El periodo de prueba en los contratos de trabajo: duración, suspensión y cuándo puede ser nulo o improcedente el cese

EL PERIODO DE PRUEBA EN LOS CONTRATOS: DURACIÓN, SUSPENSIÓN Y CUÁNDO PUEDE SER DESPIDO NULO o improcedente EL CESE.


    En este apartado vamos a analizar detalladamente el régimen legal del "periodo de prueba", cuya regulación principal y básica es el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores; en su versión actual del Real Decreto Legislativo 2/2015, que incluye la modificación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación y la posterior modificación introducida por el Real Decreto-ley 32/2021, conocido por todos como "reforma laboral de 2022".

    Podrá pactarse por escrito en el contrato un período de prueba. Así lo establece el Art. 14 del E.T. al disponer:

Podrá concertarse por escrito un período de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos...


    Por tanto, lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de fijar un periodo de prueba en un contrato, es lo que se establezca al respecto de su duración en el Convenio Colectivo aplicable.

    Otra cuestión que debe quedar clara es que, durante el periodo de prueba, y tal y como establece el artículo 14.2 del ET, la persona trabajadora tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.

Duración del periodo de prueba:


    Durante este periodo, conforme al artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores tanto la empresa como el empleado pueden dar por terminada la relación, sin generarse ningún derecho indemnizatorio.

    La duración del período de prueba será la que, en su caso, establezca el convenio colectivo aplicable. Por tanto, antes de fijarlo en el contrato deberá comprobarse si el convenio regula expresamente su duración.   

    En defecto de regulación en convenio colectivo, el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores establece los siguientes límites máximos:
  • 6 meses para técnicos titulados.
  • 2 meses para el resto de empleados.
  • En las empresas de menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.
     Además, no olvide que, en el supuesto de los contratos temporales concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo.

En los contratos formativos para la obtención de la práctica profesional el período de prueba se generaliza en un mes para todos los trabajadores, independientemente de cuál sea la titulación que posibilita el contrato, aunque el Real Decreto 1065/2025 precisa que el convenio colectivo podrá establecer una duración inferior. Para los contratos de formación en alternancia, NO podrá establecerse periodo de prueba.

    La duración pactada deberá respetar lo establecido en el convenio colectivo aplicable o, en defecto de regulación convencional, los límites previstos en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.

    El pacto por el que se ampliase la duración legal o convencional sería contrario al artículo 3.1.c) E.T. y la duración del periodo de prueba debería sustituirse por la prevista en el convenio colectivo o en el Estatuto de los Trabajadores.

    Desde el 5 de octubre de 2026 deberá tenerse en cuenta, además, lo dispuesto en el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, que introduce nuevas obligaciones de información sobre las condiciones de trabajo. Esta norma no modifica el régimen general del período de prueba establecido en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, pero exige que, cuando se concierte, se informe a la persona trabajadora de su duración concreta y de sus condiciones, así como de las obligaciones respectivas de la empresa y de la persona trabajadora de realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba.

    Esta información deberá facilitarse, con carácter general, antes del inicio de la relación laboral, salvo que ya figure en el contrato de trabajo escrito que obre en poder de la persona trabajadora.

Características principales del periodo de prueba.


  1. Será nulo el pacto de período de prueba cuando el trabajador, con anterioridad, haya ya desempeñado las mismas funciones en la empresa.

    De hecho, una de las consecuencias de formalizar un periodo de prueba nulo es la improcedencia del despido durante el mismo. Así lo fija la STS 99/2026, de 28 de enero, en un cese a un trabajador con 16 años de encadenamiento de contratos. El Tribunal Supremo considera que existió sucesión de empresa y que el período de prueba era nulo, confirmándose la declaración de improcedencia del despido y una indemnización de más de 54.000 euros de indemnización a favor del trabajador.

    Esta regla también deberá tenerse en cuenta en determinados supuestos de sucesión o subrogación empresarial, cuando la persona trabajadora continúe desempeñando las mismas funciones.

  2. Durante el período de prueba, tanto el empresario como el trabajador van a gozar de los mismos derechos y van a estar sujetos a las mismas obligaciones que si existiera un contrato definitivo. Asimismo, estarán ambos obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba.

