Alerta de disfunciones en la integración y compensación de ganancias y pérdidas patrimoniales en el IRPF.
Publicado: 24/08/2026
Boletin nº 32 - Año 2026
- El Consejo para la Defensa del Contribuyente advierte de una asimetría en el IRPF que puede obligar a tributar por ganancias patrimoniales ficticias cuando la venta de participaciones no cotizadas resulta impagada.
- Se plantean tres alternativas normativas para evitar que la deuda tributaria generada no corresponda con el ingreso real.
El Consejo para la Defensa del Contribuyente ha aprobado la Propuesta 2/2026, en la que alerta de una disfunción en el régimen de integración y compensación de ganancias y pérdidas patrimoniales del IRPF. El origen de la propuesta es una queja concreta (7552-25) que, según el organismo, evidencia un resultado incompatible con el principio constitucional de capacidad económica: la posibilidad de tributar por una renta ficticia o inexistente.
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El caso que lo motiva es el de un autónomo jubilado, con rentas modestas, que en 2021 vendió participaciones de una sociedad no cotizada por 100.000 euros. Esa ganancia se integró en la base del ahorro y generó una deuda tributaria de 20.627,69 euros. El comprador nunca pagó el precio pactado; tras un proceso judicial que reconoció el crédito pero no logró ejecutarlo, este quedó declarado definitivamente incobrable en 2024.
Una pérdida que nunca compensa del todo la ganancia.
El problema surge porque la pérdida derivada del crédito incobrable no se integra, a efectos fiscales, en la misma base que la ganancia original. Al no derivar de una transmisión, debe imputarse a la base imponible general, sujeta a límites mucho más estrictos que los aplicables al ahorro: solo puede compensarse con otras ganancias patrimoniales equivalentes del mismo ejercicio o, alternativamente, con el 25% de otras rentas generales, con un margen de cuatro ejercicios para hacerlo.
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Con base en las estadísticas del IRPF de la AEAT, el Consejo calcula que en Andalucía, lugar de residencia del sujeto del caso expuesto, solo el 0,43% de los declarantes incluyó este tipo de pérdidas en 2024, y apenas el 6,4% dispuso de ganancias generales con las que compensarlas. En un escenario estadísticamente razonable, el contribuyente afectado únicamente lograría recuperar poco más del 50% de la pérdida patrimonial sufrida, incluso repartiéndola en los cinco ejercicios disponibles.
Una doctrina constitucional que vuelve a activarse.
El Consejo sustenta su propuesta en la sólida doctrina que el Tribunal Constitucional ha desarrollado desde principios de siglo sobre las llamadas "rentas ficticias": la prohibición de someter a gravamen situaciones que no son expresivas de capacidad económica real, potencial o virtual. Cita expresamente la STC 194/2000, la STC 182/2021 -dictada en el marco de la declaración de inconstitucionalidad del impuesto municipal sobre plusvalías- y la STC 67/2023.
El paralelismo con la plusvalía municipal no es casual: se trata de la misma línea doctrinal que llevó a reformar aquella figura tributaria. El propio Consejo reconoce que el caso analizado es "marginal y extravagante", pero insiste en que, detrás de él, hay una injusticia material palpable que afecta especialmente a contribuyentes vulnerables con rentas reducidas.
Tres alternativas para corregir la norma.
Para paliar esta disfunción, el organismo plantea tres vías normativas. La primera consiste en permitir, de forma opcional, el criterio de caja para imputar la ganancia patrimonial cuando la contraprestación pactada resulte impagada y reclamada judicialmente, de modo que la tributación se posponga hasta el cobro efectivo. La segunda opción habilitaría la imputación cautelar de la pérdida al mismo ejercicio en que se declaró la ganancia original, revirtiendo la situación si finalmente se recupera el crédito. La tercera alternativa permitiría compensar íntegramente la pérdida en el ejercicio en que se acredita el impago, con el límite habitual de cuatro años de prescripción, aunque el propio Consejo admite que genera una asimetría entre bases imponibles.
Por ello, el Consejo destaca la segunda opción como la vía más sencilla de implementar al extender un mecanismo que ya existe en la normativa: el artículo 23.1.a) LIRPF, que permite deducir créditos de dudoso cobro en los rendimientos del capital inmobiliario cuando media reclamación judicial, aplicándolo también a las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de participaciones.
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