| STSJ CLM 1171/2026 - Fecha: 15/06/2026 |  |
| ROJ: 1648/2026 - Nº Recurso: 367/2025 | Procedimiento: Recurso de suplicación |
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social -
Sección: 1
Tipo de Resolución: Sentencia -
Sede: Albacete -
Ponente: MONTSERRAT CONTENTO ASENSIO
ECLI: ES:TSJCLM:2026:1648 -
Id Cendoj: 02003340012026100493
En Albacete, a quince de Junio de dos mil veintiséis.
Vistas las presentes actuaciones por la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, compuesta por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as anteriormente citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el RECURSO DE SUPLICACION número 367/25, sobre OTROS DERECHOS LABORALES, formalizado por la representación de SEPE, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Albacete, en los autos número 208/23, siendo recurrido/s Enma; y en el que ha actuado como Magistrada-Ponente Dª. Montserrat Contento Asensio, deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 21/1/25, se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Social número 1 de Albacete, en los autos número 208/23, cuya parte dispositiva establece:
«Estimo la demanda formulada por Dª. Enma, sobre SEGURIDAD SOCIAL (RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN), contra el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, y, en consecuencia, procede reconocer a la actora el derecho a compatibilizar el derecho de la Renta Activa de Inserción con el trabajo a tiempo parcial que venía realizando, con las condiciones expuestas en la norma de referencia (artículo 10.2.b) del Real Decreto 1369/2006), condenando al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL a que abone a la actora la cantidades económicas dejadas de percibir desde su denegación, así como a estar y pasar por esta declaración.»
SEGUNDO.- Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos Probados:
«
PRIMERO.- Mediante Resolución de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 11 de agosto de 2.014, se le reconoció a Dª. Enma un grado de discapacidad del 48%, con carácter definitivo. (Documentos nº 2 y 3 aportados con la demanda).
SEGUNDO.- Por Resolución de la Dirección Provincial de Albacete del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (S.E.P.E), de fecha 23 de octubre de 2.021, le fue reconocido a la actora el derecho a incorporarse al Programa de Renta Activa de Inserción (R.A.I.) y a percibir la prestación correspondiente. En el momento presentar su solicitud, la actora se encontraba inscrita ininterrumpidamente como desempleada en la oficina de empleo durante 12 o más meses y en situación de búsqueda activa de empleo. (Documento nº 9 aportado con la demanda).
TERCERO.- En fecha 11 de agosto de 2.022, la actora firmó contrato de trabajo indefinido, a tiempo parcial (50% de la jornada ordinaria), con la empresa LOPEZABE, S.L., dedicada a la actividad de restaurantes y puestos de comida, con la categoría profesional de "Ayudante de sala" y percibiendo un salario según Convenio colectivo de referencia, que es el propio de la empresa VIPS. (Documento nº 5 aportado con la demanda).
CUARTO.- Mediante Resolución del S.E.P.E. de 16 de agosto de 2.022 se le reconoció expresamente a la actora la compatibilidad de la R.A.I. con el trabajo a tiempo parcial, si bien deduciendo del importe de la citada prestación la parte proporcional al tiempo trabajado, ampliándose en la misma proporción el período pendiente de percibir mientras se compatibilice con dicho trabajo, siendo la cuantía a percibir la de 7,72 Ç desde el inicio de la citada relación laboral.
QUINTO.- Próximo a alcanzar la fecha de finalización de la R.A.I., la actora presentó solicitud de renovación de la misma, sin que las condiciones personales y laborales que venía disfrutando hasta ese momento hubieran sufrido variación significativa alguna.
SEXTO.- Mediante Resolución del S.E.P.E. de 17 de noviembre de 2.022, se desestimó la solicitud de la actora por el siguiente motivo: "En el momento de la solicitud de admisión al programa, estaba vd. realizando un trabajo, por lo que no reúne la condición de desempleado".
SÉPTIMO.- No estando la actora conforme con el contenido de dicha Resolución, el 10 de enero de 2.023 presentó escrito de reclamación previa, el cual fue expresamente desestimado mediante nueva Resolución del S.E.P.E. de 30 de enero de 2.023, por motivo de que "El artículo 2.1.b) del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el Programa de Renta Activa de Inserción ... establece que "podrán ser beneficiarios del programa los trabajadores desempleados menores de 65 años (...)", por tanto, en el momento de la solicitud el interesado debe estar desempleado, situación que no concurría en su caso".»