    Desde el 5 de octubre de 2026, además, el Real Decreto 723/2026 exige que la empresa informe a la persona trabajadora sobre las obligaciones respectivas de ambas partes de realizar las experiencias que constituyan el objeto del período de prueba.

  3. Durante el transcurso del período de prueba podrá producirse la resolución de la relación laboral a instancia de cualquiera de las partes (empresario o trabajador), en cuyo caso no se generará derecho a indemnización alguna en favor del trabajador, salvo que por convenio colectivo o pacto individual se hubiera establecido.
    Para este supuesto, y aunque es recomendable su comunicación mediante un documento firmado, la jurisprudencia viene señalando que la extinción durante el período de prueba no está sujeta, con carácter general, a una forma especial, por lo que puede utilizarse WhatsApp u otro sistema de mensajería que permita acreditar adecuadamente la comunicación de la extinción del contrato por esta causa.

    No obstante, desde el 5 de octubre de 2026 deberá tenerse también en cuenta el Real Decreto 723/2026, que obliga a la empresa a informar previamente a la persona trabajadora sobre el procedimiento de extinción del contrato, incluidos los requisitos formales y los plazos de preaviso que, en su caso, resulten aplicables.

    Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, es decir, se convertirá en definitivo, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa.

Extinción en periodo prueba: ¿Cuando puede considerarse como despido improcedente e incluso nulo?


    NO siempre puede extinguirse válidamente la relación laboral durante el periodo de prueba. Aunque el artículo 14 E.T permite que durante su transcurso cualquiera de las partes pueda resolver la relación laboral, esta facultad no es absoluta y no ampara actuaciones fraudulentas, abusivas, discriminatorias o contrarias a derechos fundamentales.

    Por tanto, debemos referirnos a distintas situaciones que pueden afectar a la validez de la extinción durante el periodo de prueba y que pueden determinar que el cese deje de estar amparado por la facultad de desistimiento prevista en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores y sea calificado como despido improcedente o, en determinados supuestos, nulo.

    Para ello analizaremos qué dice a este respecto la Ley y cuál está siendo el criterio seguido por nuestros tribunales con respecto a:

Uso fraudulento del periodo de prueba para esconder una contratación temporal:


    Esta es una práctica fraudulenta, cuyo uso se ha ido incrementando, fruto de las restricciones a la contratación temporal, que consiste en realizar un contrato indefinido que se extingue durante el periodo de prueba, cuando dicha necesidad desaparece.

    Un ejemplo sería una empresa que no puede hacer un contrato temporal por no existir causa de temporalidad o no cumplir los requisitos legales para ello y que, para eludir estas limitaciones, realiza un contrato indefinido y, cuando ya no necesita al trabajador, aplica la extinción del contrato en periodo de prueba.

    Se trata, por tanto, de utilizar fraudulentamente el periodo de prueba para encubrir una contratación que materialmente responde a una necesidad temporal, evitando las exigencias legales establecidas para la contratación de duración determinada. Debemos desaconsejar esta práctica, pues la utilización del periodo de prueba en fraude de ley, además de llevar aparejada la improcedencia, o, en su caso, la nulidad del despido, puede implicar actuaciones de comprobación y sanción por parte de la Inspección de Trabajo.

De hecho, la ITSS ya ha anunciado que, además de controlar el mal uso de los contratos temporales, va a poner el foco en las extinciones durante el periodo de prueba cuando existan indicios de que se trata de temporalidad encubierta.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) está intensificando el control del uso fraudulento del periodo de prueba, especialmente tras detectar que algunas empresas utilizan contratos indefinidos para cubrir necesidades temporales y despedir al trabajador durante el periodo de prueba sin indemnización. En el primer semestre de 2025 hubo más de 350.000 bajas por no superar el periodo de prueba, un 350 % más que en 2019, lo que evidencia el aumento de esta práctica.


Por eso en 2026 la ITSS cruza datos para detectar indicios de fraude (ceses repetidos en el mismo puesto, finalización cerca del límite del periodo de prueba, sustitución continua de trabajadores, falta de evaluación real, etc.), encontrando irregularidades en más del 75 % de las comprobaciones y aplicando sanciones cercanas a 600.000 euros.

