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Boletín nº36 22/09/2026

NOTICIAS

Los asesores fiscales reclaman criterios claros y previsibles en la fiscalidad inmobiliaria para aliviar los problemas de vivienda.

• Los expertos de AEDAF han debatido estos días en Santander las políticas fiscales públicas y jurisprudencia de la fiscalidad de las operaciones inmobiliarias.


• El presidente de la asociación ha defendido las políticas fiscales como medidas que pueden contribuir a aliviar parte de los problemas que afectan al mercado inmobiliario.

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En el Curso de Verano de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), celebrado en Santander la semana pasada, su presidente, Bernardo Bande, ha defendido la necesidad de que los contribuyentes cuenten con reglas fiscales estables antes de decidir sobre una compra, venta o herencia de un inmueble. En su intervención, situó el debate en un terreno muy concreto: la seguridad jurídica como condición previa para la toma de decisiones económicas en el ámbito inmobiliario.

Bande subrayó que la política fiscal, por sí misma, tiene un margen limitado para resolver los desequilibrios estructurales del sector si el marco normativo no transmite confianza a los agentes implicados. Aun así, defendió que unas reglas más estables pueden facilitar las operaciones inmobiliarias y orientar determinadas decisiones económicas.

El peso del ITP y AJD en la recaudación autonómica

Uno de los ejes de su intervención fue el papel que desempeña el aspecto tributario de las operaciones inmobiliarias en el ámbito autonómico. Según los datos expuestos, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) representa más de la mitad de la recaudación de los tributos cedidos que gestionan directamente las comunidades autónomas de régimen común.

A ese impuesto hay que sumar la relevancia que adquieren los bienes inmuebles dentro del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), dos figuras en las que el componente inmobiliario también resulta determinante. En conjunto, estos tributos convierten a la vivienda y al resto de activos inmobiliarios en una de las principales fuentes de ingresos fiscales de las comunidades autónomas.

Un mapa fiscal que va más allá del ámbito autonómico

Bande recordó que la fiscalidad inmobiliaria no se agota en los tributos cedidos. A ellos se añaden otras figuras estatales y locales que también inciden directamente en este tipo de operaciones, como el IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la plusvalía municipal o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Esta acumulación de figuras tributarias, cada una con su propia normativa y plazos, es precisamente lo que, a su juicio, dificulta que el contribuyente pueda anticipar con exactitud el coste fiscal de una operación inmobiliaria. De ahí su llamada a establecer criterios homogéneos y previsibles que permitan planificar con garantías.

La seguridad jurídica, condición para facilitar decisiones

Aunque se debe advertir que la fiscalidad, por sí sola, difícilmente corrige los efectos de un marco normativo inseguro, como subrayó tajante Balde en su comparecencia, no cabe duda de que la previsibilidad normativa es la base sobre la que después puede actuar la política fiscal. Así, se reclamó, en concreto, "criterios claros y previsibles" que permitan al contribuyente saber a qué atenerse antes de tomar sus decisiones.

El presidente de AEDAF insistió en que la certidumbre normativa debe anteponerse a cualquier medida fiscal concreta, ya que sin ella cualquier intento de dinamizar el mercado inmobiliario pierde eficacia. A su juicio, solo con criterios estables y homogéneos podrá el contribuyente planificar sus operaciones con garantías reales.