Exposición de Motivos.

    EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

    Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha  aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo  dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para  Cantabria, promulgo la siguiente Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de  Cooperativas de Cantabria.

    LEY DE COOPERATIVAS DE CANTABRIA

    PREÁMBULO

    La Constitución Española de 1978 proclama el principio de libertad de empresa en su artículo 38, el cual, dentro de su faceta de libertad de acceso al mercado, garantiza la libertad de estructura empresarial, como determina la propia norma constitucional. Según esta norma: «los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción» (art. 129.2).

    En paralelo, el Estatuto de Autonomía para Cantabria señala que la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competencia exclusiva en materia de «Cooperativas y entidades asimilables, respetando la legislación mercantil» (art. 24.26), lo que supone una habilitación específica para legislar, dando así cumplimiento al mandato constitucional de fomento antes comentado. Esto significa regular un sector importante de la realidad económica que, a medida que incrementa su peso en el mercado cántabro, reclama una cobertura normativa capaz de contemplar su creciente tipología y su continua necesidad de adaptación al contexto empresarial de la región, pues sólo de esta forma se convertirá en una alternativa válida a las demás formas sociales de ejercicio de la empresa.

    Con carácter general, la contribución de las sociedades cooperativas ha sido puesta de manifiesto en España, reconociendo el papel que el sector cooperativo desempeña en el desarrollo territorial, no sólo por el aspecto empresarial de estas organizaciones, sino por su contribución a una mejor integración y cohesión social.

    Las sociedades cooperativas suscitan cada vez más interés, principalmente por la singularidad de los principios que las gobiernan, a saber: la libertad de participar en los procesos productivos, la igualdad en la capacidad de fijar los objetivos generales y la justicia en la distribución de la riqueza generada.

    En la actualidad, superados los prejuicios y las resistencias de aquellos que defendían un concepto de empresa anclado en una visión narcisista donde la única meta era la maximización del lucro, la economía social empieza a tener un reconocimiento expreso por parte de las instituciones públicas. Tanto es así que el objetivo básico de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, es configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social. Las entidades de la economía social y, en particular, las sociedades cooperativas introducen un conjunto de principios que permiten plasmar una realidad diferenciada, tales como la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, la adhesión voluntaria y abierta, el control democrático por sus integrantes, conjunción de los intereses de las personas usuarias y del interés general, defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad, autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos y el destino de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a sus integrantes y del interés social.

    Las sociedades cooperativas gozan del reconocimiento de las instituciones de la Unión Europea, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todas ellas destacan expresamente la contribución de las sociedades cooperativas a la economía mediante la creación de empleo, la movilización de recursos, la generación de inversiones y la promoción de la participación de la población en los procesos de desarrollo.

    La Alianza Cooperativa Internacional, primera organización no gubernamental a la que Naciones Unidas otorgó estatuto consultivo, define los principios que determinan los valores cooperativos a los que deben ajustarse las cooperativas en su estructura y funcionamiento. Estos principios, que inspiran la presente Ley, son los siguientes:

    Primero. Adhesión voluntaria y abierta.

    Segundo. Gestión democrática por parte de los socios.

    Tercero. Participación económica de los socios.

    Cuarto. Autonomía e independencia.

    Quinto. Educación, formación e información.

    Sexto. Cooperación entre sociedades cooperativas.

    Séptimo. Interés por la Comunidad.

    También son principios que inspiran la presente Ley:

    – La promoción del empleo estable y de calidad.

    – La conciliación de la vida laboral y familiar.

    – La igualdad de género.

    – La sostenibilidad empresarial y medioambiental.