    La Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede comprobar aquellas extinciones durante el periodo de prueba en las que existan indicios de que esta figura se está utilizando para cubrir necesidades temporales sin acudir a la modalidad contractual legalmente prevista. Si de la actuación inspectora resulta acreditada una utilización fraudulenta de las modalidades contractuales que pueda encuadrarse en el Art. 7.2 de la LISOS, la conducta tendrá la consideración de infracción grave, computándose una infracción por cada persona trabajadora afectada. La sanción prevista específicamente para estas infracciones es de 1.000 a 2.000 euros en grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en grado medio y de 5.001 a 10.000 euros en grado máximo.

Además de las posibles consecuencias sancionadoras, cuando quede acreditado que el periodo de prueba no era válido o que la facultad extintiva se ha utilizado fraudulentamente, la empresa puede perder la posibilidad de ampararse en la libre resolución propia de esta figura y el cese podrá ser calificado como despido improcedente. Si, además, la decisión extintiva responde a una causa discriminatoria o comporta una vulneración de derechos fundamentales, podrá ser declarada nula.

Vulneración de derechos fundamentales:


    Al igual que en cualquier otro momento de la relación laboral, la facultad empresarial de extinguir el contrato durante el periodo de prueba no puede ejercerse vulnerando derechos fundamentales ni obedecer a una causa discriminatoria. Si se acredita que la decisión extintiva responde a alguno de estos motivos, el cese podrá ser declarado nulo.

    No obstante, la vulneración no se presume por el mero hecho de que la extinción se produzca durante el periodo de prueba. La persona trabajadora deberá aportar indicios fundados de que la decisión empresarial puede estar relacionada con la vulneración alegada. Una vez aportados estos indicios, corresponderá a la empresa acreditar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de su decisión y de su proporcionalidad.

    Así lo refleja, entre otras, la sentencia 713/2024 del TSJ de Madrid, de 18 de noviembre, que entendió no acreditada la vulneración de derechos fundamentales alegada por el trabajador en relación con una situación de acoso laboral. En el supuesto analizado, la Sala consideró acreditado que la denuncia formulada por el trabajador tenía como finalidad blindarse ante una posible extinción de su contrato por no superación del periodo de prueba, confirmando la validez de la decisión empresarial.

No fijación de su duración en el contrato:


    ¿Puede la empresa poner fin al contrato durante el periodo de prueba si no ha fijado antes por escrito su duración exacta?, y en ese caso, ¿se genera derecho a indemnización para el trabajador?

    Es el Tribunal Supremo el que nos advierte sobre los riesgos de no especificar en el contrato la duración del periodo de prueba. La sentencia 270/2023, de 12 de abril, resuelve el caso de una trabajadora a la que se le comunicó la decisión de finalizar la relación laboral durante su periodo de prueba.

    La empresa había recurrido a la clásica expresión para fijar el periodo de prueba de "según convenio". El Tribunal Supremo señala que esta remisión no cumple con las exigencias del artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores cuando el convenio colectivo aplicable no establece una duración concreta, sino únicamente una duración máxima. En estos casos, el trabajador desconoce durante cuánto tiempo concreto puede ejercitarse la facultad de desistimiento propia del periodo de prueba, lo que genera una situación de inseguridad jurídica.

    Cuestión distinta sería que el convenio colectivo fijase una duración concreta del periodo de prueba, y no simplemente una duración máxima. En tal supuesto, el propio Tribunal Supremo admite la validez de la remisión contractual al periodo establecido en convenio.

    En el mismo sentido, y reiterando esta jurisprudencia, la STS 1164/2024 se pronuncia sobre el cese de un trabajador durante el periodo de prueba fijado con remisión al convenio colectivo. El Alto Tribunal entiende que, al establecer el convenio únicamente una duración máxima, se vulneró el derecho del trabajador a la fijación por escrito de la duración exacta del periodo de prueba, declarando el despido improcedente.

