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Boletín nº07 17/02/2026
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Reforma de la cuota de autónomos: se reduciría para ingresos bajos y subiría a partir de 6.000 euros.
Equipo de Redacción, SuperContable.com - 12/02/2026
- La reforma de la cuota de autónomos plantea una reducción para quienes tengan ingresos bajos y una subida para los que superen los 6.000 euros.
- La propuesta incluye un sistema de tramos para cotizaciones que evita la doble cotización en pluriactividad y busca una contribución más proporcional al nivel de ingresos de cada autónomo.
Como advertíamos en fechas recientes, dentro del actual sistema de cotización por ingresos reales, las cuotas de autónomos permanecen congeladas en 2026 con el único incremento del tipo aplicable un 0.1% que supone la subida del MEI. No obstante, esta semana se ha abierto una línea de debate en el Congreso para reformar el modelo con el objetivo de introducir una mayor progresividad en las aportaciones.
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La iniciativa plantea reducir la cuota a los trabajadores por cuenta propia que no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) e incrementar las cotizaciones de quienes declaren ingresos reales superiores a 6.000 euros mensuales. El planteamiento parte de la idea de que el sistema actual no refleja adecuadamente las diferencias de capacidad económica entre autónomos con niveles de ingresos muy dispares.
Entre las medidas contempladas figura la posibilidad de establecer una cuota simbólica o incluso nula para los autónomos con menores rendimientos, junto a una revisión al alza de las bases de cotización en los tramos superiores. El objetivo sería reforzar un esquema más ajustado a los ingresos reales y redistribuir el esfuerzo contributivo.
La propuesta también sugiere que el eventual impacto en la recaudación de la Seguridad Social pueda compensarse a través de aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, con el fin de preservar las bases de cotización y garantizar futuras prestaciones.
Más protección social y cambios estructurales en el RETA
Además de los cambios en las cuotas, el texto incorpora medidas para equiparar la protección social de los autónomos a la de los trabajadores asalariados. Entre ellas destacan:
- Convertir la prestación por cese de actividad en un sistema de desempleo más accesible.
- Crear un subsidio para mayores de 52 años.
- Equiparar prestaciones por enfermedad, maternidad, paternidad o por cuidado de menores con enfermedades graves.
También se plantea suprimir la cuota al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) desde el inicio de una enfermedad grave, aplicar bonificaciones para la contratación de sustitutos y eliminar la doble cotización en casos de pluriactividad. En esta línea, se propone simplificar trámites administrativos y establecer una cuota reducida cuando la actividad por cuenta propia sea secundaria.
La iniciativa incluye igualmente un refuerzo en la lucha contra el fraude vinculado a los falsos autónomos, mediante campañas específicas de inspección y sanciones más disuasorias.
En el ámbito fiscal, el planteamiento incorpora una reforma progresiva que contempla una reducción del tramo estatal del IRPF para rentas inferiores a 25.000 euros y un aumento del Impuesto de Sociedades para grandes empresas con facturación superior a cuatro millones de euros, además de ampliar los gastos deducibles reales.
Por último, se propone reforzar la participación de las organizaciones representativas de autónomos en los órganos consultivos económicos y sociales, con el objetivo de que el colectivo tenga mayor peso en el diseño de las políticas públicas que le afectan.
Una reforma de dudosa viabilidad
En este contexto, cabe cuestionar la viabilidad real de una reforma de tal envergadura en ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado que respalden financieramente las medidas planteadas. Sin un marco presupuestario actualizado que garantice la cobertura de las posibles pérdidas de recaudación y el coste de la ampliación de derechos sociales, la propuesta corre el riesgo de quedar limitada a una declaración de intenciones. La ejecución efectiva de cambios estructurales en el sistema de cotización y en la protección social de los autónomos exige voluntad política y una planificación económica sólida que, a día de hoy, depende directamente de la aprobación de unas nuevas cuentas públicas.
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