDH argumentó lo siguiente:
a) La interesada no contribuyó a que la decisión de reconocerle la prestación de desempleo se adoptara o aplicara indebidamente, sin que tampoco se cuestionara su buena fe. Recuerda el TEDH, en este sentido, que "no se ha aducido que la demandante haya contribuido a la percepción indebida de prestaciones mediante alegaciones falsas u otros actos o hechos contrarios a la buena fe". b) La prestación de desempleo satisface "necesidades básicas de subsistencia". La cantidad percibida por tal concepto fue "muy modesta" y los órganos jurisdiccionales nacionales no tuvieron en cuenta la situación sanitaria y económica de la demandante. c) El TEDH examina si la intervención de las autoridades croatas ha logrado el justo equilibrio exigido entre las exigencias del interés general y las exigencias de protección del derecho de la demandante al disfrute pacífico de sus bienes, y si impone una carga desproporcionada y excesiva a la demandante. Para ello parte de que el error en el reconocimiento de la prestación por desempleo es "imputable únicamente a las autoridades estatales", y que no se trata tanto de la supresión de la prestación por desempleo de la demandante, sino de la obligación que se le impone de reintegrar las prestaciones ya percibidas.
Recuerda el TEDH su jurisprudencia de que los errores imputables únicamente a las autoridades estatales no deben, en principio, remediarse a expensas de la persona afectada, y que, cuando se trata de una cuestión de interés general, incumbe a las autoridades públicas actuar a su debido tiempo, de manera adecuada y coherente. El TEDH afirma que, en el supuesto, las autoridades incumplieron este principio de "buena gobernanza".
En resumen, esta doctrina viene a decir que los autónomos, y cualquier otro contribuyente, no tienen que devolver aquellas prestaciones de la seguridad social concedidas y que más tarde se consideran cobradas de forma indebida siempre que acrediten que actuaron de buena fe y que fue la Administración quien cometió el error al realizar el cálculo."
En el supuesto examinado las prestaciones reconocidas al demandante responden a una situación de emergencia sanitaria (Covid-19) que afectaba de forma transcendente a la posibilidad del desempeño de la actividad laboral. Por este motivo, se adoptaron una serie de medidas urgentes de protección, entre las que se encontraba la prestación por cese de actividad, aun cuando se ejerciera un trabajo por cuenta propia e incluso por cuenta ajena con los requisitos establecidos en la norma (art. 6 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y art. 8 del Real Decreto-Ley 11/2021, de 27 de mayo); pero en la misma se insiste en que el reconocimiento es provisional y que con posterioridad debe de acreditarse el cumplimiento de los requisitos, y que puede revisarse la prestación en función de dichos datos.
Partiendo del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia debemos concluir, como así se señaló igualmente en la STSJ de Extremadura de 27 de febrero de 2026 (RSU 803/2025) que, en el presente caso, en contra de lo que mantiene la parte recurrente y acogiendo las razones de la recurrida, no resulta aplicable la doctrina Cakarevic por los siguientes motivos:
1º El demandante, como reconoce, no cumplía, a fecha de obtención de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad, el requisito establecido en el artículo 6.1 c) RDL 2/2021, de 26 de enero, abonadas desde el 1 de febrero al 30 de mayo de 2021, pues su facturación en el primer semestre del año 2021 no fue inferior a la del primer trimestre del año 2020; y, en cuanto a la prestación reconocida provisionalmente por el periodo de 1 de junio al 30 de septiembre de 2021, no había percibido a 31 de mayo de 2021 alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del mentado RDL, requisito exigido por el artículo 8.1 del RDL 11/2021. Estos hechos no se discuten por la parte recurrente, habiéndose presentado las correspondientes declaraciones responsables en las que se manifestaba que reunía dichos requisitos.
2º Las resoluciones por las que se le concedió las prestaciones al demandante no eran definitivas, sino provisionales. La Mutua demandada estaba legitimada para efectuar su revisión conforme lo previsto en el artículo 6, apartado 10, del Real Decreto 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo; y el actor estaba obligado a su devolución, conforme lo previsto en el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social. El recurrente considera que el plazo en que se procedió a la revisión de la prestación es dilatado, pero lo cierto es que el plazo para poder reclamar prestaciones indebidamente percibidas es de 4 años "ex" artículo 55 TRLGSS, y de no hacerlo, estaríamos ante un enriquecimiento injusto del beneficiario de la prestación provisional (que lo es por imperativo legal).