    A esta jurisprudencia se añade ahora lo dispuesto en el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, aplicable desde el 5 de octubre de 2026, que exige informar a la persona trabajadora sobre la duración concreta y las condiciones del periodo de prueba cuando este se concierte.

    La norma permite que esta información pueda derivarse de una referencia a las disposiciones legales, reglamentarias o al convenio colectivo aplicable, pero exige que dicha referencia sea precisa y permita identificar claramente las disposiciones aplicables.    

    Tenga cuidado con remitir en el periodo de prueba a: "según convenio"; revise primero a qué duración de las previstas en el convenio colectivo se refiere para el contrato de ese trabajador, haga lo propio con el puesto y titulación para no superar la duración máxima establecida por convenio o por el artículo 14.1 E.T.. Determinar con exactitud cuál será la duración del periodo de prueba es esencial para justificar un desistimiento del contrato de trabajo durante la validez del mismo y evitar así que se declare despido improcedente.

Situaciones de suspensión de contrato:


    Aquí encontramos las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba.

    Cabe preguntarse si se puede rescindir el contrato de trabajo durante el periodo de prueba si la persona trabajadora se encuentra en una situación de suspensión de contrato por estas circunstancias. Tal como indica el artículo 14.3 del Estatuto de los trabajadores, este tipo de contingencias producirán la interrupción del cómputo del periodo de prueba y para que se produzca la interrupción debe existir acuerdo entre ambas partes.

    La resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las trabajadoras por razón de embarazo, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere el artículo 48.4, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o maternidad.

    Se trata de una protección objetiva de la trabajadora embarazada durante el periodo de prueba, de forma que no resulta necesario acreditar que la empresa conocía el embarazo. Para que la extinción pueda considerarse válida, corresponderá a la empresa acreditar la existencia de motivos reales y no relacionados con el embarazo o la maternidad.


    Resolver el contrato de trabajo durante el periodo de prueba incurriendo en vulneración de derechos fundamentales o por alguna causa discriminatoria determinará igualmente la nulidad de la decisión extintiva.

    En teoría, esto no impide que la empresa concluya la relación laboral durante el periodo de prueba por estar una trabajadora embarazada, pero en la práctica, una vez se conoce el estado de la persona trabajadora, demostrar que la decisión de extinguir es ajena a la situación será difícil, pues el mero conocimiento por parte de la empresa de esta circunstancia puede ser un indicio suficientemente sólido  que permita a los tribunales declarar la nulidad.

    Sin embargo, respecto al resto de situaciones de IT, la citada interrupción NO imposibilita la extinción. La cuestión no ha sido pacífica y ha suscitado debate en nuestros tribunales.

    De este modo, la STS 7212/2008, de 12 de Diciembre, concluye que la empresa puede rescindir el contrato cuando la situación de Incapacidad Temporal (IT) se dé durante el periodo de prueba, puesto que la interrupción del cómputo no elimina su capacidad para extinguir, siempre y cuando la razón que ha motivado el cese no sea la propia situación de IT. No obstante, esta sentencia es anterior a la Ley 15/2022, por lo que su doctrina debe interpretarse actualmente teniendo en cuenta la protección frente a la discriminación por enfermedad o condición de salud introducida por esta norma.

    La existencia de una baja médica no determina automáticamente la nulidad del cese, pero si la persona trabajadora aporta indicios fundados de que la decisión empresarial está relacionada con su enfermedad o condición de salud, corresponderá a la empresa aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, que permita desvincular la extinción de dicha circunstancia.

    En el mismo sentido se pronuncia sentencia 1025/2024, de 8 de noviembre del TSJ de Madrid, sobre un despido en periodo prueba de trabajador de baja que se declara procedente porque la empresa justifica que en la decisión no existió discriminación.

    Caso contrario es el enjuiciado por el TSJ de Baleares, en sentencia 31/2023, de 24 de enero, que declara nulo el cese al existir, a juicio de la Sala, suficientes indicios de que el desistimiento se produjo como consecuencia del inicio de la baja por incapacidad temporal. Debe recordarse, además, que si las partes han acordado la interrupción del periodo de prueba por incapacidad temporal, su cómputo permanecerá interrumpido durante el tiempo correspondiente.

