Posibles Alegaciones:

• Prescripción de la acción administrativa para exigir el pago.
      Se impugna la diligencia de embargo con base en lo dispuesto en el artículo 170.3 a) LGT, pues ha prescrito la acción administrativa para exigir el pago de la citada deuda ya que la Administración dispone del plazo de 4 años para recaudar las deudas liquidadas o autoliquidadas sin ingreso. La deuda cuya recaudación pretenden los órganos de recaudación ha prescrito, al haber transcurrido más de 4 años desde su liquidación o autoliquidación, tal y como se acredita mediante............................(Aportar justificación documental de los extremos anteriores).
  

• Extinción total de la deuda por compensación o pago.
      Se impugna la diligencia de embargo con apoyo en lo dispuesto en el artículo 170.3 a) de la LGT y ello porque.................................(acreditar documentalmente que la deuda cuya recaudación se insta ha sido ya ingresada, aportando documento justificativo del ingreso realizado; o, en su caso, acreditar que la deuda ha sido compensada, aportando la documentación que lo justifique).
  

• Falta de notificación de la Providencia de Apremio.
      Se impugna la diligencia de embargo invocando el motivo contemplado en el artículo 170.3.b) LGT, es decir, la falta de notificación de la providencia de apremio.
  
      En consecuencia, se alega la concurrencia de un defecto de forma en la notificación de la providencia de apremio que impide la continuación del procedimiento de apremio y me causa indefensión, que se alega, a los efectos oportunos.
  

• Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en la LGT.
      Se impugna la diligencia de embargo invocando lo dispuesto en el artículo 170.3.c) LGT, es decir, en el presente procedimiento se han incumplido las normas reguladoras del embargo; por cuanto que................(detallar que incumplimiento de las normas reguladoras del embargo se ha producido en concreto, por ejemplo, no respetar el orden de embargo de bienes, embargar bienes inembargables..., aportando la documentación que lo justifique, si es posible).
  

• Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario.
      En el presente caso concurre en procedimiento de apremio lo dispuesto en el artículo 170.3 a) de la LGT, es decir, la deuda cuya recaudación se insta ha sido objeto de aplazamiento, fraccionamiento o compensación; habiendo sido concedido el mismo (Aportar documento justificativo de la concesión del aplazamiento).
  

• El procedimiento de recaudación está suspendido.
      En el presente caso concurre en procedimiento de apremio lo dispuesto en el artículo 170.3 d) de la LGT, es decir, haber quedado suspendido el procedimiento de recaudación según acuerdo del órgano de recaudación de fecha ............. , por .................... (Explicar la causa de suspensión y aportar documento justificativo de la concesión de la suspensión).
  

• La notificación no se practica en el domicilio fiscal.
      La notificación no se ha practicado correctamente, ya que la misma no fue notificada en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante. Al tratarse de un procedimiento iniciado de oficio por la Administración el lugar señalado por la LGT en su artículo 110.2 para la práctica correcta de la notificación es el antedicho domicilio fiscal. Según consta en el expediente la Administración tiene perfecto conocimiento del domicilio fiscal del obligado tributario. Señala posteriormente otros lugares para efectuar la notificación como son: en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin, si bien los mismos son secundarios respecto del domicilio fiscal, sobradamente conocido por la A.E.A.T. a través de las diferentes autoliquidaciones practicadas por el sujeto pasivo; y que es distinto a dónde se ha practicado la notificación, lo cual me ha provocado manifiesta indefensión, que alego.
  

• La notificación se entrega a persona desconocida.
      La notificación no se ha practicado correctamente ya, que ausente el obligado tributario en su domicilio fiscal, la AEAT practicó la notificación en el domicilio fiscal del obligado tributario entregándose la misma a persona desconocida por el obligado tributario y cuya identidad no queda suficientemente acreditada en la copia que consta en el expediente. Según el artículo 111.1 de la LGT "...de no hallarse presente en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante".

• La cuenta bancaria embargada se encuentra fuera del término municipal del Ayuntamiento que la ordena.
      En la diligencia de embargo notificada y referenciada anteriormente, se acordó, por parte del Ayuntamiento de ..... (indicar cuál) el embargo de la cuenta bancaria de la sociedad mercantil que (administro, represento...). La citada cuenta se encuentra abierta en una sucursal de la entidad financiera (especificar cuál es la entidad bancaria) radicada en ..... (detallar municipio o ciudad donde se encuentra la oficina), esto es, fuera del término municipal de la Administración actuante.    En relación con este embargo practicado, el cual despliega sus efectos más allá del término municipal, se pronunció el Tribunal Supremo, en STS 84/2024, de 22 de enero, en los siguientes términos:
  
