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Boletín nº21 26/05/2026

NOTICIAS

Más de la mitad de los asesores fiscales considera que el sistema fiscal español ha empeorado en los últimos cinco años.

• Sólo el 4,3% de los profesionales encuestados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales piensa que la configuración tributaria actual ha mejorado.


• La encuesta también desvela un aumento de las consultas sobre cambios de residencia, una señal más de la presión y complejidad del sistema fiscal español.

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El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas (CGE), ha presentado la última edición de la encuesta La opinión de los asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario, elaborada junto con el Instituto de Economía de Barcelona (IEB). El estudio recoge la opinión de cerca de 5.000 profesionales de la asesoría fiscal sobre el sistema tributario español.

Del informe completo se desprende que los profesionales son muy críticos con el sistema fiscal y piensan que ha empeorado con el tiempo, una percepción negativa que se mantiene ininterrumpidamente desde 2021. En concreto, la encuesta pone de relieve que el 56,4% de los profesionales en fiscalidad considera que la configuración actual del sistema fiscal es peor que hace cinco años, mientras que solo el 4,3% opina lo contrario.

La complejidad normativa, principal motivo de queja.

Los técnicos que presentaron el informe resaltaron que la gran mayoría de los encuestados consideran que la normativa de los impuestos se ha complicado y el papel de la Administración tributaria se ha endurecido. La complejidad es el principal motivo de queja de los economistas asesores fiscales, y viene dada, especialmente, por el comportamiento del sector público, tanto al legislar como al aplicar los tributos. A ello se suma la falta de estabilidad normativa, que genera inseguridad jurídica tanto para los contribuyentes como para los propios asesores.

En este sentido, más del 70% de los encuestados afirma que el Impuesto sobre Sociedades y el IVA son ahora más complejos, una percepción que refuerza la idea de que el sistema resulta cada vez más difícil de interpretar y aplicar.

Esa complejidad también se refleja en la práctica diaria de los despachos. La encuesta sitúa en el centro del debate las dudas sobre residencia fiscal, especialmente cuando el traslado se plantea a otros países o a otras comunidades autónomas con el objetivo de optimizar la carga tributaria.

Aumentan las consultas sobre cambio de residencia fiscal.

Uno de los datos más llamativos del informe es el incremento del interés por el cambio de residencia fiscal. Los asesores detectan un aumento de las consultas relacionadas con traslados por motivos fiscales, lo que apunta a una mayor sensibilidad de contribuyentes y empresas ante las diferencias de tributación.

Este fenómeno convive, sin embargo, con una reducción de las consultas relativas a cambios de residencia entre comunidades autónomas, lo que sugiere que el foco se está desplazando hacia la movilidad internacional más que hacia la interna. En cifras, el 61,6% de los asesores aprecia más consultas de cambios de residencia a otros países, mientras que el 57% detecta más consultas entre comunidades de régimen común, un porcentaje que hace dos años alcanzaba el 70%.

En este contexto, el REAF ya había advertido en estudios previos que determinadas figuras impositivas pueden actuar como incentivo para trasladar la residencia fuera de España, lo que refuerza la preocupación sobre la competitividad fiscal del país.

Medidas fiscales recientes, con valoración desigual.

La encuesta también interroga a los asesores sobre la eficacia de diversas medidas fiscales recientes. La percepción es desigual según el incentivo analizado: el 78% considera que las rebajas de tipos en el Impuesto sobre Sociedades para micropymes y entidades de reducida dimensión suponen una mejora de competitividad, mientras que el 52,7% percibe efectos positivos de la reserva de capitalización sobre los fondos propios.

En el otro extremo, la libertad de amortización de vehículos eléctricos apenas se percibe como un factor claro de impulso a la adquisición empresarial de estos vehículos, ya que solo el 27,1% de los encuestados la valora como un incentivo efectivo.

En cuanto a Verifactu, el nuevo sistema de facturación verificable que ya utilizan muchas empresas y que será obligatorio en 2027, la encuesta recoge que el 59,5% de los asesores ve positiva la decisión de retrasar su puesta en marcha hasta el próximo año y el 66,2% cree que ayudará a reducir el fraude fiscal, pero hasta el 84,8% teme que aumentarán los costes indirectos de cumplimiento para las empresas. Puede ser que todavía no conozcan SuperFactu, una herramienta sencilla y económica para cumplir con la nueva normativa sobre facturación.