    Analizando la nulidad o no del despido durante el periodo de prueba cuando el trabajador está de baja, la sentencia de 18 de marzo de 2024, del TSJ de Castilla y León determina que lo relevante será:
  • Que existiera una patología o enfermedad previa.
  • Los indicios de que el verdadero detonante del cese sea la enfermedad.
  • La existencia o no de justificaciones por parte de la empresa para extinguir el contrato.
    La sentencia lo declara en un supuesto en el que no queda acreditada causa alguna que justificase ningún cese por razones disciplinarias, lo que deriva en que los indicios, las características de la patología y las razones esgrimidas por la empresa no se encuentran justificadas y por tanto se declaran los ceses como despidos nulos.

    Siguiendo este patrón, encontramos ejemplos de sentencias en las que la discriminación se encuentra acreditada, como la  STSJ I. Baleares 21/2025, de 23 de enero, STSJ I.Canarias 1133/2024 de 25 de julio y STSJ CLM 220/2024, de 8 de febrero; y otras en cambio sí entienden que la mera existencia de una baja no puede ser suficiente para implicar la nulidad de un cese durante el periodo de prueba: STSJ Madrid 227/2024, de 6 de marzo, y STSJ C.Valenciana 3430/2023, de 14 de diciembre.

    La Sentencia 3601/2024, de 17 de Julio, del TSJ de Galicia declara NULO el cese de una empleada de hogar, acordado en el periodo de prueba y tres días después de sufrir un accidente laboral, aplicando la Ley 15/2022. Se impone a la empleadora, además, el abono de una indemnización de 8.000 euros por daños morales a la trabajadora.

    Incluso aunque todavía no se haya expedido formalmente una baja médica, la comunicación por parte de la persona trabajadora de problemas de salud o de la necesidad de acudir al médico puede constituir, junto con las restantes circunstancias del caso, un indicio de discriminación si inmediatamente después la empresa comunica la no superación del periodo de prueba.

    Así lo confirma el TSJ de Castilla La Mancha, en sentencia 551/2024, de 4 de abril, que declaró nulo el cese al apreciar una conexión temporal y causal entre la situación de enfermedad y asistencia médica comunicada por la trabajadora y la posterior decisión empresarial.

    Todo ello implica que el contrato pueda suspenderse a consecuencia de una incapacidad temporal o por situaciones de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, o violencia de género; y también que será nula la resolución del contrato a instancia de la empresa por razón de embarazo, desde la fecha de inicio del mismo hasta el comienzo del período de suspensión.

    Se ha tenido también constancia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 632/2023, de 2 de octubre, que conoce sobre una extinción unilateral del contrato de una trabajadora embarazada por parte de la empresa y durante el periodo de prueba.

    El TSJ coincide con la sentencia de instancia en que no se trata de una resolución unilateral sino de un despido nulo y eleva el importe de la indemnización ya concedida por el Juzgado de lo Social nº 5 de Santander de 2.400 a 7.500 euros, pues pondera por encima del poco tiempo que la trabajadora llevaba en la empresa, la vulneración de derechos fundamentales sufrida, a juicio del tribunal, por esta empleada.

    Como resumen del criterio de Juzgados y Tribunales:

La extinción empresarial durante el periodo de prueba no queda al margen de las garantías frente a la discriminación y la vulneración de derechos fundamentales. En el caso del embarazo, el artículo 14.2 ET establece una protección objetiva, siendo nula la extinción salvo que la empresa acredite motivos no relacionados con el embarazo o la maternidad. En los supuestos de enfermedad o condición de salud, la baja médica no determina por sí sola la nulidad, pero, cuando existan indicios fundados de discriminación y la empresa no consiga desvirtuarlos mediante una justificación objetiva y razonable, la extinción podrá ser declarada nula, con las consecuencias correspondientes: readmisión, salarios dejados de percibir y, cuando proceda, indemnización adicional por daños y perjuicios.

Nuevas obligaciones de información sobre el período de prueba desde el 5 de octubre de 2026


    A las exigencias establecidas en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores se añaden, desde el 5 de octubre de 2026, las obligaciones de información previstas en el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, relativo a unas condiciones laborales transparentes y previsibles.

