Posibles Alegaciones:

• La deuda SÍ es aplazable o fraccionable.
      La Resolución impugnada inadmite la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento presentada por entender que la deuda no es susceptible de aplazamiento o fraccionamiento, de conformidad con el apartado 2 del artículo 65 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT).
  
      Sin embargo, y como puede comprobarse, la deuda SÍ es aplazable o fraccionable porque no se trata de ninguna de las señaladas en el citado precepto

  

      Se debe justificar que la deuda no es ninguna de las siguientes (elija la que se adapte a su caso concreto):
  
      a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
  
      b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
  
      c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.
  
      d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el título VII de esta Ley.
  
      e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.
  
      f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
  
      g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

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      Por tanto, si no se está ante ninguna de las excepciones previstas legalmente, la Administración no puede inadmitir la solicitud presentada sin que exista causa o motivo para ello.
  
      En consecuencia, la resolución de inadmisión debe revocarse y darse a la solicitud la tramitación legal y reglamentariamente prevista, estimándose el aplazamiento y/o fraccionamiento solicitado.
  

• La solicitud se ha formulado en plazo.
      Conforme al artículo 46 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, la solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se ha presentado para tramitación dentro del plazo establecido.
  
      Debe elegir una de las dos opciones:

  1. Si la deuda está en periodo voluntario: La deuda se encuentra en periodo voluntario de ingreso o de presentación de las correspondientes autoliquidaciones y, por tanto, la solicitud se ha presentado dentro del plazo fijado en el artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en la normativa específica.
  
  
  2. Si la deuda está en periodo ejecutivo: La deuda se encuentra en periodo ejecutivo y todavía no se ha notificado a esta parte el acuerdo de enajenación de los bienes, por lo que es posible presentar la solicitud.

      En consecuencia, la resolución de inadmisión debe revocarse y darse a la solicitud la tramitación legal y reglamentariamente prevista, estimándose el aplazamiento y/o fraccionamiento solicitado.
  

• La solicitud reúne todos los documentos y requisitos.
      La Administración inadmite la solicitud invocando el apartado 6 del artículo 46 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que establece que, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañan los documentos citados en los apartados anteriores, y no se subsanan los citados defectos, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite.
  
      En este caso, y dado que el requerimiento para subsanar la solicitud presentada fue debidamente contestado, en tiempo y forma, aportándose los requisitos y/o documentos interesados, NO ha lugar a la inadmisión porque el citado precepto establece que:
  
      "Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento".
  
      Es de señalar que en la documentación aportada, concretamente con ............., se acreditan............ (por ejemplo, las causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, las dificultades económico-financieras que le impidan de forma transitoria efectuar el pago, la imposibilidad de obtener el aval o certificado de seguro de caución,...).
  
      En consecuencia, habiéndose subsanado los defectos y, por tanto, cumpliendo la solicitud presentada con los requisitos establecidos en la normativa, la resolución de inadmisión debe revocarse y darse a la solicitud la tramitación legal y reglamentariamente prevista, estimándose el aplazamiento y/o fraccionamiento solicitado.
  

• No se me ha requerido para subsanar la solicitud.
      La Administración inadmite la solicitud invocando el apartado 6 del artículo 46 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que establece que, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañan los documentos citados en los apartados anteriores, y no se subsanan los citados defectos, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite.
  
      En este caso, sin embargo, NO se ha efectuado, o no me ha sido notificado, el requerimiento de subsanación, por lo que NO puede aplicarse la consecuencia prevista para el caso de no atender el requerimiento en el plazo señalado.
  
      En consecuencia, la resolución de inadmisión y archivo debe revocarse y darse a la solicitud la tramitación legal y reglamentariamente prevista, bien sea realizando conforme a derecho el requerimiento para subsanar, bien sea estimándose el aplazamiento y/o fraccionamiento solicitado, por cumplir con los requisitos y documentos previstos en la norma.
  

• Sí se ha aportado la autoliquidación.
      Señala el apartado 6 del artículo 46 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que NO procederá la subsanación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento si no se acompaña a la misma la autoliquidación que no obre en poder de la Administración; y que, en consecuencia, procederá la inadmisión conforme a lo previsto en el artículo 47 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, ya citado.
  
      Sin embargo, en este caso la deuda deriva de la autoliquidación de .......... (aportar nuevamente documento justificativo de la autoliquidación o justificar cuándo se presentó), que no se acompaña conjuntamente con la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento porque, como se indica, fue objeto de presentación con anterioridad.
  
      Luego, NO ha lugar a la inadmisión de la solicitud de aplazamiento y fraccionamiento presentada, y la resolución que la acuerda debe revocarse y debe darse a la solicitud la tramitación legal y reglamentariamente prevista, estimándose el aplazamiento y/o fraccionamiento interesado.
  

• No es una reiteración de solicitudes anteriores.
      Precisa el artículo 47 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en su apartado 2, que se pueden inadmitir las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento reiterativas de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación previa, cuando no contengan modificación sustancial respecto de la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando dicha reiteración tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria.
  
      En este caso no se cumplen dichos requisitos y, por tanto, NO puede inadmitirse la solicitud presentada porque, como puede comprobarse, la misma es sustancialmente diferente a la solicitud anterior que se menciona, en cuanto que..........(justificar en qué, o por qué, es diferente esta nueva solicitud con respecto a las anteriores que presentó).
  
      Y, como es evidente, la finalidad de la solicitud es aliviar la situación coyuntural de falta de liquidez y de capacidad para generar recursos que atravieso; sin que, por el contrario, se haya acreditado por esa Admnistración que la misma tenga finalidad de dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria.
  
      En consecuencia, la resolución de inadmisión y archivo debe revocarse y darse a la solicitud la tramitación legal y reglamentariamente prevista, estimándose el aplazamiento y/o fraccionamiento solicitado, por cumplir con los requisitos previstos en la norma.
  

• El órgano que dicta la resolución no es competente.
      Entiende esta parte que, conforme a lo establecido en el artículo 45 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que el órgano que ha dictado la resolución impugnada no es el órgano competente para ello.
  
      El artículo 51 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, distingue entre órgano competente para tramitar y órgano competente para resolver; y el artículo 45 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, ya citado determina la competencia en materia de aplazamientos y fraccionamientos.
  
      En este caso se incumple la normativa porque (Debe elegir una de las opciones):
  

  1. No es una deuda cuya recaudación se lleve a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por lo que no puede tramitar ni resolver la solicitud de fraccionamiento y aplazamiento.
  
  
  2. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se refiere a una deuda que, de forma expresa y específica, tiene atribuída a un órgano de la Administración General del Estado o, en su caso, a un organismo autónomo distinto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la gestión del aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario.
  
  
  3. Se trata de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento referida a una deuda por recurso de naturaleza pública que debe ser tramitada y resuelta por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o por las Delegaciones de Economía y Hacienda, o por ............ (indicar el órgano de la Administración General del Estado, organismo autónomo o entidad de derecho público que deba tramitar y resolver la solicitud).

      La falta de competencia constituye un vicio de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos y, en consecuencia, la resolución impugnada debe revocarse y, tras la tramitación legal y reglamentariamente prevista de la solicitud, debe dictarse una nueva resolución, por el órgano competente para ello, por la que se estime el aplazamiento y/o fraccionamiento solicitado, por cumplir con los requisitos previstos en la norma.