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Boletín nº45 25/11/2025

Noticias

¿Cuánto costará a las empresas la subida salarial a los funcionarios que propone el Gobierno?

• El incremento se dotará de fondos públicos que directa o indirectamente, saldrán de los bolsillos del contribuyente.


• Aumento de impuestos, presión sobre los precios, efecto en los salarios del sector privado y recortes en inversión o contratación son algunos de los posibles efectos adversos de la medida.

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El Gobierno ha propuesto un incremento salarial del 11% para los funcionarios entre 2025 y 2028; el acuerdo, destinado a allanar el camino para un previsible futuro pacto con los sindicatos, podría tener un impacto mucho mayor y más amplio que el mero beneficio al sector público. La pregunta es clara: ¿quién pagará la subida? la respuesta directa es con fondos públicos pero estos fondos se dotan de impuestos de los ciudadanos y empresas privadas que verán cómo, directamente o indirectamente, se ven afectados.

El coste para las arcas públicas... y las empresas

Según nuestras estimaciones, el coste total de la subida podría ascender a 9.240 millones de euros en los próximos 4 años contando con que la subida tenga efectos retroactivos para este 2025. Esto no solo implicará un esfuerzo adicional para el Estado en términos de impuestos, sino que podría generar un efecto dominó en la economía que afecte a las empresas privadas.

Haciendo una breve estimación podemos observar la magnitud del gasto público que la medida implica.

¿Qué significa esto para las empresas privadas?

Si bien las subidas salariales se aplican a los funcionarios, el impacto podría extenderse a las empresas privadas, especialmente aquellas que dependen de los servicios públicos o que interactúan directamente con ellos.

• Aumento de los impuestos: para financiar este aumento salarial, el Gobierno podría recurrir a una subida de impuestos. Esto afectaría a todas las empresas, grandes y pequeñas, que verían incrementados sus costes. En particular, las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) podrían sufrir más, al tener menos margen para absorber esos incrementos en sus cuentas. El impuesto sobre sociedades o el IVA podrían ser ajustados para cubrir esta brecha.
• Presión sobre los precios: el coste de financiar esta subida también podría trasladarse a los precios de bienes y servicios. Las empresas privadas que dependen de contratar personal público o de interacciones con administraciones públicas (desde contratistas hasta servicios de consultoría) podrían ver aumentados los costes de sus contratos, lo que podría elevar los precios que pagan los consumidores.
• Efecto en los salarios del sector privado: en un contexto en el que los funcionarios ven cómo sus salarios aumentan mientras que el sector privado sigue luchando con sueldos congelados o insuficientes para hacer frente a la inflación, la presión para mejorar las condiciones salariales en las empresas privadas se intensificará. Aquellas que deseen evitar que sus empleados migren al sector público, donde las condiciones son sensiblemente mejores, podrían verse obligadas a subir sus salarios para competir. Y, como todos sabemos, cuando suben los salarios, suben los costes para las empresas.
• Posibles recortes en inversión o contratación: para financiar este incremento salarial, las empresas podrían verse obligadas a ajustar sus planes de inversión o de contratación. Las empresas con márgenes reducidos podrían recortar otros gastos, como la contratación de nuevo personal o la inversión en innovación, lo que afectaría al crecimiento económico a largo plazo.

¿Quién lo paga, entonces?

En última instancia, la factura de esta subida la pagarán las empresas privadas que verán cómo sus márgenes se ven presionados por los efectos secundarios de esta medida, que puede terminar reflejándose en más impuestos, precios más altos y un aumento de los costes laborales.

Por supuesto, el ciudadano sigue siendo el gran contribuyente, ya que la mayor parte de este incremento se financiará con impuestos. Pero, más allá de los números, este acuerdo genera una mayor desconexión entre el sector público y privado; donde los trabajadores del sector privado seguirán sintiendo que las medidas son siempre para los mismos.