STSJ CAT 2928/2019 - Fecha: 28/03/2019
Nº Resolución: 318/2019 - Nº Recurso: 265/2016	Procedimiento: Contencioso

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso - Sección: 1
Tipo de Resolución: Sentencia - Sede: Barcelona - Ponente: JUAN ANTONIO TOSCANO ORTEGA
ECLI: ES:TSJCAT:2019:2928 - Id Cendoj: 08019330012019100316


    En la ciudad de Barcelona, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve .

    VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 265/2016, interpuesto por Jose Francisco , representado por el/la Procurador/a D. CECILIA DE YZAGUIRRE MORER, contra TEAR , representado por el ABOGADO DEL ESTADO.

    Ha sido Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a DON JUAN ANTONIO TOSCANO ORTEGA, quien expresa el
parecer de la SALA.


    PRIMERO.- Por la representación procesal de Jose Francisco se interpone recurso contencioso-administrativo contra la actuación administrativa que se cita en elfundamento de derecho primero mediante escrito registrado en este Tribunal en fecha 12 de abril de 2016.

    SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les da el cauce procesal previsto por la Ley 29/1998, de esta jurisdicción, habiendo despachado las partes actora y demandada, llegado su momento y por su orden respectivo, los trámites conferidos de demanda y de contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y los fundamentos de derecho que en ellos constan, solicitan respectivamente la anulación de la actuación administrativa objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos. Continuando el proceso su curso por los trámites procesales que aparecen en autos, habiéndose formulado los escritos de conclusiones por las partes actora y demandada, se señala día para votación y fallo, lo que tiene lugar en la fecha fijada.

    TERCERO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.


    PRIMERO.- El objeto del presente recurso contencioso-administrativo reside en las pretensiones formalizadas por las partes litigantes en el proceso en torno a la impugnación jurisdiccional por la actora de la resolución de fecha 26 de octubre de 2015 dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, por la que se acuerda " estimar en parte la presente reclamación, anulando el acuerdo de liquidación impugnado y retrotrayendo las actuaciones de conformidad con lo expuesto en el fundamento de derecho quinto de la presente reclamación confirmando el resto de gastos regularizados "; se trata de la reclamación económico-administrativa número NUM000 interpuesta en fecha 17 de mayo de 2013 contra el acuerdo dictado en fecha 12 de abril de 2016 por la Administración de Sabadell, Agencia Estatal de Administración Tributaria, de liquidación por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2011 (importe a devolver de 443,46 euros). En lo concerniente a la controversia sobre deducibilidad de gastos por desplazamientos, se reproduce a continuación y en parte los hechos 3, 4, 5 y 6 y el fundamento de derecho 6 de la resolución económico-administrativa recurrida:




    SEGUNDO.- En su escrito de demanda el actor interesa que " se dicte Sentencia por la que de conformidad con los motivos expuestos por esta parte, este Tribunal acuerde estimar íntegramente la presente demanda, y la anulación de la resolución del TEARCat, en el sentido de admitir la deducibilidad de los gastos objeto de discusión ". La parte demandada contesta la demanda con oposición a la misma y solicitud de dictado de " sentencia por la que se desestime el presente recurso contencioso-administrativo ".

    No habiéndose opuesto en el proceso por la parte demandada óbice de procedibilidad alguno que impida el conocimiento de la cuestión suscitada por las partes en el debate procesal, procede entrar en el fondo del asunto y examinar si resulta ajustado a derecho el acuerdo liquidatorio en la medida en que la regularización practicada no admite como fiscalmente deducibles determinados gastos por viajes incluidos por el sujeto pasivo recurrente en su declaración-liquidación del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, ejercicio 2011.

    En relación con ello, debe partir este Tribunal de que, efectivamente, entre las reglas básicas de determinación de los rendimientos netos de las actividades económicas o profesionales sometidos a tributación por el régimen de estimación directa ( artículos 11.4 , 27 y 28.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, Renta de no Residentes y Patrimonio, en relación con el artículo 10.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades , aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo), se encuentra la de que la base imponible correspondiente se calcula a partir delresultado contable corregido de dicha actividad económica (en el entendido de que la misma corresponde a quienes realicen de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a la actividad), esto es, en régimen de estimación directa deduciendo los gastos de los ingresos. De tal manera que la deducibilidad de gastos se encuentra condicionada por el principio de su correlación con los ingresos por dicha actividad. Así, entre otras muchas, ha dicho ya este Tribunal en su sentencia número 202/2016, de 24 de febrero , dictada en el recurso ordinario número 529/2012, que:






    De tal manera que, efectivamente, además del requisito de resultar necesario o preciso para la obtención de los ingresos, según los principios de contabilidad generalmente aceptados, un gasto sólo tendrá el carácter de gasto fiscalmente deducible si cumple también el denominado requisito de efectividad, esto es, que estando afecto a la actividad, se haya producido efectivamente, esté contabilizado en cuanto que la determinación de la base se realiza en función del resultado contable, lo que corrobora el artículo 22 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, cuyo apartado 2.2º considera no afectados a una actividad económica los que siendo de titularidad del contribuyente no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad económica o profesional que esté obligado a llevar el contribuyente, salvo prueba en contrario, y, además, sea justificado o justificable.

    Bien, a partir de lo anterior, tal como ha venido reiterando la Sala en supuestos procesales similares, la efectiva relación de determinados gastos con los ingresos por actividades económicas o profesionales, presupuestos éstos, es cuestión fáctica que se encuentra sometida a las reglas de la carga de la prueba que antes se contenían en el artículo 114 de la anterior Ley 230/1963, General Tributaria , que ya señalaba que tanto en los procedimientos de gestión como en los de la resolución de reclamaciones quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo, lo que actualmente se contiene en similares términos en el artículo 105 de la vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , tratándose con ello de aplicar en los procedimientos tributarios los principios generales en materia de distribución y carga de la prueba proclamados reiteradamente por la jurisprudencia en el sentido que compete en todo caso a cada parte la carga de probar su pretensión (sentencia de 22 de enero de 200 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo), y recogidos actualmente en el orden procesal por el artículo 217 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil, aunque ciertamente la exigencia a cada parte de probar el supuesto de hecho de la norma que invoca a su favor puede verse matizada, e incluso alterada, aplicando los criterios de razonabilidad, normalidad y facilidad probatoria ( artículo 217.7 de la citada Ley 1/2000 ), regla esta que permite desplazar en determinados supuestos el onus probandi a quien se encentra en mejor disposición de acreditar el hecho controvertido.

    Acerca del principio de correlación de los gastos con los ingresos por la actividad, por ejemplo dijimos en nuestra sentencia número 257/2014, de 20 de marzo (recurso ordinario número 157/2011), concretamente en su fundamento de derecho segundo (se reproduce también parte de su fundamento de derecho tercero donde se resuelve el supuesto concreto allí examinado):



    Para la deducibilidad de los gastos, resulta pues exigible su correlación con los ingresos, de manera que aquellos coadyuven a la obtención de ingresos de la actividad empresarial desarrollada por la sociedad. Ha de partirse del principio que, salvo patente desproporción, no corresponde al sujeto pasivo probar la correlación de los gastos con los ingresos de la actividad más allá de lo que resulta de su declaración-liquidación y contabilización, por lo que habrá de ser la Inspección la que pruebe que, en contradicción con tal contabilidad, los gastos son ajenos a la actividad. La incertidumbre probatoria respecto de este extremo ha de perjudicar pues a la Administración, en virtud de las normas legales sobre la carga de la prueba, que no tienen otro alcance que el de señalar las consecuencias de la falta de prueba. No obstante, cumplida por la Administración tal carga de la prueba, debe ser el interesado quien peche con la carga de desvirtuar la prueba de adverso, mediante la oportuna contraprueba o prueba de lo contrario, debiéndose añadir que en cada caso la carga de la prueba podrá ser modulada por la regla de la facilidad probatoria." - De 30 de junio de 2005, número 773/2005, recurso 150/2001, cuyo Fundamento Tercero expresaba:



    TERCERO.- A la vista de les anteriores consideraciones procede apreciar el recurso por cuanto: (...) 2.- Otro tanto cabe decir del resto de los gastos, considerando que no son manifiestamente inadecuados al ejercicio profesional, ni desproporcionados en su cuantía, debiendo añadirse que en la medida en que el RD 1496/2013 permite los tickets como documentos sustitutivos de las facturas, y hallándose los que se tratan en este proceso entre los supuestos comprendidos en el art. 4 , no son exigibles sino los requisitos exigidos para estos documentos y los elementos acreditados que resulten de los mismos".