TERCERO.- Que contra dicha Sentencia se formalizó Recurso de Suplicación, en tiempo y forma, por la representación de SEPE, el cual fue impugnado de contrario, elevándose los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, en la que, una vez tuvieron entrada, se dictaron las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma; poniéndose en su momento a disposición del/de la Magistrado/a Ponente para su examen y resolución.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: El juzgado de lo social nº1 de Albacete dicta sentencia de fecha 21 de enero de 2025, por la que estima la demanda entablada y reconoce a la actora el derecho a compatibilizar el derecho de la Renta Activa de Inserción con el trabajo a tiempo parcial que venía realizando, con las condiciones expuestas en la norma de referencia (artículo 10.2.b) del Real Decreto 1369/2006), condenando al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL a que abone a la actora la cantidades económicas dejadas de percibir desde su denegación, así como a estar y pasar por esta declaración.
En la demanda entablada, se solicita la revocación de una resolución administrativa que denegó a la actora su derecho a percibir la Renta Activa de Inserción (RAI), cuya renovación instó. La actora había sido reconocida con un grado de discapacidad y se encontraba inscrita como desempleada, cumpliendo los requisitos para acceder a la RAI. Tras firmar un contrato de trabajo a tiempo parcial, se declaró compatible con la prestación, si bien su solicitud de renovación fue desestimada por el SEPE, argumentando que no cumplía con la condición de desempleo. El tribunal, tras analizar los hechos probados y la normativa aplicable, concluye que la actora ya estaba incluida en el programa de RAI y que la normativa permite la compatibilidad de esta prestación con el trabajo a tiempo parcial, deduciendo la parte proporcional del importe. Por lo tanto, se estima que la resolución impugnada se basa en premisas erróneas y se reconoce el derecho de la actora a compatibilizar la RAI con su trabajo, ordenando al SEPE el abono de las cantidades dejadas de percibir.
Frente a tal pronunciamiento se alza formalizando recurso de suplicación, la Abogacía del Estado en representación del SEPE, al amparo del apartado b) del art.193 LRJS.
Ha impugnado el recurso la defensa letrada de la beneficiaria.
SEGUNDO: Como hemos adelantado, el primer y único motivo del recurso se destina a la revisión de hechos probados de la sentencia, en concreto se propone modificar el HP5º, en el que el juzgador recoge: "QUINTO. - Próximo a alcanzar la fecha de finalización de la RAI, la actora presentó solicitud de renovación de la misma, sin que las condiciones personales y laborales que venía disfrutando hasta ese momento hubiera sufrido variación significativa alguna", por el siguiente texto: "QUINTO. - Habiendo finalizada el programa de Renta Activa de Inserción aprobado por resolución de 23 de octubre de 2021, la actora presentó nueva solicitud de alta inicial, sin que las condiciones personales y laborales que venía disfrutando hasta ese momento hubiera sufrido variación significativa alguna".
En el motivo, se argumenta que la sentencia recurrida omite datos esenciales para la correcta valoración del caso, específicamente en relación con la duración y compatibilidad de la RAI con el trabajo a tiempo parcial. Se expone que, según la normativa vigente, la duración máxima de la RAI es de 11 meses y que, tras la compatibilidad reconocida con un contrato a tiempo parcial, el período de percepción debería ampliarse proporcionalmente; y se hace valer que la solicitud presentada por la demandante no es una renovación, sino una nueva solicitud, ya que la RAI había finalizado antes de dicha solicitud, de tal forma que al no cumplir con los requisitos para acceder a la RAI, puesto que no estaba en desempleo al trabajar a tiempo parcial, la denegación de la solicitud es ajustada a derecho. Esto en esencia se quiere trasladar al HP5º.
Viene reiterando esta Sala que es doctrina jurisprudencial aquella que exige que la alteración de hechos probados se funde en un documento del cual derive "con fuerza eficaz y probatoria" el error padecido por el juzgador de instancia, sin necesidad de proceder a nueva valoración de la prueba practicada (STS 16 marzo 1998), lo que necesariamente exige que se sostenga en documentos incorporadas a los autos, reseñando "de manera suficiente para que sean identificados" el documento o documentos y las razones por las cuales esos documentos reflejan el error y dan lugar a la modificación de hechos. Como dice la Jurisprudencia (TS 25 de septiembre de 2018, recurso: 43/2018, y las que cita de 28 mayo 2013, recurso 5/20112; 3 julio 2013, recurso 88/2012; 25 marzo 2014, recurso 161/2013; y 2 marzo 2016, recurso 153/2015) es necesario que la errónea apreciación de la sentencia impugnada "derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada", y que "se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo".
