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Boletín nº19 12/05/2026

NOTICIAS

Trabajo quiere endurecer las obligaciones medioambientales y sociales en las empresas.

• La ministra defiende nuevas sanciones y controles para que la responsabilidad empresarial deje de depender de la “buena voluntad”


• Se plantea una supervisión más estricta sobre derechos laborales, sostenibilidad y gobernanza empresarial mientras las patronales alertan del impacto regulatorio sobre la competitividad

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El Ministerio de Trabajo acaba de presentar un informe con cien propuestas que buscan reforzar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y avanzar hacia un modelo en el que las compañías asuman obligaciones “exigibles y verificables” en materia laboral, social y medioambiental. El documento, elaborado por una comisión de expertos constituida en 2025, marca la hoja de ruta del departamento que dirige Yolanda Díaz para endurecer los mecanismos de control sobre las empresas.

Durante la presentación del informe, la vicepresidenta defendió que la responsabilidad empresarial no puede seguir dependiendo únicamente de compromisos voluntarios y reclamó avanzar hacia un sistema con "obligaciones y consecuencias". Díaz aseguró que España debe dotarse de una autoridad independiente que supervise el cumplimiento de estas medidas y defendió recuperar un régimen sancionador "proporcional al daño causado y a la capacidad económica de la empresa.

El informe presentado por el Ministerio de Trabajo plantea reforzar la vigilancia sobre aspectos como los derechos humanos, la diligencia debida, la igualdad salarial, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y el impacto medioambiental de las empresas. También pone el foco en prácticas de greenwashing (la práctica que intenta parecer más ecológico o sostenible de lo que realmente es) y en incumplimientos detectados, según la ministra, en grandes compañías españolas e internacionales durante los últimos años.

En el acto, las ONG que participaron reclamaron la necesidad de avanzar hacia un modelo más estricto de supervisión empresarial. Las entidades sociales defendieron la necesidad de imponer mayores obligaciones a las compañías para garantizar el cumplimiento de estándares laborales y ambientales.

La jornada contó también con la presencia de representantes empresariales como la CEOE y CEPYME, además de sindicatos como CCOO y UGT, en un debate centrado en el papel de las empresas y los límites de la regulación. Aunque las patronales evitaron un choque frontal con el Ministerio, en el entorno empresarial existe preocupación por el aumento de cargas burocráticas y el posible impacto que nuevas exigencias regulatorias podrían tener sobre la competitividad y los costes de las compañías.

El documento presentado este jueves no tiene rango normativo, aunque sí refleja la línea política que el Ministerio quiere impulsar en los próximos meses. Trabajo considera esencial transformar el modelo económico hacia criterios de sostenibilidad social y medioambiental.