Boletín semanal

Boletín nº36 23/09/2025

Artículos

Hacienda identifica los gastos deducibles más problemáticos en las comprobaciones tributarias de los autónomos (IRPF).

El Consejo para la Defensa del Contribuyente (CDC) ha reconocido oficialmente lo que muchos asesores fiscales vienen denunciando desde hace años: la deducción de gastos para autónomos en el IRPF se ha convertido en un laberinto normativo que genera inseguridad jurídica y excesiva litigiosidad.

Un informe inédito del organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, fechado en 2024 pero mantenido sin publicidad hasta que en 2025 se ha publicado la memoria de este Consejo, confirma que existen categorías específicas de gastos donde la aportación de prueba no es sencilla y donde los contribuyentes desconocen sistemáticamente la documentación que deben conservar para acreditar sus gastos ante una comprobación tributaria.

Los problemas estructurales que enfrentan los autónomos.

La realidad fiscal que enfrentan los autónomos es más compleja de lo que aparenta en la normativa. El informe del CDC evidencia que la dificultad probatoria se traduce en la práctica de multitud de liquidaciones que son objeto de recurso, generando un círculo vicioso donde muchos profesionales optan por no deducir gastos legítimos por miedo a inspecciones y sanciones. Esta situación se agrava porque no siempre resulta sencillo aplicar en el ámbito del IRPF las reglas pensadas para el Impuesto sobre Sociedades, y porque existe una disparidad de criterios entre las distintas oficinas gestoras sobre los medios de prueba admisibles.

El problema se intensifica cuando consideramos que esta restrictividad no solo incrementa los costes fiscales, sino que también afecta a las cotizaciones a la Seguridad Social desde que se instauró la cotización por tramos de acuerdo con los rendimientos netos, en un primer momento según la propia estimación de los autónomos y después regularizados en función de los efectivamente declarados a efectos impositivos.

Gastos identificados como problemáticos y sus reglas de deducción.

El informe del CDC identifica seis categorías principales de gastos que generan mayor conflictividad en las comprobaciones tributarias:

• Vehículos: En principio, se admite la deducción únicamente cuando el vehículo se afecte de manera exclusiva a la actividad económica. La norma presume, salvo prueba en contrario, que los turismos no están afectos al 100%. Esto convierte la deducción de gastos de adquisición, mantenimiento o combustible en una tarea prácticamente imposible para la mayoría de autónomos, salvo en actividades muy específicas (agentes comerciales, transportistas, autoescuelas). En el siguiente enlace puedes ampliar la información sobre los criterios para la deducción de gastos de vehículos en el IRPF.

• Suministros domésticos: Solo son deducibles los suministros (agua, electricidad, gas, internet, etc.) en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción de metros cuadrados afectos respecto a la superficie total de la vivienda. Esta regla especial, introducida en la Ley 6/2017, ha reducido notablemente el margen de deducción efectiva pero aun así sigue siendo objeto de conflicto. En el siguiente enlace puedes ampliar la información sobre los criterios para la deducción de suministros en el IRPF.

• Transporte: Comprenden desplazamientos en taxi, tren, avión, así como peajes y aparcamientos. Aunque forman parte habitual de la actividad de muchos autónomos, su deducción suele ser cuestionada cuando no se acredita con suficiente detalle la relación del viaje con la actividad. La Administración exige, además del justificante del gasto, pruebas adicionales como convocatorias de reuniones, agendas de clientes o documentación que confirme el motivo laboral del desplazamiento. Esta exigencia probatoria desproporcionada convierte a menudo en conflictivos gastos que, en la práctica, son indispensables para el desarrollo de la actividad.

• Gastos de manutención: La Ley permite deducir estos gastos siempre que se produzcan en establecimientos de hostelería y restauración, y que se abonen con medios electrónicos de pago. Además, existe un límite máximo diario (26,67 euros sin pernoctar en municipio distinto y 53,34 euros en caso de tener que pernoctar, si es en España, para desplazamientos al extranjero los límites aumentan). Pese a la claridad normativa, en la práctica se cuestiona con frecuencia la vinculación de estos gastos con la actividad. En el siguiente enlace puedes ampliar la información sobre los criterios para la deducción de dietas en el IRPF.

• Atenciones a clientes: Son deducibles siempre que se justifique su vinculación con la promoción de la actividad y que no superen el límite establecido del 1% de la cifra de negocios del ejercicio. La falta de criterios objetivos para determinar la relación con la actividad provoca que la Administración los someta a un control estricto y, en muchos casos, los rechace.

• Telefonía móvil: La problemática radica en la presunción de uso mixto (personal y profesional) de las líneas móviles. La Inspección únicamente admite su deducción plena cuando existen líneas diferenciadas para el trabajo y para el uso personal, lo que obliga a los autónomos a contratar servicios adicionales para poder justificar un gasto que, en la mayoría de los casos, está claramente vinculado a la actividad. En caso contrario, la Administración suele rechazar la deducción total o aplicar reducciones arbitrarias sin una regla legal definida, generando inseguridad jurídica.

Propuestas del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

El informe no se limita a identificar los problemas, sino que plantea una serie de recomendaciones para avanzar hacia un sistema más coherente y seguro para el contribuyente.

En primer lugar, la preferencia por la estimación directa como régimen general, con eliminación de la objetiva en su modalidad de módulos, considerada "una anomalía en el escenario comparado internacional" que está llamada a desaparecer con la generalización de la facturación electrónica.

Otro punto a trabajar es la unificación y publicación de criterios sobre medios de prueba admisibles. El Consejo reconoce que "los criterios seguidos entre las distintas oficinas no son siempre coincidentes", lo que genera inseguridad jurídica. Aunque admite que la casuística es muy amplia y resulta difícil establecer pautas generales, considera que esta tarea debe explorarse en los foros que mantiene la Administración tributaria con asociaciones y colegios profesionales.

También hay lugar para reclamar una mayor elocuencia en las comprobaciones. Los colegios y asociaciones manifiestan que el procedimiento "a veces se reduce a la solicitud de documentación, aportación de la misma y propuesta de liquidación", que suele confirmarse pese a las alegaciones escritas. Se reclama que las comprobaciones limitadas tengan mayor grado de contradicción, con interacción personal.

Y por último, se solicita una mejor valoración de la culpabilidad en la imposición de sanciones, como tantas otras veces han recalcado los tribunales (aquí puedes ver una serie de ejemplos). Se propone distinguir entre casos de gastos no reales o absolutamente ajenos a la actividad, de aquellos donde existe discusión sobre la aptitud de los medios de prueba. Estos últimos supuestos, con carácter general, no deberían dar lugar a la imposición de sanciones.

Esta crítica resulta particularmente contundente al señalar que la deducción de un gasto amparada en la creencia de que la justificación de su afectación es suficiente, puede ser tratada como una interpretación razonable de la norma. Esta reflexión pone de manifiesto la desproporción entre las exigencias administrativas y la realidad práctica de los autónomos, que se ven obligados a navegar por un sistema donde "no parece que pueda discutirse a un abogado la suscripción a una base de datos jurídica", pero donde gastos evidentemente profesionales son sistemáticamente cuestionados por criterios de afectación excesivamente restrictivos.

El informe del Consejo para la Defensa del Contribuyente representa un hito en el reconocimiento oficial de las disfunciones del sistema tributario de los autónomos, aunque su implementación dependerá, como el propio organismo reconoce, "en última instancia, de una decisión de política tributaria" que excede de sus competencias. La pelota queda ahora en el tejado de la Administración tributaria para decidir si abraza una reforma largamente esperada o mantiene un statu quo que penaliza la iniciativa empresarial y profesional.