La propuesta de modificación del hecho probado infringe estos requisitos, ya que por un lado no identifica el documento del procedimiento en el que se base el hecho propuesto, y por otro lo que hace es introducir consideraciones jurídicas para contradecir los argumentos de la sentencia, lo que tiene sede en la valoración jurídica y no en la determinación de los hechos. De cualquier forma no afecta al resultado del litigio, pues la propuesta se limita a argumentar el sentido de la petición cursada por la actora de alta en la prestación o renovación de la que venía percibiendo, en cualquier caso la cuestión litigiosa final, no es el matiz que se quiere introducir, sino si la actora reunía los requisitos legalmente exigibles para continuar percibiendo la prestación RAI, por el hecho de venir trabajando a tiempo parcial, cuestión eminentemente jurídica que se debate seguidamente.
TERCERO: Es significativo que el recurso solo contiene el referido motivo destinado a la revisión fáctica de la sentencia, y no se propone motivo alguno en el que se indiquen los preceptos de normas sustantivas o de la jurisprudencia que considera infringidos por la resolución de instancia.
El recurso interpuesto, al margen de la inadmisibilidad que derivaría de la modificación fáctica planteada, en la que se limita a proponer una valoración distinta de los medios probatorios ya tomados en consideración por el juzgador, lo que resultaría rechazable, debe ser desestimado, también por las siguientes razones.
A la hora de resolver el recurso en los términos planteados, hay que partir de la consideración que el recurso de suplicación no se configura como un recurso de apelación, ni como una segunda instancia, sino que se trata de un recurso extraordinario, cuyo objeto está claramente limitado, de tal forma que el Tribunal que conozca de él no puede entrar a valorar toda la prueba practicada en la instancia, ni a revisar todo el derecho aplicado, antes al contrario, debe circunscribirse a las específicas cuestiones planteadas por las partes, lo que les obliga a cumplimentar una serie de requisitos formales claramente impuestos por la Ley y profusamente interpretados por la Jurisprudencia.
Estos requisitos vienen recogidos en los artículos 193 y siguientes de la LRJS, e implican la necesidad de que en el recurso se especifique la vía procedimental elegida, esto es, la que brinda el art. 193 de la aludida Ley en sus apartados a), b) y c), traducida en la petición de nulidad de las actuaciones practicadas, en la modificación del relato fáctico o en el examen del derecho aplicado.
Si el cauce elegido es el del art. 193.b), será preciso concretar si lo que se persigue es la modificación, la supresión o la adición de uno o varios de los hechos que se declaran probados, ofreciendo, en su caso, el correspondiente texto alternativo, resultando absolutamente imprescindible la cita clara y explícita del documento o de la pericia en el que se sustente la revisión postulada. Por otro lado, se debe instrumentalizar la revisión de los hechos probados mediante los elementos probatorios tendentes a poner en evidencia el error del juzgador para luego plantear las consecuencias jurídicas derivadas de una indebida aplicación del derecho. Así, a nada útil conduce una modificación de los hechos probados que, por no tener un correlativo motivo del examen del derecho aplicado, no supondría modificación alguna en el fallo, dado que la Sala tan sólo puede entrar al examen de las infracciones alegadas por la recurrente, pues de otro modo equivaldría a atribuirle la construcción "ex oficio" del recurso, quebrantando el principio de igualdad procesal de las partes.
Esto conlleva que deban ser desestimados aquellos recursos en los que solo se alegan motivos de revisión fáctica del artículo 193 b) LRJS, que no vayan acompañados de revisión jurídica de la sentencia.
En el presente caso, la parte recurrente únicamente formula un motivo de recurso amparado en el art. 193 b) LRJS, para postular la revisión de los hechos probados de la sentencia de instancia, pero la interposición de dicho motivo no va acompañada de ningún motivo de censura jurídica de la sentencia, siendo ello imprescindible para examinar la correcta aplicación de la norma a la nueva situación fáctica que se pretende introducir.