    Junto a ello, la pujanza de no pocos fenómenos de cooperación en Cantabria, unida a la versatilidad del método cooperativo y a su probada eficacia para crear empleo estable y para coordinar esfuerzos de consumidores y de empresas -en especial, las de mediana y pequeña dimensión- aconsejan abordar una regulación de las sociedades cooperativas cuya actividad predominante se desarrolle en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

    El modelo cooperativo tiene una importante función económica en Cantabria, fundamentalmente como factor de progreso de las zonas rurales, ya que es creador de riqueza y empleo al tiempo que permite el mantenimiento de los modos de vida y cultura locales. También constituye un tipo societario de especial relevancia social que se caracteriza por la solidaridad y la participación de los socios en la toma de decisiones.

    El momento actual es, pues, especialmente adecuado para desarrollar una norma propia, que afronte con garantías la compleja regulación de la materia.

    El objetivo de la norma que ahora se promulga es fomentar la constitución de cooperativas, conseguir la consolidación económica de las cooperativas ya existentes, fomentar la capacidad emprendedora y, en último término, generar empleo de calidad.

    La expansión de la economía de mercado obliga cada vez más a las empresas a introducirse en los distintos mercados para poder competir y subsistir, lo que exige del legislador la necesidad y responsabilidad de adecuar los principios cooperativos a los tiempos presentes y futuros, dotando a estas sociedades de instrumentos válidos y suficientes que les permitan organizarse eficientemente para afrontar los nuevos desafíos.

    La presente Ley quiere reforzar el carácter empresarial de las cooperativas cántabras con el objeto de potenciar su intervención competitiva en el mercado, entendiéndolas como instituciones eficaces para la creación de riqueza y generación de empleo en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, provistas además de una función de destacada importancia en la redistribución de recursos, así como en la prestación de servicios de naturaleza social. Para ello se estructura en cuatro títulos, con ciento cincuenta y tres artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, siendo sus aspectos más destacados los que se comentan a continuación.

    I

    Disposiciones generales

    La Ley establece primeramente su aplicabilidad a  todas aquellas sociedades cooperativas que desarrollen, al menos  principalmente, la actividad cooperativizada con sus socios –esto es, la  actividad societaria típica de la cooperativa– en el territorio de la  Comunidad Autónoma de Cantabria. Desde esta contextualización, se define  conceptualmente la sociedad cooperativa haciendo especial hincapié en  su carácter empresarial. En la formulación del concepto de sociedad  cooperativa se ha renunciado a incluir un elenco de los principios  cooperativos, por estimar que el legislador, más que ensayar enunciados  doctrinales, debe procurar garantías normativas para la aplicación  efectiva de los caracteres esenciales de la institución que se propone  regular.

    La norma, siguiendo la línea marcada por las  Leyes de cooperativas más modernas, determina la necesidad de aportar un  capital social mínimo de tres mil euros. Con ello se pretende subrayar  el carácter empresarial de las iniciativas cooperativistas y ofrecer a  los terceros, desde el nacimiento mismo de la entidad, un testimonio  real de seriedad económica y de seguridad jurídica, si bien se admite  que en el momento de la constitución se desembolse el veinticinco por  ciento del mismo, difiriendo el resto hasta cuatro años. Asimismo se  destaca que la cooperativa, como organización empresarial, constituye  una entidad cuya gestión le proporciona una solidez y credibilidad  propia, independiente de los socios que la conforman en cada momento, lo  que justifica que éstos no respondan personalmente de las deudas  sociales.

    Se establece la posibilidad de que la sociedad  cooperativa pueda realizar operaciones con terceros no socios, con las  limitaciones que establece la Ley para cada clase de cooperativa, así  como otras normas sectoriales que resulten de aplicación, y atendiendo a  lo establecido al respecto en sus propios estatutos sociales. Con ello  se pretende diseñar un marco flexible, dirigido a facilitar la  consecución de sus fines económicos y sociales, sin desnaturalizar la  esencia del tipo societario cooperativo.

    Otro aspecto al que se presta particular atención  es el relativo a las secciones. En este punto, la Ley subraya la  responsabilidad unitaria de la sociedad y la superioridad decisoria de  la asamblea general respecto a las juntas de socios adscritos a cada  sección. Asimismo, se presta especial atención a las secciones de  crédito, estableciendo determinadas especificidades que aseguren una  gestión prudente y un control de la Administración Autonómica sobre la  actividad financiera de estas secciones.

