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Europa aprieta a España para elevar las indemnizaciones por despido.

Publicado: 18/06/2026

Boletin nº 25 - Año 2026


  • CC OO logra un nuevo respaldo de Estrasburgo, que vuelve a cuestionar el sistema español de despido improcedente y exige cambios para reforzar los derechos laborales.

  • El Consejo de Europa reclama indemnizaciones más disuasorias, mayor protección para temporales en fraude de ley y revisar las condiciones de readmisión.

La presión europea sobre el modelo español de despido vuelve a aumentar. El Consejo de Europa ha instado de nuevo a España a revisar su legislación para garantizar que las indemnizaciones por despido improcedente tengan un efecto realmente disuasorio sobre las empresas, una reivindicación que los sindicatos llevan años defendiendo y que ahora suma un nuevo respaldo desde Estrasburgo.

La decisión llega tras una reclamación presentada por CC OO y supone un nuevo revés para el sistema actual de compensaciones. El organismo europeo considera que el marco vigente no ofrece una reparación suficiente en todos los casos y reclama que las cuantías tengan en cuenta el perjuicio real sufrido por cada trabajador, más allá de los límites tasados que establece actualmente la normativa española.

La resolución refuerza además la posición de las organizaciones sindicales en pleno debate sobre la reforma del despido. No es la primera vez que Europa llama la atención a España por esta cuestión. Con anterioridad, una reclamación impulsada por UGT ya había derivado en conclusiones similares sobre la necesidad de revisar el sistema indemnizatorio.

Actualmente, a falta de que estos cambios puedan llegar a materializarse y complicar la gestión de los recursos humanos de muchas empresas, la indemnización por despido improcedente en España es de 33 días por año con el límite de 720 días de salario total. Si embargo, es importante conocer, entre otros, los aspectos clave que trae consigo la improcedencia, como lo son:

En esta ocasión, el Consejo de Europa respalda íntegramente el criterio del Comité Europeo de Derechos Sociales y concluye que la regulación española incumple varios aspectos de la Carta Social Europea. Entre ellos, cuestiona la forma de calcular las indemnizaciones por despido improcedente, la limitada capacidad de los tribunales para valorar la readmisión del trabajador y la protección insuficiente de los empleados temporales contratados en fraude de ley.

El pronunciamiento europeo va más allá de una mera declaración de principios. Estrasburgo reclama cambios normativos para que los jueces puedan valorar las circunstancias concretas de cada despido y determinar si la compensación económica resulta adecuada al daño causado. También pide reforzar los mecanismos que permitan analizar la reincorporación al puesto de trabajo cuando esta sea una alternativa viable.

La resolución sitúa nuevamente al Gobierno ante la necesidad de abordar una reforma que lleva meses sobre la mesa. El Ministerio de Trabajo mantiene abiertas conversaciones con sindicatos y empresarios para modificar el régimen del despido improcedente, aunque las negociaciones avanzan con dificultades y sin el apoyo de la patronal.

Además, el criterio europeo entra en colisión con la posición mantenida recientemente por el Tribunal Supremo. El alto tribunal rechazó abrir la puerta a indemnizaciones superiores a las previstas legalmente caso por caso y defendió que el sistema actual aporta seguridad jurídica y un tratamiento homogéneo para todos los trabajadores.

Ese choque entre la interpretación de los tribunales españoles y las exigencias de los órganos europeos amenaza con convertirse en uno de los principales frentes jurídicos de la legislatura. Mientras los sindicatos reclaman una reforma profunda del despido, las organizaciones empresariales continúan rechazando cualquier modificación que implique elevar los costes asociados a las extinciones de contratos.

LogoEl mensaje de Estrasburgo es claro: el actual sistema español de despido no cumple los estándares europeos de protección al trabajador. Si el Gobierno acaba incorporando estas exigencias a la legislación, las empresas no solo podrían asumir compensaciones más altas, sino perder parte de la certidumbre jurídica que proporciona el actual modelo tasado. La batalla sobre el coste del despido, lejos de cerrarse, acaba de entrar en una nueva fase.

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