Finalmente significar, que en cualquier caso, y aun cuando pudiéramos entender, a pesar de la técnica con la que se ha formulado el recurso, que también se pretende la revisión jurídica de la sentencia pues se cuestiona la valoración de la prueba, en los motivos basados en el apartado c) del artículo 193 LRJS, el recurrente debe:
a) citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática;
b) razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos, lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.
De acuerdo con estas premisas, el Tribunal Constitucional tiene establecido que, al enjuiciar el cumplimiento de los requisitos de admisión del recurso de suplicación, debe tenerse presente que éste no es un recurso de apelación ni una segunda instancia sino un recurso de naturaleza extraordinaria, de objeto limitado, en el que la Sala no puede valorar de nuevo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes. El carácter extraordinario del recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales aunque lo relevante "no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido" y que "desde esta perspectiva, resulta obligado concluir que el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso, no debe rechazar ab límine el examen de su pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas, cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer, precisa y realmente, la argumentación de la parte" (STC 18/1993).
El recurso no cumple tales exigencias, ni siquiera en los términos permitidos por el Tribunal Constitucional, pues tan solo muestra su disconformidad con la sentencia y la valoración de la prueba, pero si bien cita los preceptos de aplicación referidos a la prestación que nos ocupa, a los efectos de que se modifique el HP5º, no se indica en qué aspecto la sentencia de instancia los infringe.
En cualquier caso debemos significar que el criterio mantenido por el juzgador de instancia ya ha sido analizado y mantenido por esta Sala entre otras en sentencia 468/2019 de 27 Mar. 2019, Rec. 1758/2017 "...La cuestión es si prestar servicios por cuenta ajena y percibir una retribución en las circunstancias reseñadas excluyen la concurrencia del requisito de ser demandante de empleo inscrito para los supuestos de solicitud inicial de la prestación, siendo evidente que quien se encuentra en esa tesitura antes de encontrar el empleo estaba inscrita como demandante y que quien lo estaba permanece como tal si su ocupación es parcial en porcentajes inferiores a la mitad de una jornada ordinaria. El supuesto de hecho de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2010, recurso 1948/2009 es el siguiente: Una trabajadora que presta servicios por cuenta ajena para una empresa en virtud de un contrato indefinido a tiempo parcial percibiendo unos ingresos líquidos de 83,47 euros al mes, que solicitó al INEM la prestación de Renta Activa de Inserción siéndole denegada por no reunir la condición de desempleada, esto es, por no reunir el requisito del artículo 2.1 b) del RD 1369/2006. (situación asimilable a la que nos ocupa). ...En esta sentencia se identifica el núcleo de la decisión con la interpretación del requisito del desempleo del beneficiario de la renta activa de inserción, procediendo a examinar la naturaleza y finalidad de la acción protectora que con la misma se persigue como elemento determinante de la solución jurídica. Al respecto se dice que una interpretación literal del artículo 2.1 llevaría a exigir sin duda alguna la inscripción como demandante de empleo, pero a continuación expresa lo siguiente:
"El término "desempleados" que se utiliza en la primera frase del mismo se completa con la concurrencia acumulativa de los cuatro requisitos que a continuación se enumeran, siendo la inscripción como demandante de empleo - en los términos expresados en la letra a) del art. 2.1 analizado-, una condición para acreditar la situación de exclusión respecto de la población activa.
La justificación de la exigencia de la falta de empleo guarda íntima relación con el hecho de que la prestación objeto de la litis tiene un contenido doble, pues no se agota con la ayuda económica, sino que incluye la incorporación del beneficiario en acciones de inserción laboral, para lo cual se le exige una suerte de "contraprestación", formal y expresamente plasmada en el compromiso de actividad, regulado en el art. 3 del RD 205/2005, que remite al art. 231.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. A tenor de éste, "se entenderá por compromiso de actividad el que adquiera el solicitante o beneficiario de las prestaciones de buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional para incrementar su ocupabilidad, así como de cumplir las restantes obligaciones previstas en este artículo".
El citado compromiso lleva implícito de nuevo la falta de actividad laboral o profesional de quien lo suscribe, precisamente porque se trata de persona ubicada en aquellos colectivos definidos por especiales necesidades de inserción.