    II

    Constitución de las Cooperativas

    Se ha optado por la necesidad de tres socios  ordinarios como número mínimo para constituir una cooperativa de primer  grado, con la idea de conjugar la facilidad de la constitución de estas  sociedades y evitar la desnaturalización de esta fórmula empresarial.

    En el procedimiento de constitución de la  sociedad cooperativa se permite que los promotores elijan entre dos  vías: la celebración de una asamblea constituyente, o la constitución  directa mediante otorgamiento de escritura pública. No obstante, sin  perjuicio de lo anterior, la adquisición de su personalidad jurídica  plena se supedita a la doble exigencia de escritura pública e  inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas de Cantabria.

    También es de destacar que en el contenido mínimo  de los estatutos se incluye la determinación del capital social mínimo y  el compromiso de la participación mínima de los socios en la actividad  de la cooperativa.

    III

    Los Socios

    Se regula de forma detallada la capacidad, la  admisión de nuevos socios, los derechos y obligaciones de los mismos,  las bajas y, de manera especial, el derecho de información de todo socio  sobre la situación de la cooperativa, introduciendo cautelas frente al  posible ejercicio abusivo o infundado de este derecho, aunque, en todo  caso, la última decisión en sede interna se confía a la asamblea  general.

    En materia de admisión se desarrolla tanto el  recurso del aspirante por la denegación de su admisión como la posible  reclamación por parte de los socios contra el acuerdo de admisión de un  nuevo cooperador, así como los efectos suspensivos de esta impugnación.

    Una cuestión especialmente tratada ha sido el  régimen de disciplina social. En este ámbito cabe destacar la exigencia  de que la tipificación de las faltas se detalle en los estatutos, el  otorgamiento de un tratamiento flexible para la suspensión de derechos  de los socios y la regulación de la expulsión –a diferencia de otras  Leyes que prevén tramitación específica y recursos y plazos propios–  dentro del régimen general de las sanciones.

    También se regulan las diferentes clases de  socios. En este ámbito, como excepción al carácter indefinido de la  vinculación del socio a la cooperativa, se contempla la posibilidad de  que existan relaciones societarias de duración determinada. También se  admite la figura del socio colaborador que se define, en concordancia  con otras Leyes autonómicas, como el socio vinculado a la cooperativa  por realizar aportaciones de carácter voluntario al capital social.  Asimismo, siguiendo una larga tradición cooperativa, se regulan las  figuras de los socios de trabajo y la de los socios inactivos,  especificándose las particularidades del régimen de todos ellos y los  derechos y obligaciones que les corresponden.

    IV

    Los órganos sociales

    La Ley establece dos órganos sociales  obligatorios: la asamblea general como órgano soberano de decisión, y el  consejo rector como órgano de gestión y representación. También se  contempla la posibilidad de que estatutariamente se constituya un órgano  de fiscalización a través de la intervención, un comité de recursos,  así como otras instancias de carácter consultivo o asesor, aunque éstas  en ningún caso tendrán la consideración de órganos sociales. De igual  manera se han delimitado las atribuciones de cada uno de ellos.

    En relación con la asamblea general, se han  determinado con precisión sus competencias y, en atención a su condición  de órgano soberano de la cooperativa, se admite que imparta  instrucciones al consejo rector sobre determinados asuntos de gestión.

    Respecto al órgano de administración, con el  objeto de instaurar un sistema flexible para las pequeñas cooperativas,  la Ley permite, en aquellas cuyo número de socios no sea superior a  diez, que la representación, gobierno y gestión de la cooperativa se  confíe a un administrador único o a dos administradores, que actúen  mancomunada o solidariamente.

