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Boletín nº37 29/09/2026

NOTICIAS

Los autónomos tienen que trabajar cada vez más horas para apenas llegar al SMI

• ATA sostiene que el 68% de los trabajadores por cuenta propia ingresa menos que el SMI, mientras denuncia el aumento de costes y obligaciones que soportan los pequeños negocios.


• La organización cifra en hasta 72 horas semanales las jornadas de algunos autónomos y advierte de que la burocracia añade tiempo de trabajo que no se traduce directamente en ingresos.

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La situación económica de buena parte de los trabajadores autónomos vuelve a situarse en el centro del debate. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) sostiene que el 68% del colectivo obtiene ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una situación que vincula al incremento de los costes, la pérdida de rentabilidad y la mayor carga administrativa que soportan los pequeños negocios.

La situación de precariedad hace que muchos autónomos se vean en la situación de replantearse el cierre de su negocio con las consecuencias que de ello se derivan y que difieren en función de que existan deudas al cierre, se produzca un cierre ordenado y sin deudas y/o se den circunstancias de responsabilidad personal o social.

La comparación con el SMI requiere, no obstante, una precisión jurídica. El salario mínimo es una garantía establecida para los trabajadores por cuenta ajena y no fija una cantidad mínima que deba percibir un autónomo. En 2026 se sitúa en 1.221 euros mensuales y 17.094 euros anuales para una jornada completa. ATA utiliza esa cantidad como referencia para medir la capacidad de ingresos del colectivo, no como un umbral salarial legal aplicable a los trabajadores por cuenta propia.

El dato adquiere relevancia porque pone el foco en una diferencia que a menudo desaparece cuando se habla de los autónomos: facturar no significa ganar. Un profesional puede generar una determinada cantidad de ingresos y tener que descontar después alquileres, proveedores, suministros, seguros, impuestos, cotizaciones y el resto de costes necesarios para mantener abierta su actividad.

A esta realidad se suma el tiempo de trabajo. Según las estimaciones difundidas por ATA, las jornadas pueden situarse entre 48 y 72 horas semanales dependiendo del sector. La organización añade que los autónomos dedican varias horas adicionales a tareas administrativas, desde la gestión de documentación hasta el cumplimiento de distintas obligaciones.

No se trata de afirmar que todos los autónomos trabajen esas jornadas ni que todos tengan bajos ingresos. El colectivo es extraordinariamente heterogéneo. Pero la denuncia de ATA plantea una cuestión de fondo: qué rentabilidad obtiene una persona cuando una parte creciente de su tiempo debe dedicarse no solo a producir o prestar servicios, sino también a gestionar las obligaciones que exige mantener legalmente abierta una actividad.

El sistema de cotización también ha cambiado. Las cuotas de los autónomos están vinculadas actualmente a sus rendimientos netos y se distribuyen en diferentes tramos. El planteamiento busca adaptar la cotización a la capacidad económica de cada trabajador, pero el debate continúa abierto sobre cómo afecta el modelo a quienes tienen ingresos irregulares, márgenes reducidos o una elevada estructura de costes.

ATA considera que el problema no puede analizarse únicamente desde el importe de las cotizaciones. A su juicio, hay que sumar el conjunto de gastos que soportan los pequeños negocios y la presión administrativa que acompaña a la actividad. La organización reclama así que se tenga en cuenta el coste real de mantener un negocio, y no únicamente la cantidad que aparece en una factura.

La cuestión afecta directamente al Gobierno, responsable de buena parte del marco fiscal, laboral y administrativo en el que desarrollan su actividad los trabajadores por cuenta propia. El Ejecutivo defiende la necesidad de mantener un sistema de protección social financiado mediante cotizaciones vinculadas a los rendimientos, mientras las organizaciones de autónomos reclaman que las obligaciones sean compatibles con la viabilidad económica de los pequeños negocios.