3º Dentro del plazo de cuatro años indicado la Mutua requirió al trabajador autónomo para que aportase la documentación acreditativa de la facturación declarada y, como se reconoce, no reunía los requisitos para lucrar la prestación, lo que no fue puesto en conocimiento de la Mutua. Además, a diferencia del supuesto croata, la resolución nunca fue definitiva, siendo la ahora recurrente conocedora de su carácter provisional, pues así se le había comunicado. Es más, como aduce la Mutua, bien pudo la trabajadora al reconocer que no reunía los requisitos para lucrar la prestación, devolver lo satisfecho o comprometerse a ello.
4º En el relato fáctico, tal y como aduce la Mutua, no aparecen hechos probados que acrediten que el actor se encontrase en situación de necesidad extrema o de precariedad económica, ni que fuera inasumible la devolución de la cantidad reclamada, sin que estas circunstancias puedan presumirse, ya sea el demandante autónomo o trabajador por cuenta ajena, dado que en el recurso se aduce un trato discriminatorio por ser el recurrente autónomo, por el mero hecho de solicitar una prestación por cese de actividad (respecto de la que posteriormente se comprueba que no se reúnen los requisitos para acceder a ella).
5º No hubo error por parte de la Mutua. Fue el demandante quien entregó una declaración jurada de que reunía los requisitos necesarios para lucrar la prestación, lo que desvirtúa la buena fe alegada.
Es más, si bien esta Sala ha aplicado la doctrina invocada en un supuesto de prestación por cese de actividad, sentencia de fecha 24 de febrero de 2026, Rec. 632/2025, hoy firme, el supuesto allí resuelto ninguna relación tiene con el ahora enjuiciado, pues en aquél razonábamos:
"Pues bien, tal y como aduce la parte recurrente, en primer lugar, no encontramos óbice alguno para aplicar la doctrina invocada en el recurso por el mero hecho de que se trate de un reconocimiento provisional, pues para dicho reconocimiento, aún provisional, es obligación, en este caso, de la Mutua, teniendo en cuenta el tenor del artículo 7.4 del RDL 2/2021, que exige al solicitante autorizar en este supuesto a la Mutua para recabar los datos necesarios para el reconocimiento de la prestación, comprobar, al menos, el requisito que después consideró que no concurría. Obsérvese que la demandada no achaca, por no poder hacerlo, a la beneficiaria el haber contribuido en forma alguna a dicho reconocimiento en tanto en cuanto, respecto de la declaración responsable del solicitante no le es exigible, como es lógico, exponer que reúne los requisitos necesarios en cuanto a cotizaciones, sino que dicha carga pesa sobre la gestora de la prestación, atribuida con carácter general en las de cese de actividad, artículo 80.2.b) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y con las mismas atribuciones de las que gozan las Entidades Gestoras en lo que atañe a la comprobación de los requisitos, en este caso, de cotización del solicitante. Siendo ello así, no se puede, en modo alguno, hacer recaer sobre la solicitante un error que únicamente es atribuible a la demandada, siendo plenamente aplicables a este supuesto las conclusiones a las que llega la citada STS de 27 de mayo de 2025, rec. 4152/2023".
Es por todo ello que, habiendo aplicado correctamente la sentencia recurrida la doctrina que invoca el recurrente, citada resolución ha de ser confirmada, previa la desestimación del recurso interpuesto, sin proceda su condena en costas, "ex" artículo 235.1 de la LRJS, por gozar del beneficio de justicia gratuita, conforme al artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,
FALLAMOS
DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por DON Romualdo contra la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2025, dictada en autos número 307/2025, a los que se acumularon los autos 486/2025, seguidos ante la Sección Social del Tribunal de Instancia de Cáceres, Plaza 3, con sede en Plasencia, por la parte recurrente frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la MUTUA FREMAP y, en consecuencia, confirmamos la resolución impugnada, sin imposición de costas.
Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta sala.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia.
Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.
Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.
Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sala.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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