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Boletín nºXX - AAAA dd/mm/aaaa

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Nueva vía para anular derivaciones de responsabilidad: la insolvencia concursal marca el reloj de la prescripción.

• El Tribunal Supremo fija que en casos de concurso el plazo de prescripción de la responsabilidad tributaria subsidiaria comienza cuando se constata la insolvencia del deudor principal o solidario.


• Se pone freno a la estrategia de la Administración de retrasar injustificadamente la declaración de fallido con el fin de posponer el dies a quo de la prescripción.

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su reciente sentencia número 545/2026 de 30 de abril (STS 2027/2026), ha fijado una importante doctrina sobre el cómputo de la prescripción en los procedimientos de derivación de responsabilidad subsidiaria. El Alto Tribunal determina que, cuando el deudor principal se encuentra en concurso de acreedores, el plazo de cuatro años para que la Administración pueda actuar frente al responsable no comienza necesariamente con la declaración formal de "fallido", sino desde el momento en que la insolvencia queda suficientemente constatada por datos objetivos en el procedimiento concursal.

Esta resolución supone un límite a la actuación de la Agencia Tributaria (AEAT), impidiéndole dilatar los plazos a su discreción de manera que el derecho a exigir la deuda nunca prescriba.

No hace falta esperar a la conclusión del concurso.

El caso analizado tiene su origen en una derivación de responsabilidad subsidiaria contra la administradora de una sociedad. Aunque la AEAT dictó la declaración formal de fallido en septiembre de 2018, el Tribunal Supremo advierte que la situación de insolvencia ya era fehaciente en septiembre de 2014, cuando el administrador concursal presentó un informe provisional que constataba un déficit patrimonial y la imposibilidad de continuidad de la empresa.

La sentencia subraya que el cómputo de la prescripción debe regirse por la doctrina de la actio nata, lo que implica que el plazo comienza en el momento en que la Administración dispone de una acción jurídicamente ejercitable. En supuestos de concurso, esto ocurre cuando existen elementos objetivos que acreditan de forma concluyente que el deudor carece de bienes suficientes, sin que sea preceptivo agotar todos los trámites del periodo ejecutivo o esperar a la resolución administrativa de fallido si esta se demora injustificadamente.

Un freno a la demora injustificada de la Administración.

El Tribunal Supremo considera que, en el supuesto enjuiciado, existió una demora contraria al principio de buena administración. La AEAT era plenamente conocedora del estado de déficit de la deudora desde 2014, por lo que debió iniciar el procedimiento de derivación tras finalizar el periodo de pago voluntario de las liquidaciones en mayo de 2015. Al haber notificado el acuerdo de inicio de responsabilidad en julio de 2019, el derecho de la Administración ya había prescrito.

Así, la doctrina fijada establece que:

• El auto de conclusión del concurso por insolvencia definitiva habilita, por lo general, la acción contra los responsables subsidiarios.

• No obstante, el plazo puede anticiparse si durante el concurso queda acreditada fehacientemente la insolvencia (por ejemplo, mediante el informe del administrador concursal), momento en el cual empieza a correr el cronómetro frente a la Administración.

Una sentencia de gran impacto para los contribuyentes.

Esta sentencia abre una vía estratégica para recurrir derivaciones de responsabilidad que se notifican años después de que una empresa entre en fase de liquidación concursal. El impacto es enorme, ya que impide que Hacienda maneje a su voluntad el inicio de los plazos de prescripción, protegiendo la seguridad jurídica de los administradores y demás obligados tributarios.

En definitiva, la declaración de fallido sigue siendo un presupuesto necesario, pero su validez para interrumpir o fijar el inicio de la prescripción depende de que la Administración actúe con la debida diligencia tras constatar que el cobro al deudor principal es imposible.