Un análisis sistemático del texto reglamentario permite abundar en lo dicho. No sólo el art. 1 del RD 205/2005, al definir el objeto, señala que la renta activa de inserción está "dirigida a los desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad de encontrar empleo", sino que, estando los requisitos para el acceso a la renta mínima de inserción impuestos en el repetido art. 2, el art. 9 reitera que, "para incorporarse al programa, los trabajadores deberán encontrarse en desempleo demandando empleo, solicitarlo conforme a lo previsto en el art. 12.1, suscribir el compromiso de actividad en la fecha de la solicitud, así como reunir y acreditar los requisitos exigidos".
A tenor de la literalidad expuesta, la condición de desempleado ha de producirse antes del reconocimiento de la prestación y debe acreditarse en los términos en que literalmente se señalan en el precepto reglamentario que invoca la parte recurrente. Si el art. 11 permite la compatibilidad de la renta activa de inserción con el trabajo a tiempo parcial lo hace en referencia al momento posterior a la concesión de la prestación, partiendo de que no cabrá el reconocimiento de la misma cuando el solicitante no reúna la condición de desempleado. Que ello es así lo pone de relieve el que sea en el precepto anterior, en el art. 10, en donde se establece la casuística por la que el beneficiario puede ser baja, definitiva o temporalmente, en el programa.
La realización de trabajo a tiempo parcial de los beneficiarios de renta activa de inserción se regula a los efectos de fijar las consecuencias. De suerte que es compatible la renta activa de inserción con la colocación posterior en un trabajo a tiempo parcial; y dicho empleo no provocará la pérdida de la prestación, sino la reducción de la misma.
Hemos de añadir, no obstante que, partiendo de la evolución histórica antes recogida, con una clara tendencia a la ampliación de los beneficiarios, no cabe sino concluir que el abanico de protección dispensado a quienes carecen de empleo -integrada tradicionalmente por las prestaciones de nivel contributivo y asistencial- se ha venido a completar a través de la renta activa de inserción (RAI). Ésta añade un plano más en la cobertura de las necesidades generadas por la falta de empleo: la inserción profesional - medio íntimamente ligado al de la inserción social- de quienes se hallan fuera del mercado de trabajo por razón de determinadas características personales.
A éstas características personales se ha atendido coyunturalmente a lo largo del desarrollo de este tipo de políticas, incluyendo, básicamente, a los sujetos necesitados por razones de edad, alejamiento sostenido de la actividad laboral, carencia de acceso a prestaciones económicas- contributivas o asistenciales- por razón de la falta de empleo, bajo nivel de recursos, minusvalía, emigración retornada o violencia de género, combinadamente.
Todos estos individuos comparten una característica común, a la que se pretende atender, consistente en una inactividad no voluntaria "strictu sensu", sino motivada por especiales dificultades en ellos concurrentes, como circunstancia que los coloca en peligro de exclusión social. Estamos ante una modalidad de la acción protectora por desempleo que presenta autonomía propia y que ha de abordarse en atención a los fines que le son propios.
La protección se ofrece a quienes no están incluidos en el mercado laboral y, contrariamente, excluye a quienes se hallan en activo. Por ello, la finalidad misma de esta modalidad de protección no debe impedir apreciar la concurrencia de la situación de desempleo exigida en las reglas reglamentarias expuestas cuando, como aquí sucede, se da una apariencia formal de empleo exenta de un contenido que verdaderamente pueda calificarse como tal - siendo un empleo que, por otra parte, no impide el alta de la actora como demandante de empleo.., en consonancia con las situaciones de empleo a tiempo parcial-.
Los preceptos analizados parten de la presunción de que tener un empleo elimina el riesgo de exclusión al que la norma pretende subvenir. De ahí que por desempleo haya de entenderse la falta de una ocupación que permita la más mínima subsistencia. Dicho de otro modo, el empleo que impide el acceso a los programas de inserción es aquél que coloca al individuo dentro de la población realmente activa, aun cuando se trate de un trabajo a tiempo parcial.
Ha de tenerse en cuenta que la cuantía de la renta activa de inserción es "igual al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento" (art. 4.2 RD 205/2005).