    Cuando se concierte un período de prueba, la empresa deberá informar por escrito a la persona trabajadora de su duración y condiciones. En particular, deberá indicarse la duración concreta del período de prueba y las obligaciones respectivas de empresa y persona trabajadora de realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba.

    Esta información deberá facilitarse con carácter previo al inicio de la relación laboral. Estas obligaciones de información se aplican, con carácter general, a las relaciones laborales incluidas en el ámbito del Real Decreto cuya duración sea superior a cuatro semanas.

    La obligación se entenderá cumplida cuando la información figure ya en el contrato de trabajo escrito que obre en poder de la persona trabajadora.

    En caso contrario, deberá facilitarse mediante uno o varios documentos escritos, en papel o formato electrónico, que permitan conservar y acreditar su entrega.

    El Real Decreto 723/2026 permite que determinada información relativa al período de prueba pueda derivarse de una referencia a la legislación o al convenio colectivo aplicable, siempre que la referencia sea precisa y permita identificar claramente la regulación correspondiente. No obstante, debe tenerse presente la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige conocer la duración exacta del período de prueba: una mera remisión a la expresión «según convenio» no será suficiente cuando el convenio únicamente establezca duraciones máximas y no una duración concreta aplicable al trabajador.

    Por tanto, la opción más segura seguirá siendo hacer constar expresamente en el contrato la duración exacta pactada del período de prueba, respetando los límites establecidos en el convenio colectivo aplicable y, en defecto de regulación convencional, los previstos legalmente.

    Para las relaciones laborales que ya se encuentren vigentes el 5 de octubre de 2026, la empresa deberá facilitar esta información cuando sea solicitada por la persona trabajadora, siempre que no obre ya en su poder, en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud.

Formularios



Notificación de la empresa al trabajador de no superación del período de prueba.

Comentarios



Manual sobre Contratos Indefinidos.
Manual sobre Contratos Temporales.
Manual sobre Contratos Formativos.
Manual sobre despido nulo.
Manual sobre despido improcedente.

Jurisprudencia y Doctrina



STS 99/2026. Despido improcedente tras 16 años contratas no superar periodo prueba y 54.000 euros indemnización.
STSJ I. Baleares 21/2025 Extinción contrato nula durante periodo de prueba mientras trabajador está en IT.
STSJ Madrid 713/2024 Cese en periodo de prueba procedente. Se acredita que trabajador alega acoso para blindarse.
STSJ Madrid 1025/2024 Despido periodo prueba durante baja procedente; la empresa justifica no discriminación.
STS 1164/2024 Periodo prueba con remisión convenio. Vulneración derecho fijación por escrito de duración exacta.
STS 270/2023. No fijar la duración del periodo de prueba determina que el cese pueda ser declarado improcedente.
STSJ Galicia 3601/2024 Despido nulo, indemnización daños; extinción periodo prueba empleada hogar sufre accidente.
STSJ I.Canarias 1133/2024 Despido nulo e indemnización; extinción periodo prueba trabajador sufre infarto.
STSJ CLM 220/2024 Despido nulo; conexión inicio de baja y cese no superar periodo prueba; ausencia razón.
STSJ Madrid 227/2024 No todo despido periodo de prueba es nulo. Baja corta duración no indicio discriminación.
STSJ C.Valenciana 3430/2023. Comunicar baja ansiedad no suficiente para nulidad cese en periodo de prueba.
STSJ CL 1001/2024. Despido trabajador baja periodo prueba. Enfermedad previa, causalidad y no justificación.
STSJ CLM 551/2024. Despido nulo trabajadora que comunica intención ir al médico. Se produce en periodo prueba.
STSJ Cantabria 632/2023. Extinción contrato de embarazada en periodo de prueba es despido nulo.
STSJ Baleares 31/2023 Despedir en IT durante periodo de prueba: nulo por vulnerar derecho a integridad física.
STS 7212/2008 Se puede rescindir el contrato si hay IT en periodo de prueba si razón del cese no es la IT.

Legislación



Art. 14 E.T. RD Legis 2/2015. Período de prueba.
Art. 15 E.T. RD Legis 2/2015. Duración del contrato.

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