    Enlazando con esto último, acerca de la doctrina jurisprudencial sobre la acreditación de los gastos y la deducibilidad de los mismos con la aportación de tickets y en relación al mismo impuesto puede verse por ejemplo la sentencia número 340/2012, de 13 de abril (recurso número 4/2008), de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha , concretamente su fundamento de derecho segundo:



    En semejante sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, núm. 1311/2004 de 21 de diciembre (JT 2005 \167), califica la factura de " medio de prueba por excelencia ", cosa con laque puede estarse de acuerdo, pero que por definición no excluye otros.

    Otras sentencias sin embargo parecen convertir al a factura el único medio de prueba. Así, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de de Murcia 198/2003, de 28 de marzo (JT 2003\630).

    Pasando a la doctrina del Tribunal Supremo, la misma no es lo abundante que podría imaginarse. La sentencia de 14/12/1989 ciertamente se refiere a la necesidad de probar los gastos mediante factura, pero lo hace en el marco de un debate en el que se pretendía la demostración del gasto mediante el mero apunte contable, y no con la intención de limitar a la factura los medios de prueba adicionales a dicho apunte, como prueba la mención inmediata que al art. 114 de la LGT hace la propia sentencia. En este sentido se interpretó ya esta sentencia por esta sala en sentencia de 02/02/1993 (JT 1993\131), donde se dijo: de acuerdo con la S 14-12-1989 (RJ 1989\9699):


    La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2005 (RJ 2005\5242) es invocada pertinentemente por el Tribunal Económico-administrativo y por el Abogado del Estado. En ella se dice lo siguiente:




    En consecuencia, el sujeto pasivo tiene que probar que el gasto contabilizado se ha realizado efectivamente, en los bienes o servicios que se describen en las correspondientes facturas, debiendo justificarse, en cuanto a los gastos derivados de transacciones con terceros, necesariamente a través de una factura expedida por quien realizó la prestación de dar o hacer al sujeto pasivo, factura que es la expresión documental de la ejecución de un negocio jurídico.

    El requisito cuestionado y los demás establecidos, que tienen su respaldo legal en la disposición adicional 7.ª de la Ley 10/1985 , pretende salir al paso de prácticas abusivas tratando de evitar facturas falsas y que éstas sean realizadas con o para otro sujeto pasivo diferente del que pretende hacerla valer, consiguiéndose, por otro lado, que conste la persona con la que contrató el sujeto pasivo.

    Estamos ante la valoración tasada de un medio de prueba, la factura, que tendrá valor probatorio si reúne los requisitos establecidos, sin perjuicio deque sea susceptible de probarse su falsedad, y no tendrá valor probatorio en otro caso, sin perjuicio de que el hecho que trata de acreditar pueda ser probado por otros medios de prueba.

    En definitiva, el Real Decreto 2402/1985, es la manifestación tributaria de la prueba legal o tasada, en la que se persigue la verdad formal ".

    Ahora bien, el carácter aparentemente taxativo de la doctrinaque el Tribunal Supremo sientaqueda francamente puesto en entredicho cuando en la sentencia se matiza "sin perjuicio deque el hecho que trata de acreditar pueda ser probado por otros medios de prueba".

    La LGT de 2003 -no aplicable al caso de autos por razones temporales- indica en su art. 106 que "1. En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normasque sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la Ley establezca otra cosa. (...) 4. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación o mediante el documento sustitutivo emitido con ocasión de su realización que cumplan en ambos supuestos los requisitos señalados en la normativa tributaria " (el subrayado es nuestro). Además, el Real Decreto 2402/1985, antes citado, fue sustituido por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, Reglamento que regula las obligaciones de facturación, con una regulación no idéntica a la del anterior.

    La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2008 (RJ 2009\342), aun referida a un ejercicio en el que esta nueva normativa no era de aplicación, menciona, junto a otros datos, esta nueva normativa, para flexibilizar una interpretación excesivamente estricta de la doctrina contenida en la de 24 de mayo de 2005; dice así esta sentencia:



    Es cierto que la recesión que la sentencia hace del Real Decreto 1496/2003 (en realidad de su exposición de motivos) puede resultar un tanto extensiva, pues no vemos que la norma llegue a decir tanto como se indica.

    Ahora bien, sí es cierto que en dicha exposición de motivos se dice que al regularse la factura no se pretende establecer una prueba tasada, sino un " requisito de deducibilidad "; pero ello se dice únicamente en cuanto al IVA y por expresa remisión al art. 97 de la Ley de dicho impuesto, cuando aquí nos hallamos en otro ámbito (y obsérvese que la sentencia del Tribunal Supremo que glosamos sí se refería a ese más estricto ámbito del IVA y aún así optó por la tendencia flexibilizadora). Luego en definitiva sí pretende la norma separarse expresamente de cualquier pretensión general de tasar la prueba, consciente de que tal pretensión choca con muchas otras de nuestro ordenamiento jurídico.

