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Boletín nº48 16/12/2025

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ATA denuncia al Gobierno ante la Comisión Europea por no aprobar la franquicia del IVA para los autónomos.

• El motivo de esta denuncia es el incumplimiento de la directiva europea 2020/285, que debería haber implementado el régimen de exención del IVA para autónomos con facturaciones bajas a partir del 1 de enero de 2025.


• España es actualmente el único Estado miembro de la Unión Europea que no ha establecido este sistema de franquicia, que permite eximir del impuesto a quienes facturen menos de 85.000 € al año.

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La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ha interpuesto, con fecha 15 de diciembre de 2025, una denuncia formal contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea. El motivo es la falta de transposición y aplicación de la Directiva Europea 2020/285 del Consejo, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, específicamente en lo que respecta al régimen especial de exención de IVA para pequeñas empresas y autónomos, conocido popularmente como «Iva franquiciado».

La directiva 2020/285 fijaba dos plazos clave que el Gobierno español ha incumplido: la transposición de las disposiciones necesarias a más tardar el 31 de diciembre de 2024, y la aplicación de las nuevas normas a partir del 1 de enero de 2025. Este marco normativo permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 €, por debajo del cual los autónomos y pymes quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Actualmente, España es el único Estado miembro que no ha establecido ningún régimen de franquicia del IVA en su territorio.

Un incumplimiento que resta competitividad.

ATA, actuando como organización intersectorial representativa mayoritaria, sostiene que este incumplimiento vulnera diversos principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea, incluyendo la efectividad, la no discriminación, la proporcionalidad, la seguridad jurídica, la competencia leal y la libertad de establecimiento. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha declarado que este retraso tiene un “enorme efecto sobre las actividades de los negocios y nos resta competitividad”. Por ello, ATA “exige la implantación en España de un régimen real de simplificación/exención de IVA para pequeños negocios, alineado con la UE, que reduzca cargas administrativas y facilite el cumplimiento”.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha justificado la no implementación del régimen de franquicia en España argumentando que el país ya dispone de regímenes especiales simplificados de IVA, como el régimen simplificado y el recargo de equivalencia, diseñados para reducir la carga administrativa. Además, el Gobierno ha señalado que la aplicación de la franquicia podría suponer una pérdida de ingresos superior a 2.000 millones de euros anuales y podría incrementar el riesgo de fraude fiscal.

Sin embargo, organizaciones empresariales como ATA y CEPYME critican este argumento, señalando que los regímenes simplificados actuales no eliminan las obligaciones fundamentales del IVA, como la repercusión del impuesto, la presentación de declaraciones trimestrales y la necesidad de mantener una contabilidad específica del impuesto. Estas cargas son precisamente las que el régimen de franquicia eliminaría por completo para los negocios de menor dimensión.

Un Año de Inseguridad Legislativa.

Aunque el Gobierno ha rechazado implementar la franquicia en territorio nacional, sí ha publicado un proyecto de Orden para aprobar los modelos tributarios 041 y 350 que permitirán a los empresarios españoles solicitar la aplicación de la franquicia para las operaciones que realicen en otros Estados miembros. Esta solicitud será posible siempre que el volumen anual de operaciones comunitario no exceda de 100.000 euros.

A pesar de esta medida parcial, la normativa española carece de un régimen general de franquicia del IVA basado en un umbral de facturación. Según Lorenzo Amor, la falta de previsión legal de un umbral de exención y la inexistencia de procedimientos de control y registro adaptados son obstáculos principales que llevan a los autónomos a vivir con una “inseguridad legislativa que se ha instalado en nuestro día a día”. En la práctica, los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no pueden acogerse al IVA franquiciado aunque su facturación fuese insuficiente para subsistir.

Este estancamiento legal mantiene a los autónomos españoles en una posición de desventaja competitiva y administrativa frente al resto de la UE, donde la práctica totalidad de los países han adoptado el régimen con umbrales variables, lo que refuerza la denuncia interpuesta por ATA ante las instancias europeas.