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Boletín nº24 17/06/2025

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El Tribunal Constitucional da luz verde para tramitar la derogación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

• El Pleno del Tribunal Constitucional rechaza por unanimidad el veto del Gobierno y desbloquea la tramitación de la proposición de ley presentada en el Senado por el Partido Popular.


• La eliminación del ISD a nivel nacional supondría un cambio significativo tanto para los contribuyentes como para la financiación autonómica.

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El Tribunal Constitucional ha resuelto por unanimidad el conflicto planteado entre el Gobierno y el Senado en torno a la tramitación de la proposición de ley presentada por el Partido Popular para derogar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). La sentencia, emitida el 12 de junio de 2025, avala la actuación de la Cámara Alta y rechaza el veto presupuestario ejercido por el Ejecutivo, lo que despeja el camino para la posible eliminación de este tributo a nivel nacional.

Un conflicto institucional sobre la potestad de veto.

El origen del conflicto se remonta a finales de 2023, cuando el Partido Popular, aprovechando su mayoría en el Senado, promovió una proposición de ley para derogar la Ley 29/1987, que regula el ISD. El Gobierno intentó frenar la iniciativa invocando el artículo 134.6 de la Constitución, que le permite vetar propuestas que supongan una disminución de ingresos presupuestarios. Sin embargo, la Mesa del Senado rechazó el veto al considerar que la entrada en vigor de la medida, prevista inicialmente para el 1 de enero de 2024, no afectaba al presupuesto en curso, sino al siguiente ejercicio.

De esta forma, el Tribunal Constitucional ha dado la razón al Senado, señalando que la prerrogativa de veto del Gobierno solo puede ejercerse sobre los presupuestos en vigor en el momento de la presentación de la iniciativa legislativa. En este caso, los únicos presupuestos en curso eran los de 2023, a los que no afectaba la derogación del impuesto, ya que la entrada en vigor se fijaba para el ejercicio siguiente. Además, el tribunal descarta que el veto pueda aplicarse en clave plurianual, pues ello supondría un “ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución”.

La sentencia también rechaza el argumento del Gobierno de que la mera expectativa de la derogación podría provocar una caída anticipada en la recaudación, al considerar que la incidencia presupuestaria debe ser real y efectiva, no hipotética. El Constitucional recuerda, además, que el ISD es un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas, salvo en ciertos casos de no residentes, y aunque su eliminación supondría tanto una pérdida de ingresos para el Estado como un coste adicional, la proposición de ley del PP prevé compensaciones económicas para las autonomías.

Impacto para contribuyentes y comunidades autónomas.

Para los contribuyentes, la derogación del ISD supondría la eliminación de un tributo que, aunque en la práctica ya ha sido bonificado casi en su totalidad en varias comunidades gobernadas por el PP, sigue generando controversia por su impacto en las herencias y donaciones de mayor cuantía. Los defensores de la supresión argumentan que el impuesto obliga a muchos ciudadanos a renunciar a herencias por la imposibilidad de hacer frente al pago, mientras que sus detractores sostienen que es una herramienta legítima para la equidad fiscal y la redistribución de la riqueza.

En el plano de la financiación autonómica, la medida es especialmente sensible. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Hacienda (2023) la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones supone más de tres mil millones de euros en el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común, casi el 20% del total recaudado por los tributos cedidos. El texto de la proposición de ley contempla mecanismos de compensación para que las comunidades no pierdan recursos tras la eliminación del impuesto. En concreto, plantea que, mientras no se reforme el sistema de financiación autonómica, el Estado compense a las regiones con una cantidad equivalente a la última recaudación obtenida por el ISD. A medio plazo, se prevé que esta compensación se integre en la futura reforma del modelo de financiación autonómica.

Próximos pasos para su aprobación definitiva.

Tras el aval del Tribunal Constitucional, la tramitación parlamentaria de la proposición de ley queda desbloqueada. El texto, que ya fue admitido a trámite en el Senado, podrá continuar su recorrido legislativo, previsiblemente con una aprobación rápida gracias a la mayoría del PP en la Cámara Alta. No obstante, en el Congreso la iniciativa debe navegar por un panorama parlamentario complejo donde los partidos de izquierda se oponen tradicionalmente a rebajas fiscales de este tipo, argumentando que benefician principalmente a las rentas más altas. Su aprobación definitiva dependerá del desarrollo de los debates parlamentarios y de la capacidad del PP para forjar los consensos necesarios, lo que podría extender el proceso durante varios meses. Incluso si el Congreso no introdujese modificaciones sustanciales, su entrada en vigor no se antoja posible en el presente año.

En definitiva, la decisión del Tribunal Constitucional supone un respaldo a la capacidad legislativa de las Cámaras y allana el camino para la derogación de un impuesto históricamente polémico, con importantes implicaciones tanto para los contribuyentes como para la financiación de las comunidades autónomas y el equilibrio fiscal del Estado. El debate sobre el futuro del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no obstante, seguirá abierto en el marco de la reforma de la financiación autonómica y la búsqueda de un sistema tributario más justo y eficiente.