    La intervención es el órgano de fiscalización al  que corresponde el control interno de la contabilidad de la sociedad  cuando la cooperativa no se someta a auditoría de cuentas externa.

    V

    Régimen económico

    En la regulación del régimen económico, la Ley  pretende robustecer la vertiente empresarial de las cooperativas y  dotarlas de solvencia y de credibilidad económica, a lo que pueden  contribuir de manera relevante las medidas introducidas ante la entrada  en vigor de la NIC 32.

    Para conseguir el fortalecimiento de la vertiente  empresarial de la cooperativa, además de la referida exigencia de un  capital mínimo, se permite, siguiendo la orientación marcada por las  Leyes más recientes, que la aportación obligatoria inicial sea diferente  para los distintos tipos de socios o para cada socio en proporción al  compromiso o uso potencial que cada uno de ellos asuma en la actividad  cooperativizada.

    Con el propósito de garantizar la solvencia y  credibilidad de las cooperativas y los derechos de los terceros que  contratan con ellas, el texto articulado prevé dos medidas  fundamentales: el sistema de imputación de pérdidas y la exigencia de  mantener la cuantía de la aportación obligatoria para adquirir la  condición de socio. Por otro lado, como consecuencia de la inevitable  aplicación de la NIC 32 en nuestro ordenamiento, y para poder  contabilizar las aportaciones de los socios como recurso propio, la Ley  permite que los estatutos puedan prever la existencia de aportaciones a  capital social no exigibles, pero reembolsables por decisión de la  cooperativa. Esta opción estatutaria tiene como contrapeso la posible  salida justificada de aquellos socios que no estuvieren de acuerdo con  dicha medida.

    Dentro del régimen económico de las cooperativas  se da también un tratamiento adecuado a cuestiones como la remuneración,  la actualización, el reembolso y la transmisión de las aportaciones, la  determinación de resultados, la distribución de excedentes y los  criterios sobre posibles destinos de los fondos sociales obligatorios.  En ese sentido, cabe destacar que el abono de intereses por las  aportaciones al capital social se condiciona a la existencia de  resultados positivos; que, en relación con el reembolso de las  aportaciones, se combina el derecho del socio que causa baja a recibir  sus aportaciones con las medidas necesarias para evitar desequilibrios  financieros en la cooperativa; que se establece un modelo flexible en el  régimen de disposición y destino de los resultados derivados de  regularizaciones de balances, con la única excepción del supuesto en que  la cooperativa tenga pérdidas sin compensar; y, finalmente, se prevé la  posibilidad de distribución del fondo de reserva obligatorio, si bien  solamente en unos supuestos excepcionales como en situaciones de  disolución y liquidación de las cooperativas mixtas.

    VI

    Documentación social y contabilidad

    En la regulación de los libros y contabilidad  de la cooperativa se sigue la pauta del régimen general de las  sociedades mercantiles. Se recogen, asimismo, los supuestos en que la  cooperativa estará obligada a someter sus cuentas a auditoría externa y  se fija el criterio de designación y nombramiento de los auditores  cuando la asamblea general no quiera o no pueda hacerlo.

    VII

    Modificación de estatutos, fusión, escisión y transformación de cooperativas

    Para la modificación de los estatutos se  establece un procedimiento general en el que se exige el acuerdo de la  asamblea general, y un procedimiento especial para el cambio de  domicilio social dentro del mismo término municipal, para el que basta  el acuerdo del consejo rector de la cooperativa. También se regulan de  forma detallada las modificaciones estructurales, es decir, la fusión,  la escisión y la transformación de las cooperativas.

    La Ley permite tanto la fusión de sociedades  cooperativas en una nueva como la absorción de una o más por otra  sociedad cooperativa ya existente.

    La escisión de una cooperativa puede consistir en  su extinción, previa división de todo su patrimonio en dos o más partes  que se trasmiten en bloque a otra sociedad de nueva creación, o que  será absorbido por una sociedad ya existente. La escisión de las  cooperativas también puede consistir en la segregación de una parte del  patrimonio de la cooperativa que se trasmite en bloque a otra sociedad  ya existente.