.... A los efectos de soslayar el impedimento para el acceso a la renta activa de inserción no será una verdadera ocupación la de quien perciba un salario mensual de proporciones llamativamente escasas, obtenido por un trabajo que ha de calificarse de marginal, por más que, desde el plano jurídico-laboral responda, ciertamente, al concepto de salario y sea la prestación correspondiente a un verdadero contrato de trabajo. La idea de la irrelevancia del trabajo marginal aparece ya apuntada en las sentencias de esta Sala que abordan la cuestión de la incompatibilidad entre las prestaciones de desempleo y el trabajo por cuenta propia. Desde la STS de 4 de noviembre de 1997 (rcud. 212/1997) - reiterada después en las STS de 29 de enero de 2003 (rcud. 1614/2002), 1 de febrero de 2005 (rcud. 5864/2003)-, se indica que "La regla general es la incompatibilidad y la excepción por trabajo a tiempo parcial -marginal o no- sólo juega para el trabajo por cuenta ajena, como con énfasis subraya el precepto, sin dejar duda sobre el alcance de la excepción que no alcanza al trabajo por cuenta propia". Es cierto que el objeto de los litigios en aquello supuestos era distinto al que ahora se nos somete a conocimiento y que la incompatibilidad de las prestaciones contributivas y asistenciales de desempleo se regula por una mención expresa a los trabajos a tiempo parcial en el art. 221 del TRLGSS, pero del tenor de los razonamientos de la Sala podría deducirse que se apunta ya a la irrelevancia de los trabajos meramente marginales y que éstos se configurarían como aquéllos en los que el volumen de jornada a tiempo parcial es prácticamente testimonial.
Sin duda, el salario mensual de la actora, puesto en relación con el importe de la ayuda que solicitaba, la sitúa en una posición mucho más cercana de quien nada percibe que de aquéllos que tienen cubiertas la necesidad de integración profesional y social y, por ende, están fuera del marco de protección de esta modalidad de prestación. En suma, la condición de desempleado involuntario ha de predicarse también en estas situaciones en donde el único empleo al que tiene acceso la persona solicitante implica una ocupación que, ni interrumpiría su condición de demandante de empleo-ex art. 2.1 b) del Real Decreto-, ni le hace perceptor de rentas superiores a las señaladas en la norma reglamentaria por la que se regula la prestación, las cuales marcan la subsistencia, con independencia de cuáles sean las consecuencias de la compatibilidad, que aquí no se discuten".
....cumpliéndose así todos los requisitos que llevan a la misma conclusión para el caso concreto que ahora se examina en el que existiendo una prestación de servicios anterior a la solicitud-renovación de la prestación de Renta Activa es denegada ésta por no tener condición de desempleada pese a que sus ingresos mensuales son muy reducidos, muy por debajo del salario mínimo y de los límites de ingresos que delimitan también como requisito el acceso a la prestación (artículo 2.1, apartado d) y muy por debajo del importe de la prestación.
.....A todo lo expuesto debe añadirse que cuando el precepto del artículo 2.1 establece como requisito en el apartado d) el de carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, dentro de lo que son "rentas de cualquier clase" se incluyen los salarios que se perciban por trabajo, y por tanto es imposible excluir por el apartado b) aquellos casos en los que se perciben salarios, siempre que se pueda estar inscrito como demandante de empleo, lo que ocurre cuando se prestan servicios a tiempo parcial como resulta de la compatibilidad del trabajo a tiempo parcial con el subsidio de desempleo (artículo 15, Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, y artículo 281 LGSS; y artículo 10 RD 1369/2006); estas reglas de compatibilidad no distinguen el orden en el que aparecen en el tiempo uno y otro fenómeno y por tanto no puede resultar incompatible la renta activa con ese trabajo a tiempo parcial, se reconozca aquélla antes o después del acceso al trabajo.
Todo lo expuesto lleva a la estimación del recurso ...reconociéndose a la demandante el derecho a percibir Renta Activa de Inserción".
Criterios trasladables a nuestro supuesto, en el que la trabajadora que se mantiene en situación demandante de empleo y trabaja a tiempo parcial, trabajo declarado compatible con la percepción de la prestación RAI, cumple los requisitos para mantener la prestación cuya renovación solicitó, y que confirman la decisión de instancia, y que apuntamos pese a la defectuosa configuración del recurso.
Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso, sin imposición de costas procesales.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por la representación del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL frente a la sentencia de 21 de enero de 2025 dictada por el juzgado de lo social nº1 de Albacete en sus autos nº 208/2023, que confirmamos en su integridad. SIN COSTAS.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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