¿Ha sido sancionado por la Inspección de Trabajo y no han contestado a su recurso? Sepa que el Supremo dice que la sanción puede prescribir.

Es una realidad tan desagradable como frecuente que una empresa o autónomo reciba una Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por un motivo u otro, y que la misma, tras aportar la documentación que se solicite, termine finalmente con la imposición de una sanción.

Tras el momento de enfado inicial, suele ser lo habitual que la empresa o autónomo acudan a su asesoría o a su abogado para ver qué se puede hacer y que se interponga contra la sanción un Recurso de Alzada en el que solicita a la Administración que revise o revoque la sanción que nos ha impuesto y se expresa la disconformidad con la misma.

¿Y después de presentar el Recurso de Alzada qué ocurre?

Pues la respuesta típica de los asesores y abogados - reconozco que yo la utilizado más de una vez - es: "ahora toca esperar".

Esta respuesta obedecía, en parte, al hecho de que el artículo 132.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establecía que:

Es decir, hasta que la Administración no resolviese el Recurso de Alzada la sanción no era firme y, por tanto, no empezaba a correr el plazo para su cobro; por lo que no se podía hacer mucho más que esperar a que la Administración se dignase a contestar a nuestro recurso, al menos hasta que transcurriese el plazo del silencio administrativo que permitiese acudir al Juzgado.

Sin embargo, y tal y como se determina en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de Social, de 24 de Marzo de 2021, la situación es distinta tras la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen jurídico del sector público, en relación con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La empresa acude al Juzgado e invoca que el derecho de la administración para ejecutar la sanción había prescrito, y el Juzgado le da la razón.

La Administración recurre y el TSJ de Madrid, sin embargo, entiende que la sanción no ha prescrito.

El Tribunal Supremo señala que la regulación de la Ley 30/1992 y la de la Ley 40/2015 son distintas.

Mientras que en la primera se establece que el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción, en la Ley 40/2015 se señala que el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Y, además, se añade que, en el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

La cuestión se centra, por tanto, en determinar si el transcurso del plazo legal de silencio administrativo determina la resolución (presunta) del recurso y, por tanto, la firmeza de la sanción y el cómputo del plazo de prescripción de la misma.

Según el Alto tribunal, este criterio es el que debe aplicarse porque, de lo contrario, una sanción, confirmada por silencio, que permanece sin ejecución por la inactividad de la administración durante un periodo de tiempo llamativamente extenso, genera una situación de inseguridad e incertidumbre sobre el sancionado que repele a la salvaguarda de las garantías que deben acompañar a toda potestad sancionadora o punitiva.