    Se admite la transformación de cooperativas en  sociedades civiles o mercantiles y la transformación de sociedades y  agrupaciones de carácter no cooperativo en cooperativas de alguna de las  clases reguladas en esta Ley, siempre que no exista precepto legal que  lo prohíba expresamente.

    VIII

    Disolución y liquidación

    En relación con la disolución y liquidación de  las cooperativas, la Ley, por una parte, regula las causas de disolución  y sus efectos, al tiempo que contempla la posibilidad de reactivar la  cooperativa. Y, por otra, presta especial atención al período de  liquidación, en el que centra la atención en el estatuto jurídico y en  las funciones de los liquidadores y en la previsión de adjudicación del  haber social, en cuyas normas se prioriza la devolución de las  aportaciones voluntarias sobre las obligatorias. Finalizada la  liquidación y distribuido el haber social, se establece la obligación de  los liquidadores de elevar a escritura pública el balance final y las  operaciones de liquidación, así como la de solicitar la cancelación de  los asientos en el Registro de Sociedades Cooperativas de Cantabria.

    IX

    Clases de Cooperativas

    En lo que respecta a las cooperativas de primer  grado, la Ley prescinde de la clasificación como mero catálogo y, con  ánimo clarificador, diferencia entre cooperativas de trabajadores, de  consumo, de servicios y especiales. Los criterios que determinan la  inclusión de cada sociedad cooperativa en uno de los tres primeros tipos  mencionados responderán a la cualidad de las personas socias o a la  actividad que éstas desarrollen en la empresa, pero, en ningún caso, a  su objeto social. Asimismo, se establece que, además de las contempladas  en el título II, podrán regularse reglamentariamente otros subtipos,  siempre y cuando reúnan unas características singulares que aconsejen la  aplicación de un régimen jurídico específico.

    Respecto de las cooperativas de trabajo, se  flexibiliza el porcentaje de contratación de trabajadores por cuenta  ajena, tanto con carácter indefinido como temporal, al tiempo que se  permite superar el número de horas por año realizadas por trabajadores  con contrato de trabajo por cuenta ajena por necesidades objetivas de la  empresa y por un periodo máximo de tres meses, siempre que se obtenga  la autorización de la autoridad competente en materia de cooperativas de  la Comunidad Autónoma de Cantabria. El propósito es permitir a las  cooperativas responder a las necesidades del mercado, y favorecer la  contratación de trabajadores. Además, se reconoce el carácter societario  del vínculo entre la cooperativa y el socio trabajador.

    En el tratamiento de las cooperativas de  explotación comunitaria se han tenido en cuenta las recientes  innovaciones aportadas por otras normas legales, con el objeto de  clarificar en lo posible la inevitable complejidad estructural de esta  fórmula societaria.

    Respecto a las cooperativas de enseñanza, se  admite que puedan asumir la posición de socios colaboradores, entre  otros interesados, los alumnos, sus padres o sus representantes legales,  así como los exalumnos.

    La regulación de las cooperativas de vivienda  tiene como principal objetivo impulsar el cumplimiento del derecho  constitucional a una vivienda digna, extremando las cautelas que impidan  los abusos producidos en ocasiones a través de esta clase de  cooperativa.

    De la regulación de las cooperativas agrarias  cabe destacar las normas sobre las actividades cooperativizadas,  permitiendo que los estatutos exijan una participación mínima o  exclusiva y un tiempo mínimo de permanencia de los socios en la  cooperativa.

    Las demás cooperativas de servicios, en sus  diferentes modalidades, se regulan de una forma flexible para dar cabida  a proyectos no sólo de tipo industrial o de servicios, sino también a  aquellos promovidos por profesionales o artistas.

