Exposición motivos. Ley 1/2003, de 20 de Marzo, de Cooperativas de las Islas Baleares

Ley 1/2003, de 20 de marzo, de cooperativas de Las Islas Baleares


    El artículo 129.2 de la Constitución Española proclama que "los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas>. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". Encuadrado en el título VII, "Economía y Hacienda", constituye una declaración programática que reafirma, en la denominada economía social, la voluntad de promover el progreso de la cultura y la economía que asegure a todos una digna calidad de vida, así como el establecimiento de una sociedad democrática
avanzada, condiciones indispensables, entre otras, para el desarrollo de un estado social y democrático .
    El artículo 10.26 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, tras la reforma contenida en la Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero (BOE 9 de enero de 1999), confiere a la comunidad autónoma competencia exclusiva en materia de , sin perjuicio de que, conforme al artículo 39.22 del Estatuto de Autonomía, los consejos insulares tengan la facultad de asumir en su ámbito territorial funciones ejecutivas y de gestión sobre la materia. Tal circunstancia implica que las Illes Balears pueden regular su específica
legalidad sobre conforme a los criterios que el Parlamento de las Illes Balears estime convenientes y adecuados. El Real Decreto 99/1996, de 26 de enero, traspasó a la comunidad autónoma de las Illes Balears las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de .

    El objetivo de la ley es tanto fomentar la constitución de como dar una respuesta viable a las demandas de la sociedad, y además conseguir la consolidación de las ya existentes. Por eso, se ha tratado de conseguir una mayor
flexibilización del régimen económico y societario,  potenciando fórmulas que ayuden a aumentar la financiación de estas entidades.

    La ley se estructura en 3 títulos, con 152 artículos, 11 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 3 disposiciones finales. A continuación se relatan los aspectos más destacados de la misma.

    En primer lugar, se define conceptualmente la sociedad cooperativa y se delimita el ámbito de aplicación en función del domicilio y de las actividades que con carácter principal se desarrollen en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

    Se fija en tres el número de socios necesarios para la creación de una cooperativa y se establece la posibilidad de que la cooperativa pueda realizar operaciones con terceros no
socios, respetando las limitaciones de carácter estatutario, fiscal o sectorial existentes.

    A continuación la ley regula el procedimiento constitutivo de la sociedad cooperativa desde el inicio hasta la adquisición de la personalidad jurídica, posibilitando instar la previa calificación de los estatutos ante el registro de de las Illes Balears. A tal efecto, la ley prevé la existencia del registro de y señala los principios básicos que lo regirán, dejando su ordenación para un posterior desarrollo reglamentario .

    Respecto del régimen de los socios, la ley regula aspectos como la capacidad, la adquisición, los derechos y las obligaciones de los socios, así como sus clases, y la pérdida de la condición de socio. Es destacable el hecho de que las administraciones y entes públicos puedan ser socios de una cooperativa para la prestación de servicios públicos y el ejercicio de la iniciativa económica pública .

    Los órganos sociales, integrados por la asamblea general, el consejo rector y la intervención, constituyen elementos estructurales de la persona jurídica necesarios para su funcionamiento, se configuran como vehículos de expresión y manifestación de la voluntad de los socios y ejercen el gobierno y la administración de la sociedad .

    En relación con los aspectos económicos, se regula el capital social mínimo, el régimen de aportaciones, el interés fijo y limitado de éstos y su actualización y transmisión con criterios que incentiven y faciliten la aportación tanto de los socios como de los asociados, respetando la naturaleza y los principios cooperativos. Finalmente, se posibilita la creación de un fondo de reserva para garantizar las aportaciones de los socios a la cooperativa .

    Una novedad de esta ley es la regulación del balance social, el cual va a permitir evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados, la participación social, las colaboraciones con otras , las aportaciones al entorno social, así como el diagnóstico de las fortalezas y debilidades de la cooperativa.

    Respecto de las clases de , la ley regula y da cobertura a las particularidades que caracterizan a las agrarias y trata de promover e incentivar la
modernización agraria con estructuras que incorporen las nuevas técnicas de explotación y comercialización, así como el carácter empresarial de la cooperativa agraria. Por otra parte, la importancia de las de trabajo asociado y de viviendas en el ámbito de las Illes Balears está perfectamente acreditada y reconocida, por lo que su  potenciación mediante una legislación adecuada es imprescindible para su definitiva implantación y  consolidación.
    También son importantes, y así queda reflejado en la ley, las de iniciativa social encaminadas a promover el espíritu cooperativo en actividades relacionadas con la sanidad, la educación, la cultura o la integración laboral de personas que sufran marginación o exclusión social .

    La regulación contenida en esta ley potencia el asociacionismo de las sociedades , y regula las uniones y federaciones, garantizando la esencia del movimiento
cooperativo y ayudando a su consolidación, respetando en todo caso la autonomía y la libertad de asociación .

    Finalmente, se regula el correspondiente régimen sancionador, que contiene la tipificación de las infracciones y establece la correlativas sanciones, así como la función inspectora, para garantizar la aplicación de la regulación contenida a la largo de la ley.

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