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Boletín nº40 21/10/2025

Noticias

Reforma del despido improcedente: Trabajo inicia las negociaciones con sindicatos y empresarios solicitando sus propuestas.

• El Ministerio de Trabajo ha abierto el proceso para reformar la legislación del despido improcedente, dando un plazo de tres semanas a los agentes sociales para presentar sus propuestas.


• Los sindicatos preparan una propuesta conjunta buscando una indemnización más alta y la recuperación de los salarios de tramitación.

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El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado oficialmente la negociación para reformar la regulación del despido improcedente, convocando este lunes la primera reunión de la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios. Según confirmaron representantes de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), el Ejecutivo ha concedido un margen de tres semanas para que los agentes sociales presenten sus propios planteamientos, en lugar de aportar una propuesta gubernamental inicial.​

El objetivo de esta reforma es adaptar la legislación española a la Carta Social Europea, tras los reproches del Comité Europeo de Derechos Sociales, que en resoluciones de julio de 2024 y junio de 2025 consideró insuficiente la indemnización actual por despido improcedente. En España, ésta se encuentra fijada en 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, un límite que el organismo europeo califica como “no disuasorio” ni reparador del perjuicio real al trabajador.​

Revisión de la indemnización.

UGT y CCOO preparan una propuesta conjunta que incremente la cuantía de la indemnización y que contemple los “daños morales y perjuicios personales” sufridos por el trabajador. Además, ambos sindicatos plantean la recuperación de los salarios de tramitación, es decir, las cantidades que el trabajador debería percibir entre el momento del despido y la resolución judicial, eliminados en la reforma laboral de 2012 salvo en casos muy concretos.​

También reclaman restablecer la audiencia previa en los procedimientos y ampliar los supuestos de nulidad en los despidos considerados improcedentes, lo que podría implicar la readmisión obligatoria en determinados casos. En la misma línea, los sindicatos defienden una fórmula que desincentive los despidos injustificados, haciendo que el coste económico para las empresas sea claramente superior al actual.​

Alternativas en estudio.

Entre las alternativas jurídicas que se barajan figuran otorgar mayor discrecionalidad a los jueces para fijar indemnizaciones superiores a los límites actuales, la creación de un baremo indemnizatorio similar al de los accidentes de tráfico y, en algunos sectores sindicales, el retorno al antiguo régimen de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades. Estas medidas buscan asegurar que cada despido injustificado tenga una compensación proporcional al daño causado y al contexto del trabajador afectado.​

Por parte de la patronal, el planteamiento inicial pasa por mantener un sistema tasado de cuantías, alegando que un esquema judicial abierto incrementaría la litigiosidad e introduciría inseguridad jurídica. En todo caso, las confederaciones empresariales se han comprometido a presentar sus observaciones antes de que concluya el plazo fijado, a comienzos de noviembre.​

La reforma, promovida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, responde también a un mandato político derivado de una proposición no de ley aprobada en septiembre a iniciativa de Sumar. Aquella iniciativa instaba al Gobierno a endurecer el despido improcedente y garantizar que su coste fuera realmente disuasorio para las empresas.​

El Ministerio de Trabajo prevé que la mesa de diálogo social concluya una primera ronda de trabajo en noviembre, con el propósito de presentar un texto legislativo antes de fin de año. Hasta entonces, sindicatos y empresarios disponen de tres semanas decisivas para perfilar qué modelo de despido improcedente marcará el futuro de las relaciones laborales en España.