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El Gobierno plantea que los trabajadores tomen decisiones en sus empresas y adquieran parte de la propiedad.
Equipo de Redacción, SuperContable.com - 05/02/2026
- El Gobierno impulsa una propuesta para que los trabajadores participen en la gestión empresarial, alterando el equilibrio tradicional de decisiones internas y abriendo un debate sobre el papel del Estado.
- La introducción de representación laboral en los órganos de gestión suscita críticas por su impacto en la libertad empresarial.
El Ejecutivo prepara un cambio de enorme calado en la gestión empresarial: los trabajadores podrían pasar a ocupar hasta un tercio de los puestos en los consejos de administración de las compañías y, en las más grandes, la mitad. Además, se plantea que tengan acceso obligatorio a un porcentaje mínimo de la propiedad de la empresa mediante un plan de adquisición de acciones para empleados.
Estas propuestas todavía están lejos de materializarse así que recordamos las medidas de control de la actividad de los trabajadores que, como empresa, tiene a su disposición.
El alcance de la medida afectaría a empresas de todo tamaño, desde pymes con unas pocas decenas de empleados hasta grandes corporaciones. La participación no sería opcional: se establecerían umbrales mínimos de representación y propiedad accionarial, obligando a los propietarios a ceder poder y capital:
- 2% en empresas de 25 a 1.000 trabajadores
- Más del 10% en empresas de más de 1.000 empleados
La iniciativa busca que la voz de los trabajadores sea vinculante en la toma de decisiones estratégicas, alterando la estructura de gobernanza tradicional de las empresas.
Se amplía la influencia de los empleados
La medida no se limitaría a reforzar los derechos de representación existentes, sino que buscaría que los trabajadores tengan voz directa en decisiones estratégicas, desde inversiones hasta el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Incluso se plantea crear nuevas figuras de representación en empresas pequeñas para garantizar la participación, independientemente de la voluntad de los propietarios.
Incentivos y sanciones: presión legal y económica
Para asegurar la adopción de estas medidas, el Gobierno prevé combinar obligatoriedad con incentivos públicos, beneficios fiscales y acceso privilegiado a la contratación pública. Las empresas que no cumplan podrían verse penalizadas, mientras que las que adopten el modelo participativo recibirían recompensas, estableciendo un mecanismo de control externo sobre la gestión privada.
Este plan supone una ampliación del control sobre la empresa privada, tanto en la toma de decisiones como en la propiedad, trasladando parte del poder de los propietarios a los trabajadores. La iniciativa abre un debate sobre los límites de la intervención del Estado en la gestión empresarial y sobre cómo afectará a la autonomía de los negocios, especialmente a las pymes.
Si se aprueba tal como se plantea, ninguna empresa podrá mantener su estructura de dirección y propiedad sin ceder espacio y poder a los empleados o sin verse penalizada al no acceder a los incentivos que se aprueben y que sí estarían disponibles para aquellas que fomenten la participación. La medida supondría una transformación profunda de la gestión empresarial en España, con implicaciones directas sobre la libertad de los empresarios y el modelo tradicional de propiedad privada.
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