    Las cooperativas de iniciativa social, concebidas  como entidades sin ánimo de lucro, se constituyen para la prestación de  todo tipo de servicios de naturaleza social, y las de integración  social, carentes igualmente de ánimo de lucro, son las formadas  mayoritariamente por personas con discapacidad física, psíquica,  sensorial o cualquier otro colectivo con dificultades de integración  social, con la finalidad de promover la integración social de sus  socios.

    La regulación de las cooperativas mixtas se  introduce para ofrecer soluciones al problema de la participación de una  sociedad de capital en una sociedad cooperativa.

    Las cooperativas de impulso empresarial pretenden  facilitar la innovación social desde un estricto cumplimiento de los  principios cooperativos. Se trata de una eficaz herramienta de fomento  del emprendimiento de sus socios, capaz de conseguir el afloramiento de  servicios que de otro modo permanecerían en el ámbito de la economía  informal.

    X

    Integración y Agrupación Cooperativa

    La Ley aborda la regulación de las cooperativas  de segundo o de ulterior grado y de las otras modalidades de  colaboración económica desde una perspectiva capaz de dotar de agilidad y  eficacia a la integración económica de las cooperativas, con el  objetivo de conseguir una mayor competitividad de las mismas.

    Igualmente, con el propósito de ofrecer un cauce  normativo a los fenómenos de agrupación intercooperativa, se regula el  grupo cooperativo sobre la idea consolidada en la legislación actual que  considera conveniente la existencia de una dirección unificada;  dirección unificada que podrá ser tan intensa como admitan la sociedades  al autorregular el grupo, aunque sin llegar a anular o a prescindir de  la fisonomía de cada cooperativa agrupada.

    XI

    La actuación de la Administración Autonómica

    De conformidad con el artículo 129.2 de la  Constitución española y el artículo 57.4 de su Estatuto de Autonomía, la  Comunidad Autónoma de Cantabria asume la tarea de promoción, estímulo y  desarrollo de las sociedades cooperativas y de sus estructuras de  integración económico-empresarial y representativas, garantizando,  además, su libertad y autonomía.

    Además, en consonancia con lo previsto en la Ley  5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, se prevé la creación del  Consejo Cántabro de la Economía Social, con funciones de carácter  consultivo y asesor para las actividades relacionadas con este ámbito en  el territorio de la Comunidad Autónoma. Asimismo, corresponderá al  propio Consejo conciliar y ejercer el arbitraje en las cuestiones  litigiosas que se planteen entre cooperativas, entre éstas y sus socios,  o en el seno de las mismas entre sus socios, cuando ambas partes lo  soliciten o bien estén obligadas a tenor de lo establecido en sus  estatutos sociales.

    Finalmente, se regula función inspectora, que se  atribuye con carácter general a la Consejería competente en materia de  cooperativas. En la Ley se detallan las clases de infracciones y sus  respectivas sanciones, así como las causas y el procedimiento de  descalificación de una sociedad cooperativa, con lo que se pretende  garantizar la aplicación de la regulación contenida en ella.

    XII

    Registro de Sociedades Cooperativas de Cantabria

    La Ley pretende reforzar el papel del Registro  de Sociedades Cooperativas de Cantabria. En su articulado hace  referencia, de forma sucinta, a su estructura y funciones, dotándolo de  la eficacia necesaria, definida por los principios de publicidad formal y  material, legalidad, legitimación o presunción de validez y de  exactitud, prioridad y tracto sucesivo; como es ya tradicional en los  registros jurídicos especializados en el sector cooperativo. Su concreto  régimen de funcionamiento se determinará en un posterior desarrollo  reglamentario.

    XIII

    Asociacionismo cooperativo

    Está en el ánimo de esta Ley el fomento del  asociacionismo de las sociedades cooperativas, regulando las Uniones,  Federaciones y la Confederación de Cooperativas de Cantabria,  garantizando la esencia del movimiento cooperativo y ayudando a su  consolidación, con respeto en todo caso a los principios de autonomía y  libertad de asociación.