Solución

CUESTIÓN A.

    En virtud de lo dispuesto en el artículo 161 b) de la LGT, en el supuesto de que se presente una autoliquidación, pero no se haya realizado el ingreso, el periodo ejecutivo se tendrá por iniciado al día siguiente de la finalización del plazo establecido por la normativa de cada tributo para realizar dicho ingreso.

    En el caso en cuestión, el plazo para presentar la declaración de la renta finaliza el 30 de junio y este contribuyente la presentó dentro del mismo, por lo que el periodo ejecutivo se iniciaría al siguiente día hábil

    En cuanto a la interrupción del  inicio del periodo ejecutivo, son varias las opciones que se le presentan a nuestro contribuyente:

     Opción 1.

    Como primera posibilidad, podría solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria. Si bien, dentro de esta posibilidad hay que tener en cuenta que, hasta la entrada en vigor de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la presentación de dicha solicitud suponía, automáticamente, que no se iniciase el periodo ejecutivo para el cobro de dicha deuda.

    En este caso, la solicitud que se presende presentar ha de incluir la identificación del deudor, de la deuda, las causas que llevan al mismo a solicitar el aplazamiento o fraccionamiento, los plazos de pago y la garantía que se ofrece, orden de domiciliación bancaria en caso de ser obligatoria y el lugar, fecha y la firma del obligado tributario; todo ello según lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 46 RD 939/2005

    La solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se podrá hacer tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo; sin perjuicio de lo previsto en el artículo 48 RGR para el supuesto del periodo ejecutivo.

     Opción 2.

    La segunda de las alternativas sería solicitar la compensación; si bien, para ello el obligado tributario ha de ser titular de un derecho de crédito  frente a la Administración, reconocido por ella misma, a favor del deudor en virtud de un acto administrativo.

    Para esta alternativa, habrá de tenerse en cuenta, del mismo modo, lo previsto para los casos de fraccionamiento y aplazamiento para evitar un uso inadecuado de dichas figuras; en tanto en cuanto no podrán usarse en forma de "cascada", reiterando solicitudes, para tratar de evitar el inicio del  periodo ejecutivo. De esta manera, la reiteración de solicitudes  solicitando el fraccionamiento, el aplazamiento o la compensación, cuando otras previas hayan sido denegadas, no podrán impedir el inicio del periodo ejecutivo

     CUESTIÓN B.

    Si atendemos a lo previsto en el artículo 66 LGT, en su apartado b) se dispone que prescribirá a los cuatro años "el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas."

    Por lo tanto, han de transcurrir 4 años contados desde el día siguiente a la finalización del periodo voluntario para que la Administración no pueda exigirnos el pago de dicha deuda. En el caso en cuestión, el derecho de la Administración para exigir el pago finalizaría el día 1 de julio de XXXX+4.

     CUESTIÓN C.

    Para responder a esta pregunta, es fundamental apreciar si se ha producido la notificación de la providencia de apremio; pues, según lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley General Tributaria, el recargo será del 5% cuando se satisfaga la deuda no ingresada en periodo voluntario en el plazo que va desde la finalización de este último hasta la notificación de la providencia de apremio.    



    En lo relacionado con la generación de intereses de demora o no, habrá que estarse a lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley General Tributaria:


    Al resultar de aplicación, en este supuesto, el recargo ejecutivo, no se generarán intereses de demora. Serán incompatibles, tanto en este caso, como en el de recargo de apremio reducido de la siguiente cuestión.

CUESTIÓN D.

    En primer lugar, analizamos el caso en el que el contribuyente ingresa la cuantía debida una vez, la Agencia Tributaria, le notifica la providencia de apremio.

    Basándonos en el anterior artículo 28, en este caso en el apartado 3, se dispone que el recargo será del 10% cuando la deuda tributaria se satisfaga en el plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62.



    Por lo tanto, si al contribuyente se le notificó la providencia de apremio el día 3 de agosto, el recargo que se le aplicará será de un 10% siempre y cuando ingrese la cuota tributaria hasta el día 20 de ese mismo mes o, en caso de ser inhábil, al siguiente día hábil.

    Como hemos analizado en el apartado anterior, no serían exigibles los intereses de demora cuando resulte de aplicación el recargo de apremio reducido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley General Tributaria.

    Pasando a la segunda parte de la cuestión, hemos de analizar el supuesto en el que el obligado tributario pague la deuda en una fecha posterior al 22 de agosto. Supongamos que realiza el ingreso el día 1 de septiembre

    En este caso, el recargo a aplicar ya no será del 10%, sino del 20% (artículo 28.4 LGT) y, además, son compatibles y exigibles con los intereses de demora que se hayan devengado en el periodo ejecutivo (artículo 28.5 LGT).

    Por lo tanto:

    La deuda tributaria a ingresar se elevaría hasta los 3.620,70€