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Amortización del fondo de comercio en empresas de reducida dimensión: un lío legal de más de 11 años llega al Supremo.

Publicado: 24/08/2026

Boletin nº 32 - Año 2026


  • El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación para determinar qué coeficiente de amortización acelerada del fondo de comercio corresponde aplicar a las empresas de reducida dimensión: el 7,5% o el 10% anual.

  • La duda arrastra más de once años sin resolverse desde la reforma de la Ley 22/2015, lo que denota una deficiente técnica legislativa empleada.

El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite un recurso de casación que puede resultar decisivo para las empresas de reducida dimensión (ERD) que amortizan fiscalmente su fondo de comercio. Mediante Auto de 24 de junio de 2026 (ATS 6168/2026, recurso n.º 5380/2025), la Sala de lo Contencioso-Administrativo aprecia interés casacional objetivo para aclarar un problema normativo que se arrastra desde la reforma operada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

En el siguiente enlace puede ver las tablas oficiales de amortización del inmovilizado.

La cuestión de fondo es tan sencilla de enunciar como compleja de resolver: ¿qué coeficiente multiplicador corresponde aplicar a la amortización acelerada del fondo de comercio en las ERD? Por un lado, el artículo 103.5 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), remite a un multiplicador de 1,5, lo que arroja un porcentaje del 7,5% anual (5% x 1,5). Por otro, el artículo 103.1 LIS, en relación con el vigente artículo 12.2, permitiría aplicar el multiplicador general de 2, es decir, un 10% anual (5% x 2).

El caso que ha llegado al Supremo.

El litigio que ha dado pie a este pronunciamiento tiene su origen en la actividad económica de un matrimonio, cotitular al 33,33% de una farmacia mediante una comunidad de bienes. Ambos cónyuges compartían el mismo negocio, pero en sus autoliquidaciones de IRPF de los ejercicios 2017 y 2018 aplicaron criterios distintos: uno de ellos amortizó el fondo de comercio al 10% (multiplicador 2), mientras que su cónyuge aplicó el 7,5% (multiplicador 1,5).

La Administración tributaria inició un procedimiento de comprobación limitada y regularizó la situación del primero, exigiéndole aplicar también el coeficiente del 7,5%. El resultado fue un acuerdo de liquidación por importe de 50.464,35 euros, confirmado después tanto por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana como por la Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 28 de mayo de 2025, que avaló la tesis de la Administración.

Una norma que remite a un artículo derogado.

En el siguiente enlace puede ver la amortización fiscal del fondo de comercio.

El origen de toda la controversia está en la deficiente coordinación entre los preceptos de la LIS tras la reforma de 2015. El artículo 103.5 LIS, que fija el multiplicador de 1,5 para las ERD, se remite expresamente al artículo 13.3 de la misma ley, un precepto que fue derogado por la Disposición Final Quinta de la Ley 22/2015. Esa misma reforma modificó el artículo 12.2 LIS, que ahora regula de forma general la amortización del fondo de comercio con un límite del 5% anual, sin mencionar expresamente ningún incentivo adicional para las ERD.

El propio Tribunal Supremo no ha dudado en señalar en su auto la "deficiente técnica utilizada por el Legislador", con infracción, a su juicio, del principio de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015. El recurrente, por su parte, defiende que el artículo 12.1.a) LIS incluye desde 2015 una categoría residual de "otros elementos" con un coeficiente lineal máximo del 10%, que permitiría encajar el fondo de comercio y aplicar sobre ella el multiplicador general del artículo 103.1, alcanzando así el 10% de amortización anual.

Qué supone este auto y qué queda pendiente.

Conviene precisar que este documento es únicamente un auto de admisión: el Tribunal Supremo no ha resuelto todavía el fondo del asunto, sino que se ha limitado a apreciar que existe interés casacional objetivo para formar jurisprudencia sobre la cuestión. La sentencia definitiva, que se dictará en un momento posterior, deberá interpretar los artículos 103.1, 103.5 y 12.2 LIS, sin perjuicio de que pueda extenderse a otros preceptos si así lo exige el debate procesal.

La importancia práctica de este pronunciamiento futuro va más allá del Impuesto sobre Sociedades, ya que la remisión del artículo 28.1 de la Ley 35/2006 (IRPF) a las normas del IS hace que el criterio que finalmente fije el Supremo afecte también a los autónomos en estimación directa con actividades económicas que tengan activado un fondo de comercio. Se trata, en definitiva, de una cuestión que puede afectar a un elevado número de ERD y de contribuyentes en IRPF, por lo que conviene seguir de cerca la evolución del recurso 5380/2025 hasta que se dicte sentencia.

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