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Boletín nº23 10/06/2025
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Más del 60% de las liquidaciones tributarias recurridas son estimadas totalmente en favor del contribuyente.
Equipo de Redacción, SuperContable.com - 09/06/2025
- El Instituto de Estudios Económicos ha presentado el informe “El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas”.
- La litigiosidad representa más de una quinta parte del total de los ingresos tributarios.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado este lunes el informe “El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas”, en el que se revela un dato alarmante: más del 60% de las liquidaciones tributarias que los contribuyentes recurren ante la Administración acaban siendo estimadas a su favor. Este fenómeno, según los expertos, pone en evidencia graves fallos en el sistema tributario español y genera un clima de inseguridad jurídica que afecta tanto a empresas como a ciudadanos.
Si desgranamos este porcentaje, según los resultados publicados, cerca del 25% de los recursos de reposición presentados fueron resueltos favorablemente para el contribuyente. Del conjunto restante, aproximadamente un 26% obtuvo una resolución estimatoria en vía económico-administrativa. Y de aquellos que fueron desestimados en esta instancia, alrededor del 32% terminaron siendo estimados en sede judicial contencioso-administrativa.
Cifras récord de reclamaciones.
El informe, elaborado por un grupo de diecisiete catedráticos y profesionales de reconocido prestigio, advierte que la litigiosidad tributaria en España no solo es excesiva en número de reclamaciones, sino también en la cuantía de los importes reclamados. En 2023, la Agencia Tributaria registró más de 230.000 reclamaciones, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años y que sitúa a España en una posición desfavorable respecto a su entorno europeo.
La consecuencia directa de esta elevada litigiosidad es un sobrecoste económico tanto para los contribuyentes como para la propia Administración. Según los datos del IEE, la deuda pendiente de cobro gestionada por la Agencia Tributaria supera los 40.000 millones de euros. Además, el Estado debe afrontar más de 12.000 millones de euros en indemnizaciones derivadas de sentencias judiciales adversas. Si lo ponemos en perspectiva, para el ejercicio objeto de análisis la litigiosidad supone casi un 21% del total de los ingresos tributarios recaudados.
Un problema estructural de difícil solución.
El informe subraya que este problema no es coyuntural, sino estructural. Entre las causas identificadas destacan la complejidad y ambigüedad de la normativa fiscal, la inestabilidad del marco legal y la falta de una cultura cooperativa entre la Administración y los contribuyentes. Los expertos señalan que la Administración actúa bajo un modelo de “acción-reacción” que resulta ineficaz e injusto, y que los incentivos de los inspectores, ligados a la cantidad liquidada, pueden agravar la conflictividad.
Otro aspecto relevante es la lentitud de los procedimientos. Los plazos de resolución de recursos pueden superar los dos años en los Tribunales Económico-Administrativos y llegar hasta los cuatro años en la vía contencioso-administrativa, lo que prolonga la incertidumbre y bloquea recursos económicos esenciales para la inversión y el crecimiento empresarial.
Propuestas para una reforma urgente.
El IEE advierte que la elevada tasa de resoluciones favorables al contribuyente “es un indicativo de la existencia de fallos en la Administración”, y reclama una reforma profunda del sistema. Entre las propuestas destacan la simplificación normativa, la claridad interpretativa, la implantación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje, y la desvinculación de los incentivos de los inspectores respecto a las cantidades liquidadas.
En definitiva, el informe del IEE pone de manifiesto que la litigiosidad tributaria no solo supone un lastre económico, sino que también deteriora la imagen del sistema fiscal español y desincentiva la inversión. La institución urge a las autoridades a abordar este problema estructural con reformas que aporten seguridad jurídica, eficiencia y confianza tanto para las empresas como para los ciudadanos.
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