Artículo 2 bis. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, derechos y libertades de los extranjeros en España

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, derechos y libertades de los extranjero en España y su integración social


Artículo 2 bis. La política inmigratoria.

    1. Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales.

    2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios:

    a) la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea;

    b) la ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la situación nacional del empleo;

    c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía;

    d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;

    e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la Ley;

    f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas;

    g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas;

    h) la persecución de la trata de seres humanos;

    i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social;

    j) la promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y tránsito de inmigración, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios, así como a fomentar y coordinar las iniciativas de cooperación al desarrollo y codesarrollo.

    3. El Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia.

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