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Así será la prohibición de despedir por el coste energético que prepara el Gobierno

Equipo de Redacción, SuperContable.com - 19/03/2026

AECA

El Gobierno vuelve a poner el foco en los despidos en plena escalada de los costes energéticos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha avanzado la intención del Ejecutivo de prohibir que las empresas puedan despedir alegando como causa directa el encarecimiento de la energía, en un contexto marcado por la reciente subida del petróleo.

Aunque la medida todavía no está definida en detalle, la propuesta pasa por recuperar un esquema similar al aplicado durante la crisis derivada de la pandemia, cuando se limitaron los despidos vinculados a determinadas causas económicas. El objetivo ahora sería trasladar ese mismo enfoque al impacto del coste energético.

No obstante y, al menos por el momento, el despido por causas económicas está permitido en España. Para hacerlo de forma correcta deberá:

A falta de conocer su desarrollo concreto, la iniciativa abre interrogantes sobre su alcance real, su encaje jurídico y las alternativas que podrán utilizar las empresas en un escenario de presión creciente sobre los costes.

En este sentido, la clave estará en cómo el Gobierno define exactamente qué se entiende por “causas energéticas” y en qué supuestos se considerará que un despido está vinculado directamente al incremento de estos costes. No es un aspecto menor, ya que de ello dependerá la seguridad jurídica de la medida.

Cómo se aplicará la limitación a los despidos

Experiencias anteriores apuntan a que el Ejecutivo podría optar por una fórmula similar a la utilizada durante la pandemia, cuando se estableció que las empresas no podían justificar despidos objetivos basados en determinadas causas extraordinarias. En aquel momento, la norma no impedía despedir, pero sí condicionaba la calificación de esos despidos.

Esto abría la puerta a que, en caso de producirse, los despidos fueran declarados improcedentes, con el consiguiente aumento del coste para las empresas. Un esquema que ahora podría repetirse si finalmente se concreta la limitación por motivos energéticos.

Otro de los puntos clave será si la medida viene acompañada de mecanismos alternativos, como incentivos o el refuerzo de instrumentos de flexibilidad interna. En anteriores crisis, figuras como los ERTE jugaron un papel central para evitar ajustes de plantilla más drásticos.

Dudas sobre el impacto real y la aplicación práctica

En el contexto actual, marcado por la volatilidad de los precios energéticos y la presión sobre los márgenes, la posibilidad de recurrir a este tipo de herramientas podría volver a situarse en el centro de la estrategia empresarial.

No obstante, la propuesta también genera incertidumbre en torno a su aplicación práctica. Sectores especialmente intensivos en consumo energético podrían verse más afectados por esta limitación, lo que plantea dudas sobre su impacto real en la actividad.

A ello se suma la necesidad de encajar la medida dentro del marco laboral vigente, evitando conflictos interpretativos o un aumento de la litigiosidad, como ya ocurrió en etapas anteriores con normas similares.

Por ahora, el anuncio marca un primer paso en la intención del Gobierno de intervenir en el ámbito laboral para amortiguar los efectos de la crisis energética, aunque será el desarrollo normativo el que determine su alcance definitivo y sus consecuencias reales.

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