Boletín semanal

Boletín nº47 09/12/2025

NOTICIAS

Todo sobre la nueva norma que blindará a los trabajadores que denuncien fraude en sus empresas.

• La nueva reforma establecería la nulidad de despidos, incluso durante el periodo de prueba, por denuncias de fraude incrementando la protección por represalias a los trabajadores que denuncien corrupción.


• De igual modo se ampliaría la protección a familiares y personas vinculadas a los denunciantes. Además, incluirá a los despidos colectivos motivados por represalias, haciéndolos nulos por ley."

---

El Ministerio de Trabajo ha presentado un anteproyecto de ley que busca ampliar la protección de los empleados que denuncien irregularidades en las empresas, como casos de corrupción, fraude o malas prácticas. La reforma incluiría modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley reguladora de la jurisdicción social y tiene como objetivo garantizar que las personas que se atrevan a alertar sobre actividades ilícitas no sufran represalias, como el despido, que serán considerados nulos por ley.

Protección ante represalias: despidos nulos y ampliación de la ley de protección de los informantes

El anteproyecto introduciría modificaciones sustanciales en el artículo 53 (despido por causas objetivas) y el artículo 55 (despido disciplinario) del Estatuto de los Trabajadores, incorporando la prohibición explícita de despidos o decisiones extintivas cuando estén relacionadas con la revelación o denuncia de infracciones, como casos de corrupción. De esta forma, los trabajadores estarán protegidos frente a despidos injustificados tras denunciar o presentar información relacionada con delitos en el ámbito empresarial.

Una de las principales novedades es que esta medida también afectaría a los trabajadores en periodo de prueba. Actualmente, el artículo 14 establece que durante este tiempo los empleados tienen los mismos derechos que los de plantilla, salvo por situaciones de maternidad o embarazo. Con la nueva reforma, cualquier despido en este periodo motivado por la denuncia de irregularidades también sería considerado nulo, a menos que existan razones no relacionadas con la denuncia.

Ampliación de la protección a familiares y personas vinculadas

El texto de la reforma ampliaría también la protección a personas vinculadas al trabajador, como cónyuges, parejas o familiares por afinidad o consanguinidad. Así, aquellas personas que puedan verse afectadas por la denuncia de un familiar también estarían cubiertas bajo esta normativa. De esta manera, se extiende el paraguas legal a aquellos que, sin ser directamente los denunciantes, puedan sufrir algún tipo de represalia debido a su relación con el trabajador que ha informado de delitos.

Inclusión en el proceso de despidos colectivos

La reforma también afectaría a los despidos colectivos, añadiendo una nueva causa de nulidad. Si una empresa realizara un despido colectivo con el objetivo de represaliar a trabajadores que han denunciado fraudes o irregularidades, estos despidos podrán ser impugnados en los tribunales. El cambio en el actual artículo 124 de la Ley de jurisdicción social permitiría que los empleados puedan recurrir decisiones empresariales que intenten justificar un despido colectivo bajo la apariencia de causas económicas, organizativas o de producción, cuando en realidad la motivación sea la venganza por una denuncia.

Sin coste económico adicional para las empresas

El Ministerio de Trabajo subraya que la implementación de estas medidas no implicará un coste económico adicional ni una carga administrativa mayor para las empresas. Según el Ministerio, la reforma no alterará significativamente los procedimientos internos de las compañías, más allá de la necesidad de ajustar las políticas laborales y de recursos humanos para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones legales. Además, se resalta que este cambio busca mejorar la seguridad jurídica para los trabajadores informantes, reforzando la efectividad de las normativas de protección.

Un paso adelante en la lucha contra la corrupción empresarial

El anteproyecto de ley refuerza el marco normativo que ya se había establecido en 2023 con la Ley de Protección de los Informantes sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción, la cual transpuso al ordenamiento español la Directiva europea 2019/1937 sobre la protección de los denunciantes. Esta legislación busca ofrecer mayores garantías a aquellos que se atreven a denunciar infracciones dentro de las empresas, creando un entorno laboral más seguro y ético.

El siguiente paso será la obtención de los dictámenes pertinentes del Consejo Económico y Social (CES) y de los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, antes de que el anteproyecto sea sometido al Congreso.

En resumen, la reforma del Estatuto de los Trabajadores supondría un refuerzo significativo en la protección de los trabajadores que denuncian fraude o corrupción, garantizando que no sufran represalias por ejercer su derecho a informar, y añadiendo nuevas medidas para disuadir a las empresas de tomar represalias contra sus empleados.