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Boletín nº01 05/01/2026

NOTICIAS

El Banco de España ha cuantificado el daño que hace a la economía el exceso regulatario en España.

• Un estudio firmado por el economista Juan S. Mora-Sanguinetti publicado por el organismo supervisor revela que un incremento del 10% en la normativa provoca una caída del 0,5% del empleo en las pequeñas empresas.


• Desde 1979 se han aprobado más de 400.000 normas en España, con una media diaria de 32 nuevas disposiciones en los últimos años.

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La calidad del entorno regulatorio se consolida como un factor clave para explicar parte del menor crecimiento económico de España respecto a otros países de su entorno, de acuerdo con un reciente análisis del Banco de España elaborado por Juan S. Mora-Sanguinetti. El organismo constata que la combinación de una normativa muy densa y fragmentada por territorios incrementa de forma apreciable los costes de cumplimiento, reduce la entrada de nuevas firmas y frena la creación de empleo, particularmente en los sectores más intensivos en regulación. El trabajo se enmarca en la línea de investigación sobre los retos estructurales de la economía española y pone el foco en la llamada “inflación normativa” que se ha acumulado durante las últimas décadas.

Según los datos manejados por el economista, en los algo más de cuarenta años de democracia las distintas Administraciones han aprobado más de 400.000 normas nuevas, con un ritmo que se ha acelerado en los últimos años. Solo en 2021 se promulgaron más de 12.700 disposiciones adicionales, lo que reflejaría un entorno jurídico en constante cambio que obliga a las empresas a dedicar más recursos a interpretar y cumplir la legislación vigente. Esta realidad impacta con especial intensidad en las pequeñas y medianas empresas, que disponen de menos medios para asumir asesoramiento especializado y adaptar con rapidez sus procedimientos internos.

Impacto medido en empleo y actividad.

El Banco de España no se limita a una valoración cualitativa, sino que presenta estimaciones cuantitativas del efecto de la complejidad normativa sobre la actividad económica. Sus trabajos apuntan a que un aumento del 10% en el volumen de regulación se asocia con una caída de alrededor del 0,5% en el empleo de las empresas con menos de diez trabajadores, las más vulnerables al incremento de cargas administrativas. Otros ejercicios econométricos, a escala sectorial, vinculan mayores niveles de densidad regulatoria con descensos significativos en la cuota de empleo, el valor añadido y las tasas de inversión, lo que en conjunto merma la productividad y el dinamismo empresarial.

La fragmentación normativa entre comunidades autónomas constituye otro de los factores señalados como especialmente gravosos para el tejido productivo. La coexistencia de requisitos legales distintos según el territorio encarece la expansión geográfica de los proyectos, dificulta operar de forma homogénea en varios mercados regionales y puede desalentar la apertura de nuevos establecimientos. Este fenómeno es particularmente relevante en sectores como el industrial o los servicios avanzados, donde las diferencias en licencias, trámites o estándares técnicos se traducen en barreras adicionales de entrada y en una pérdida de eficiencia en el mercado interior.

Llamamiento a simplificar y coordinar normas.

El análisis insiste en que el objetivo no es reducir la regulación a cualquier precio, sino avanzar hacia un marco más claro, coherente y predecible que proporcione seguridad jurídica sin generar cargas innecesarias. Para ello, el Banco de España y el propio autor del estudio subrayan la necesidad de reforzar los análisis de impacto normativo, evitar duplicidades entre niveles de gobierno y mejorar la coordinación entre Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. La meta sería conformar un entorno regulatorio más transparente y estable, en el que los cambios vengan acompañados de una evaluación rigurosa de sus efectos sobre la competencia, la innovación y el tamaño empresarial.

El organismo supervisor concluye que una simplificación ordenada de la maraña normativa podría contribuir de forma relevante a potenciar la productividad, la competitividad y el bienestar económico general. Menos solapamientos y una mayor claridad regulatoria aliviarían los costes de cumplimiento para las empresas ya existentes y facilitarían la entrada de nuevos emprendedores, lo que ayudaría a corregir uno de los principales retos estructurales de la economía española: el reducido tamaño medio de sus compañías. En este contexto, el debate sobre la racionalización de las normas se presenta, según el Banco de España, como una pieza central en cualquier estrategia de crecimiento a medio y largo plazo.