    En fin, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2012 dice: " Con tales actuaciones, la recurrente venía, además, a incumplir desde una perspectiva formal las exigencias del entonces vigente Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, que regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales " (el subrayado es nuestro); admitiendo pues que hay una perspectiva formal y otra material de la cuestión, que es justamente lo que aquí se debate. Y más adelante señala: " En consecuencia, a tenor de la normativa legal y reglamentaria expuesta, la facturación de los gastos que la recurrente pretendía deducir debieran para ello contener los datos e importes por los que se identifique, tanto al expedidor de las facturas, como al pagador de las mismas y las operaciones realizadas; cuestión claramente incumplida por la obligada tributaria al contabilizar tan solo unos gastos genéricos por operaciones vinculadas, incumpliendo con ello el requisito para que un gasto sea deducible: que el servicio o contraprestación que se satisface se haya producido realmente, de forma que quede plasmado detalladamente en el documento probatorio mercantil, la factura en el caso que nos ocupa " (el subrayado es nuestro); luego no siempre es necesariamente el único posible.

    A la vista de lo anterior, es evidente que el documento debe reunir los datos necesarios para acreditar con solvencia (a falta de prueba en contrario) la operación y sus características, pero que el hecho de que no sea una factura con todos sus elementos ha de suponer siempre y en todo caso que el gasto no se tome en consideración ".

    Por ejemplo, hemos dicho en nuestra sentencia número 525/2015, de 8 de mayo (recurso ordinario número 110/2012), fundamento de derecho sexto:




    TERCERO.- A partir de lo anterior, y por relación con los gastos cuya deducibilidad pretende la parte recurrente y rechaza la Administración, y a los que, en suma, ciñe el debate procesal de fondo, de entrada procede significar que, ciertamente, una cosa es la realidad de los gastos y otra la relación de éstos con la actividad y la correlación con los ingresos de ésta, exigidos a los efectos de la deducibilidad de aquéllos. Bien, el examen de lo actuado, más concretamente las motivaciones contenidas en la propuesta de liquidación, en el acuerdo de liquidación y en la resolución económico-administrativa (hechos 3 y 4 y fundamento de derecho 6 de la resolución económico-administrativa, más arriba reproducidos en lo que aquí interesa), pone de manifiesto que, sin examinar con un mínimo de rigor la oficina gestora la vinculación de los gastos con la actividad significada en sus alegaciones por el actor acompañadas de pruebas sobre el desarrollo de su actividad de formación por todo el territorio nacional (se limita a decir aquélla de forma escueta y sin más que " nos encontramos ante un conjunto de gastos de los que no se prueba su vinculación "; cuestión ésta sobre la que la resolución económico-administrativa no va más allá de manifestar que " es evidente la correlación de unos gastos necesarios en los desplazamientos realizados por al desarrollo de la actividad económica realizada ", con lo que incluso parece admitir la vinculación o correlación), en realidad el único y exclusivo motivo contemplado por la oficina gestora, lo que viene corroborado por la resolución económico-administrativa, desde el principio para eliminar del cómputo de ciertos gastos por no considerar acreditada la realidad de los mismos es la observación formal de que " no están justificados mediante el original de la factura, aportándose como justificante de los mismos unos tiques " (propuesta y acuerdo de liquidación), los cuales, significa la resolución económico-administrativa, " no reúnen los requisitos previstos en el reglamento de facturación (Real Decreto 1496/2003) ", " porque se trata de documentosque no reúnen los requisitos de las facturas y en losque ni siquiera está identificado el destinatario de tales servicios ", " aportándose únicamente tiques sin identificación del destinatario ". Es más, en relación a esos gastos controvertidos contabilizados en sus importes y agrupados por meses, " órdenes de viaje del mes " (gastos de manutención, desplazamientos interurbanos y urbanos - básicamente, taxis, metro, autobús...-), tampoco detalla expresamente la Administración los defectos formales de los concretos justificantes de pago aportados examinados a la luz de la normativa a la sazón aplicable más allá de apuntar de forma genérica la falta de identificación del destinatario. Esto es, incluso desde esa perspectiva estrictamente formal adolece el acuerdo liquidatorio impugnado de una insuficiente motivación en cuanto al rechazo de la acreditación de la realidad de los gastos controvertidos, no suplida en relación a los mismos por la también escueta argumentación contenida en la resolución económico-administrativa (fundamento de derecho 6, más arriba reproducido), sin detalle tampoco en autos de qué concretos gastos vienen justificados por ticket (tampoco los detalla en esta vía jurisdiccional el actor). Sentado lo anterior, yendo más allá de ese único e insuficiente (en los términos expuestos) argumento formal de rechazo de los gastos controvertidos, si bien en lo relativo exclusivamente a aquéllos sobre los que se aporta ante la oficina gestora tickets o justificantes, sobre todo de desplazamientos urbanos o interurbanos (desde luego no en todos los gastos incluidos en las fichas confeccionadas por el actor, fichas que en tanto que carentes de justificación documental que pueda amparar todas las anotaciones de gasto per se no pueden ser admitidas como prueba suficiente de la realidad del gasto a los efectos examinados), entiende este Tribunal que no hay obstáculo para considerar que los mismos (gastos justificados con tickets) responden a lo habitual de la actividad profesional del actor, acreditada por éste, a la que se vinculan necesariamente gastos, y ello sin que la Administración, que se queda como se ha visto en lo puramente formal en los términos expuestos, ofrezca motivación alguna de rechazo de los gastos por razón de la ausencia de relación de los mismos con la actividad profesional declarada y de correlación con los ingresos de ésta. Así las cosas, a juicio de este Tribunal, han de estimarse deducibles aquellos gastos controvertidos, referidos en el acuerdo de liquidación como registros 3, 6, 7, 12, 14, 16, 23, 25, 26, 30, 33 y 35, si bien como se ha dicho únicamente aquéllos acerca de los cuales se aporta ticket, no desglosados en esos términos en autos, con el límite en su caso del 5% sobre el rendimiento neto ex artículo 30 del Real Decreto 439/2017 (cuantificado en el acuerdo de liquidación) para no incurrir en reformatio in peius .