  "(...) Cuando las actuaciones de recaudación ejecutiva por parte de un ayuntamiento deben realizarse fuera de su territorio, dicho ente local está imposibilitado jurídicamente para ejercerlas, estando obligado, en tales casos, a acudir a lo dispuesto en el artículo 8.3 TRLRHL.    En efecto, y según el citado precepto, el Alto Tribunal entiende que:
  
      La administración municipal no puede practicar y dictar diligencia de embargo de dinero en cuentas abiertas en sucursales de entidades financieras radicadas fuera del término municipal del ayuntamiento embargante, incluso cuando dicho embargo no requiera la realización material de actuaciones fuera del citado territorio municipal por parte de la administración local, siendo necesario, en estos casos instar, conforme al artículo 8.3 del TRLHL, la práctica de dicha actuación a los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma o a los órganos competentes del Estado, según corresponda.    Por lo tanto, con base en el artículo 8.3 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y la doctrina del Tribunal Supremo, se impugna la diligencia de embargo por ser tal actuación realizada por un órgano imposibilitado jurídicamente para ello.
  

• La notificación no se rehusó por el obligado tributario.
      La notificación no se ha practicado correctamente, ya que no queda constancia en el expediente el rechazo de la notificación por parte del obligado tributario o de su representante. El artículo 111.2 señala "el rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma"; lo que no consta en el presente caso.
  

• No se han realizado dos intentos de notificación.
      La notificación no se ha practicado correctamente, ya que no queda constancia en el expediente de haber realizado previamente los dos intentos de notificación en el domicilio fiscal del obligado tributario para poder intentar la notificación por comparecencia que establece el artículo 112 de la LGT. Asimismo, tampoco se hace constar que el destinatario figure como desconocido en dicho domicilio o lugar; que es la única razón que autoriza a realizar solo intento de notificación, todo lo cual lo cual me ha provocado manifiesta indefensión, que alego.
• La notificación no es conforme a derecho porque se realizó en Agosto.
      La Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 29 de Mayo de 2014 acordó la anulación de una notificación realizada por edictos, tras los dos preceptivos intentos de notificación personal, porque ambos se realizaron en dos días consecutivos del mes de Agosto, y el contribuyente se encontraba de vacaciones estivales. En consecuencia, ni tuvo conocimiento de esos dos intentos ni tampoco de la posterior notificación edictal.
  
      Para el Tribunal, los dos intentos de notificación así realizados, ambos en fechas en las que lo racional es pensar que no se va a poder localizar al destinatario por vacaciones, hacen que el segundo de ellos se reduzca a un mero acto de cumplimiento de la formalidad porque, según la sentencia, los dos intentos de notificación tienen la finalidad de garantizar que el destinatario tome conocimiento del acto administrativo que se intenta notificar; y no son un mero requisito formal que permita continuar el procedimiento acudiendo a la notioficación edictal.
  
      Es decir, como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, la Administración, antes de acudir a la notificación edictal, debe agotar todas las posibilidades para intentar que la notificación personal llegue al interesado.
  
      Y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso de 13 de Mayo de 2015, dictada en el Recurso Nº 3529/2014, reitera la jurisprudencia que señala que el incumplimiento de los requisitos formales de las notificaciones no les priva de efectos cuando el órgano jurisdiccional, en virtud de las circunstancias concurrentes, llega a la convicción de que el obligado tributario ha recibido la comunicación objeto de notificación; y que, contrariamente, y por idéntica razón y pese a cumplirse los requisitos legales, si el Tribunal llega a la convicción de que la notificación no ha llegado a conocimiento del interesado, ello permitiría privar de efectos a la notificación efectuada.
  
      En consecuencia, el Tribunal Supremo concluye que el órgano jurisdiccional puede no dar validez a notificaciones realizadas en el mes de agosto y en el domicilio del interesado cuando en virtud de las circunstancias concurrentes llega a la convicción de que la notificación no ha llegado a conocimiento del interesado. Es decir, es la convicción a la que llegue el Tribunal, a tenor de las circunstancias concurrentes, acerca del conocimiento real del acto notificado por el interesado, el elemento determinante de la validez de las notificaciones en los casos de conflicto.    En el presente caso estamos ante una notificación recibida en Agosto, y que me ha impedido conocer el contenido del acto administrativo, y, por ende, defenderme. Por tanto, la misma debe ser anulada porque, tal y como se acredita con............, en las fechas en las que se práctico la misma estaba fuera del domicilio por vacaciones).
• No se ha practicado la notificación en el Boletín Oficial del Estado.
      La notificación no se ha practicado correctamente ya que no queda constancia en el expediente del intento de notificación en el Boletín Oficial del Estado que exige el artículo 112 de la LGT, cuando no haya sido posible la notificación en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, ni tampoco que el anuncio publicado haya estado expuesto en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido.
• No respetar derechos del obligado tributario.
       La Ley 58/2003 y la Ley del Procedimiento Administrativo Común, reconocen al obligado tributario un amplio abanico de derechos a lo largo de un procedimiento administrativo y más concretamente en el procedimiento tributario.
      
      En el presente caso dichos derechos no han sido respectados tal y como se pone de manifiesto en las diligencias extendidas y la manifestaciones en ellas vertidas por el obligado tributario.
  
      Concretamente, se ha denunciado a lo largo del procedimiento la vulneración del derecho del obligado tributario a .............(señalar alguno de los previstos en el artículo 34 de la LGT)......; lo cual, como es lógico, me causa indefensión, que se alega.
  
      En consecuencia, se solicita la anulación del Procedimiento de Recaudación incoado.
  

• La Administración no resuelve conforme a la doctrina vinculante de la Dirección General de Tributos.
      El Tribunal Supremo, en Sentencia 117/2024, de 25 de enero, se ha pronunciado para establecer doctrina jurisprudencial sobre cuál ha de ser la consideración que deben tener los pronunciamientos, para los órganos de la Administración Tributaria, de la Dirección General de Tributos en respuesta a las consultas que le son realizadas.
  
      El Tribunal Supremo, en este sentido, entiende:
  
      "Así, el apartado primero del artículo 89 LGT se refiere a los efectos de las contestaciones a consultas tributarias escritas, en el sentido de que tendrán efectos vinculantes, en los términos previstos en ese artículo, para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante.
  
      Por tanto, ese efecto vinculante se produce en los términos previstos por dicho precepto, términos que contemplan precisamente la necesidad de aplicar al consultante los criterios expresados en la contestación:
  
      (i) en tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso;
  
      (ii) siempre y cuando la consulta se hubiese formulado antes de la finalización del plazo establecido para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias (por remisión al plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo 88 LGT);
  
      (iii) que no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos recogidos en el escrito de consulta;
  
      (iv) efectos vinculantes que se extienden no solo al consultante sino a cualquier obligado siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta.
  
      (...) Consecuentemente, el juez ha de constatar si la Administración se apartó o no de la doctrina administrativa tras examinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 89.1 LGT, más en concreto, analizando si existe identidad entre los hechos y circunstancias del obligado y los que se incluyan en la consulta, pudiendo, en todo caso, negar la vinculación y mantener la conformidad a derecho del acuerdo de liquidación cuando falte tal identidad y, por imperativo del propio artículo 89 LGT, cuando se hubiera modificado la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso."
  
      En relación con lo anterior, aplicado al caso concreto, el órgano competente para resolver este procedimiento de la Administración Tributaria se aparta del criterio establecido por la Dirección General de Tributos en Consulta Vinculante (detallar cuál, por ejemplo V2418-23) ya que en dicha resolución la Dirección General de Tributos entiende que (detallar el criterio establecido en dicha consulta); en nuestro caso, el órgano competente para resolver se aparta de dicho criterio al considerar que (detallar su proceder y actuación y cómo difiere del criterio de la DGT).
  
  

  

      (Debe exponerse cuál es el criterio que ha establecido la Dirección General de Tributos en un caso idéntico al nuestro tanto en hechos como en circunstancias; también debe explicarse cómo ha procedido la Administración en nuestro caso concreto y detallar cómo el criterio aplicado por ésta es distinto al de la DGT)
  

  
  
      Con base en el criterio establecido por el Tribunal Supremo y al existir identidad en los hechos y circunstancias de nuestro caso particular y el resuelto por la Dirección General de Tributos, entendemos que la Administración ha procedido de forma separada, al margen del criterio vinculante establecido por la Dirección General de Tributos y contrariando la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo anteriormente enunciada.

Posibles Alegaciones:

• Error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda.
      Señala la norma que el procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, lo que se acredita mediante............................(Aportar justificación documental de los extremos anteriores).
  

• La deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida.
      Señala la norma que procede la suspensión de forma automática probando que la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida; o que ya ha prescrito el derecho a exigir el pago. En este caso, la deuda ha sido..................(acreditar documentalmente que la deuda cuya recaudación se insta ha sido ya ingresada, aportando documento justificativo del ingreso realizado; o, en su caso, acreditar que la deuda ha sido compensada, condonada, compensada, aplazada o suspendida, aportando la documentación que lo justifique).
  

• La deuda objeto de apremio ha prescrito.
      Señala la norma que procede la suspensión de forma automática probando que ya ha prescrito el derecho a exigir el pago de la deuda. En este caso, la deuda cuya recaudación pretenden los órganos de recaudación ha prescrito, al haber transcurrido más de 4 años desde su liquidación o autoliquidación, tal y como se acredita mediante............................(Aportar justificación documental de los extremos anteriores).
  

• Se ha interpuesto una tercería de dominio.
      Señala la norma que con la interposición de una tercería de dominio se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan. En este caso consta en las actuaciones la interposición de una tercería de dominio respecto del bien ...............