Artículo 2. Definiciones.

Redacción válida hasta 16-06-2016, según Ley 22/2015, de 20 de julio.

    A los efectos de lo establecido en esta ley, se aplicarán las siguientes definiciones:

    1. Marco normativo de información financiera: el conjunto de normas, principios y criterios establecido en:

    a) La normativa de la Unión Europea relativa a las cuentas consolidadas, en los supuestos previstos para su aplicación.

    b) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

    c) El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.

    d) Las normas de obligado cumplimiento que apruebe el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

    e) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

    2. Auditoría obligatoria: auditoría de las cuentas anuales o de las cuentas consolidadas, que sea exigida por el Derecho de la Unión Europea o la legislación nacional.

    3. Auditor de cuentas: persona física autorizada para realizar auditorías de cuentas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, figurando inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, o por las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión europea o de un tercer país.

    4. Sociedad de auditoría: persona jurídica, independientemente de la forma societaria adoptada, autorizada para realizar auditorías de cuentas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, figurando inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, o por las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un tercer país.

    5. Tendrán la consideración de entidades de interés público las siguientes:

    a) Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, las entidades de crédito y las entidades aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como a los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras.

    b) Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados.

    c) Los grupos de sociedades en los que se integren entidades contempladas en los párrafos a) y b) anteriores.

Equivalencia Normativa

- Equivalencia con artículo 3 Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas.