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Desde SuperContable siempre hemos prestado atención a las cuestiones que afectan a los trabajadores autónomos, analizando, por ejemplo:

1. Los cambios que afectan a su sistema de cotización.
2. Si puede el autónomo jubilarse y seguir al frente de su negocio.
3. O si existe obligación de darse alta en el RETA si los ingresos son inferiores al salario mínimo.

En esta ocasión nos vamos a ocupar de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, más conocida como "el paro de los autónomos"; y en concreto, de una cuestión que genera importantes dudas en la práctica: ¿Es posible cobrar la prestación cuando el negocio no presenta técnicamente pérdidas, pero genera unos ingresos o rendimientos tan escasos que resulta inviable continuar con la actividad?

La respuesta no pasa simplemente por comprobar si existe o no un resultado contable negativo.

Como veremos, distintas resoluciones judiciales han señalado que, para determinar si existe una situación legal de cese de actividad, debe analizarse si concurren motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos que hagan inviable continuar desarrollando la actividad, pudiendo existir esa inviabilidad incluso aunque el resultado contable sea positivo.

Ahora bien, que el negocio genere pocos ingresos no significa automáticamente que nazca el derecho a la prestación. La inviabilidad deberá quedar suficientemente acreditada.

¿Qué exige la Ley para cobrar la prestación por cese de actividad?

La Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), establece en su artículo 330 los requisitos para percibir la prestación por cese de actividad, siendo uno de los más relevantes, para la cuestión que estamos analizando, el de encontrarse en situación legal de cese de actividad.

El artículo 331 de la Ley General de la Seguridad Social considera en situación legal de cese de actividad, entre otros, a los trabajadores autónomos que cesen debido a la concurrencia de:

Motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional.

Y la propia norma establece una serie de circunstancias en las que se entiende que concurren estos motivos.

Entre ellas se encuentran las pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo superiores al 10 % de los ingresos obtenidos en el mismo período, excluido el primer año de inicio de la actividad.

También contempla, entre otros supuestos:

• Ejecuciones judiciales o administrativas destinadas al cobro de deudas que alcancen al menos el 30 % de los ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior.

• La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad.

• Determinadas situaciones de reducción muy intensa de actividad, ingresos o ventas para autónomos con trabajadores.

• Y determinados supuestos para trabajadores autónomos sin asalariados en los que concurran una importante reducción de ingresos o ventas y un determinado volumen de deudas exigibles.

Además, la regulación vigente contempla que el cese de actividad pueda ser definitivo o temporal, y que este último pueda ser total o, en los casos legalmente previstos, parcial.

La cuestión es:

¿Ese 10 % de pérdidas constituye un requisito imprescindible o pueden existir otras circunstancias económicas que acrediten igualmente que el negocio es inviable?

Precisamente sobre esta cuestión se han pronunciado diferentes órganos judiciales.

El caso del autónomo que no tenía pérdidas, pero apenas obtenía rendimiento

Este caso ha sido analizado, entre otras resoluciones, por la Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 4 de Santander:

En el caso tratado por esta resolución judicial, el trabajador autónomo obtiene en el ejercicio 2022 un resultado de 1.543,39 euros; y en el ejercicio 2021 el resultado fue de 5.079,98 euros.

El trabajador autónomo entiende que esos ingresos, aunque no son técnicamente pérdidas, impiden la viabilidad del negocio y, por tanto, justificarían el cese de actividad y el derecho a percibir la prestación.

Por su parte, la Mutua demandada considera que la legislación exige inexcusablemente que concurran unas pérdidas del 10%.

La Sentencia, tras analizar la normativa aplicable, señala que lo que realmente exige la normativa mencionada es la acreditación de que concurren motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional.

Desde esta perspectiva, los supuestos enumerados expresamente por la norma permitirían apreciar esa inviabilidad cuando concurren, pero ello no impediría valorar otras circunstancias suficientemente acreditadas que también pudieran demostrar que el negocio resulta objetivamente inviable.

Además, en aquel caso no se atendió exclusivamente al resultado económico. Se habían acreditado también circunstancias relacionadas con la propia actividad que habían provocado pérdida de clientela y dificultades para alcanzar los niveles mínimos de productividad exigidos al establecimiento.

Por tanto, la inexistencia de pérdidas contables no impidió apreciar que existían motivos económicos, técnicos y productivos determinantes de la inviabilidad de continuar con la actividad.

Esta interpretación no era completamente novedosa. De hecho, la resolución hacía referencia a pronunciamientos anteriores, como laSTSJ de Cataluña de 21 de julio de 2023, recurso 699/2023, la STSJ de Madrid de 4 de noviembre de 2020, recurso 372/2020, la STSJ del País Vasco de 21 de marzo de 2017, recurso 547/2017, o la STSJ de Navarra de 27 de febrero de 2015, recurso 20/2015.

Otras sentencias posteriores que refuerzan esta interpretación

La cuestión no ha terminado con la resolución citada del Juzgado de Santander.

Posteriormente se han dictado nuevas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que resultan especialmente interesantes para responder a la pregunta planteada.

La Sentencia nº 2519/2024 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social de Sevilla, de 18 de septiembre de 2024, recurso 2688/2022, analizó el caso de una trabajadora autónoma que no tenía pérdidas, sino que había obtenido durante el período considerado un beneficio ligeramente superior a los 1.000 euros anuales.

El Tribunal consideró que un rendimiento de esa entidad permitía apreciar la existencia de motivos económicos y productivos determinantes de la inviabilidad de continuar con la actividad y, en consecuencia, reconoció la existencia de una situación legal de cese de actividad y estimó el recurso de la trabajadora.

Especialmente relevante para actualizar esta cuestión es la Sentencia nº 139/2025 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 27 de marzo de 2025, recurso 42/2025. En este caso tampoco existían las pérdidas superiores al 10 % previstas expresamente por la Ley.

El autónomo había obtenido, como rendimientos netos, 1.857,98 euros en 2022 y 537,70 euros en 2023. Además, la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a 2023 arrojaba incluso un resultado positivo de 565,86 euros.

Por tanto, nuevamente nos encontramos ante un negocio que no presenta técnicamente pérdidas, pero cuyo rendimiento se había reducido hasta niveles prácticamente testimoniales.

La Sala considera que el elemento determinante para reconocer la prestación no es exclusivamente la concurrencia de un determinado porcentaje de pérdidas, sino la existencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos que determinen la inviabilidad de continuar con la actividad.

Para el Tribunal, los supuestos contemplados expresamente en el artículo 331.1.a) de la LGSS no agotan necesariamente todas las situaciones en las que puede existir dicha inviabilidad.

En consecuencia, el Tribunal revoca la sentencia de instancia y reconoce el derecho del trabajador autónomo a la prestación por cese de actividad.

Entonces, ¿basta con que el autónomo ingrese poco?

La respuesta es NO. Las sentencias que hemos analizado no significan que cualquier trabajador autónomo con ingresos reducidos tenga automáticamente derecho a cobrar el cese de actividad.

Una cosa es tener pocos ingresos y otra distinta poder demostrar que el negocio se ha convertido objetivamente en inviable.

El artículo 332 LGSS exige justificar los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos mediante documentación contable, profesional, fiscal, administrativa o judicial que acredite la falta de viabilidad de la actividad, sin perjuicio de los demás medios de prueba legalmente admisibles.

Por ello, pueden resultar especialmente relevantes:

• La evolución de los ingresos y rendimientos durante varios ejercicios.

• La contabilidad del negocio.

• Las declaraciones fiscales.

• La reducción continuada de ventas.

• La pérdida significativa de clientes.

• La cancelación o pérdida de contratos esenciales.

• La existencia de deudas.

• Problemas técnicos o productivos.

• O cualquier otra circunstancia suficientemente acreditada que demuestre que mantener el negocio ha dejado de resultar viable.

No se trata únicamente de comprobar si la última casilla de la cuenta de pérdidas y ganancias es positiva o negativa.

Pero cuidado: la interpretación judicial no es completamente uniforme

Es importante advertir a nuestros lectores que no todas las resoluciones judiciales han aplicado esta interpretación con la misma amplitud.

Existen resoluciones que, ante la falta de prueba suficiente de otras circunstancias que permitan apreciar la inviabilidad, han rechazado la prestación al no quedar acreditadas las pérdidas superiores al 10 % exigidas por el artículo 331.1.a).1.º de la LGSS.

Por ejemplo, la STSJ de Andalucía nº 2966/2025, de 4 de junio de 2025, recurso 2544/2024, desestimó la pretensión de una trabajadora porque, atendiendo a los datos acreditados, existían resultados positivos y no se habían aportado elementos contables suficientes que permitieran demostrar una situación económica distinta ni las pérdidas legalmente previstas.

Por tanto, resulta más correcto hablar de una línea judicial que admite acreditar la inviabilidad del negocio por circunstancias distintas a las pérdidas superiores al 10 %, siempre que exista prueba suficiente.

¿Y qué ocurre si el autónomo no quiere cerrar completamente el negocio?

La regulación vigente permite diferenciar entre el cese definitivo y determinadas modalidades de cese temporal, que puede ser total o parcial.

Asimismo, el artículo 331 de la LGSS contempla determinados supuestos específicos en los que puede accederse a la protección sin que sea necesario cerrar definitivamente el establecimiento o causar baja en el régimen especial.

No obstante, estas modalidades tienen requisitos específicos propios y no deben confundirse con el supuesto que venimos analizando.