Revisión de la prestación por cese de actividad del COVID-19 de los autónomos

    Ya advertíamos al inicio de la ya lejana pandemia que el reconocimiento de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos, solicitadas presentando tan solo una declaración responsable de cumplir con los requisitos, se realizó de forma provisional y podía ser revisado con posterioridad, pues así se establecía en las distintas normas  que, desde 2020 hasta 2022, regularon esta prestación.
    
    De este modo las Mutuas que las concedieron, disponen de hasta cuatro años para reclamar las cantidades indebidamente percibidas, así como las cuotas de autónomos dejadas de ingresar por esta causa.

    
    Desde hace unos meses estamos conociendo que las Mutuas que concedieron esas prestaciones están llevando a cabo, de forma generalizada, revisiones de las mismas y están remitiendo a los autónomos afectados comunicaciones requiriéndoles para que acrediten si, cuando recibieron la ayuda, cumplían con los requisitos establecidos legalmente para tener derecho a percibirla.
    
    Es necesario señalar que, desde el 14 de Marzo de 2020, ha habido hasta siete regulaciones diferentes de esta prestación; y que los requisitos han ido cambiando en cada una de las prórrogas; por lo que su justificación resulta compleja para muchos autónomos, especialmente para aquellos que, por su sector de actividad, se acogieron a más de una regulación o prórroga.

¿Qué requisitos revisan las mutuas?

    Los aspectos a revisar viene determinados, en su mayor parte, además de por la normativa reguladora de cada prestación, por el Criterio 19/2023, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de Noviembre de 2023.

1. Documentación aportada.
   
   Se revisa si se aportó la documentación requerida en su momento para percibir la prestación, si falta alguna documentación (por ejemplo, sobre el alta o baja en el RETA, sobre las bases de cotización, sobre si se percibían otras prestaciones,...), o si debe completarse con documentación adicional.
2. Importe de prestación concedido.
   
   Se puede plantear por la Mutua si el importe reconocido provisionalmente es superior al que correspondía y se puede solicitar que se justifiquen cuáles eran las bases de cotización en ese momento, si se cotizaba por la prestación por cese, etc...
3. Incumplimiento de límites de ingresos y/o reducción de la facturación.
   
   La prestación estaba vinculada a no superar determinados niveles de ingresos y, sobre todo, a sufrir una reducción de, al menos, el 75% de la facturación, puesto en comparación con el periodo de referencia que establecía cada una de las regulaciones que se fueron sucediendo; por lo que la Mutua puede requerir que se acredite, con la documentación fiscal (IVA, IRPF,...), esa reducción.
4. No suspensión de la actividad.
   
   Se cuestiona por la Mutua si la actividad a la que se dedica el autónomo, según el CNAE que consta en la TGSS, estuvo obligatoriamente suspendida por la autoridad sanitaria correspondiente y se interesa que se justifique que era obligatoria la suspensión aportando la norma y orden que lo acordase.
5. No estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
   
   Se revisa si el autónomo, en el momento de percibir la prestación, se encontraba o no al corriente de pago de sus cuotas con la Seguridad Social y, en su caso, se efectúa al autónomo la "invitación al pago" de las cuotas adeudadas, en el plazo de 30 días naturales. Si se verifica el pago en ese plazo, se entenderá que el autónomo si está al corriente de pago.
   
   Sin embargo, si se trata de deudas relativas a los trabajadores que el autónomo tiene a su cargo, no cabe la "invitación al pago" y el afectado deberá acreditar que sí se encontraba al corriente de pago de esas obligaciones en el momento en que solicitó la prestación.

¿Qué exigen la Mutuas al trabajador autónomo afectado?

    Pues que se justifique cada una de las incidencias detectadas, aportando la documentación  que resulte pertinente, en función del motivo de revisión que se comunica al afectado.

    
    Para ello, las Mutuas están concediendo a los afectados un plazo entre 10 y 15 días para que aporten la justificación que se les solicita, de conformidad con lo establecido para el trámite de audiencia en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

    Asimismo, indican que, si no se acredita o justifica que se cumplen los requisitos cuestionados, se procederá a exigir la cantidad que se considera indebidamente percibida, que, en la mayoría de los casos, se divide en la prestación por cese y en las bonificaciones o reducciones de la cotización a la Seguridad Social.

¿Qué puede hacer el autónomo?

    1.-Pues puede justificar el cumplimiento de los requisitos, aportando la documentación que así lo acredite, dentro del plazo de entre 10 y 15 días que las Mutuas están concediendo a tal fin.

    Como hemos dicho, cumplimentar esta justificación puede resultar complejo en muchas ocasiones; y es por ello que la organizaciones que representan a los trabajadores autónomos han solicitado al Ministerio de Seguridad Social que proceda a ampliar este plazo, por considerarlo insuficiente, proponiendo que se fije un plazo de hasta 30 días.

    2.- También puede optar por devolver el importe reclamado si entiende que, efectivamente, no cumple los requisitos exigidos para percibir la prestación, o no puede aportar las justificaciones que se le exigen.

    En este caso, las organizaciones que representan a los trabajadores autónomos han solicitado al Ministerio de Seguridad Social que contemple la posibilidad de que se reconozcan a los autónomos que tengan que devolver las cantidades indebidamente percibidas aplazamientos de hasta 24 meses.

¿Qué trámites se siguen tras el plazo para justificar?

    Finalizada la revisión, se dictará un acuerdo administrativo - porque no debe olvidarse que las Mutuas son entidades gestoras de una prestación del sistema de Seguridad Social - en el que, si no se cumplen los requisitos, o no se justifican las incidencias detectadas, se puede:

1. Anular la concesión provisional de la ayuda, declarando que las cantidades percibidas son prestaciones indebidas y reclamando la devolución de las mismas y; en su caso, también de las cotizaciones sociales de las que se benefició el autónomo.
2. Revocar parcialmente la concesión provisional, por entender que se ha percibido la misma en cuantía superior a la que correspondiese. El exceso percibido se declarará como prestación indebida y se exigirá su devolución.

  
    Si el trabajador autónomo no está de acuerdo con la decisión administrativa (en cualquiera de los dos casos citados), podrá interponer contra la misma una Reclamación Previa a la vía judicial.


    La Reclamación Previa, que es un requisito establecido en la Ley para poder acudir posteriormente a los Tribunales, debe presentarse ante la Mutua de manera que quede constancia de la fecha de su recepción.
    
    Si la Reclamación Previa es desestimada, bien de forma expresa, bien por silencio administrativo, quedará abierta la vía para acudir al Juzgado presentado una demanda contra el acuerdo de la Mutua, siendo aconsejable que cuente para ello con un abogado o graduado social.

¿Y si todo está correcto?

    Si se comprueba en la revisión que el trabajador autónomo cumplía con todos los requisitos exigibles en el momento en que se le reconoció la prestación, la resolución provisional se convertirá en definitiva y se confirmará su derecho al disfrute de la prestación, finalizando así el proceso de revisión.

Formularios

Reclamación previa frente a resolución de Mutua revisando prestación por cese de actividad de autónomo por Covid.