    CUARTO.- Conforme a los artículos 68.2 y 139.1 de la Ley 29/1998 , reguladora de esta jurisdicción, modificado este último por la Ley 37/2011, en los supuestos de estimación parcial de las pretensiones cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes, si las hubiere, por mitad, salvo que el órgano judicial, razonándolo debidamente, acuerde su imposición total, parcial o hasta una cifra máxima a una sola de ellas, por lo que, atendido aquí el sentido parcialmente estimatorio del fallo que sigue, y no concurriendo tampoco mala fe o temeridad en ninguna de las partes litigantes, no se justifica aquí un especial pronunciamiento de condena en las costas procesales.

    Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo dentro del límite de las pretensiones procesales deducidas por las partes en sus respectivas demanda y contestación a la demanda, en nombre de Su Majestad El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que nos confieren la Constitución y las leyes,


    Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 265/2016 promovido por Jose Francisco contra la resolución de 26 de octubre de 2015 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, que acuerda " estimar en parte la presente reclamación, anulando el acuerdo de liquidación impugnado y retrotrayendo las actuaciones de conformidad con lo expuesto en el fundamento de derecho quinto de la presente reclamación confirmando el resto de gastos regularizados ", en el sentido de anularla, y con ello también la liquidación (acuerdo de 12 de abril de 2016 por la Administración de Sabadell, Agencia Estatal de Administración Tributaria, de liquidación por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2011), si bien exclusivamente en lo concerniente a la deducibilidad de los gastos por razón de la actividad en los términos del fundamento de derecho tercero (gastos por razón de la actividad justificados mediante tickets). Sin costas.

    Notifíquese esta resolución a las partes, con la indicación de que contra la misma cabe la interposición de recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que deberá prepararse ante este órgano judicial en el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, conforme a lo previsto por los artículos 86 y siguientes y concordantes de la Ley 29/1998 , siguiendo al efecto las indicaciones dadas por acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicado mediante acuerdo de 19 de mayo de 2016 del Consejo General del Poder Judicial en el Boletín Oficial del Estado número 162, de fecha 6 de julio de 2016, sobre extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos alrecurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y, luego que gane firmeza la misma, líbrese una certificación de ella y remítase, junto al expediente administrativo de autos, al órgano demandado, quien deberá llevarla a puro y debido efecto, sirviéndose acusar oportuno recibo.

    Notifíquese esta sentencia a las partes, con indicación de que cabe la interposición de recurso de casación y, luego que gane firmeza, líbrese certificación de la misma y remítase, juntamente con el respectivo expediente administrativo, al órgano demandado, quien deberá llevar aquélla a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.

    Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

    E/

    PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe