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Boletín nº20 19/05/2026

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La Inspección de Trabajo quiere entrar libremente en su empresa y recurrirá la decisión del Supremo que le exige tener autorización judicial

• El Alto Tribunal estableció, en la Sentencia 441/2026, del 14 de Abril, de la Sala de lo Contencioso, que la Inspección de Trabajo NO puede entrar en el domicilio social de una empresa sin autorización judicial.


• El Ministerio de Trabajo va a recurrir el fallo porque imposibilita a la Inspección actuar con inmediatez e impide su labor de control del cumplimiento de las normas laborales.

Fuente: SuperContable.

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El Ministerio de Trabajo ha anunciado que va a recurrir la Sentencia 441/2026, dictada el pasado 14 de Abril por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, y que establece, en síntesis, que la Inspección de Trabajo NO puede entrar en el domicilio social de una empresa sin autorización judicial.

La titular de Empleo y Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha solicitado a la Abogacía del Estado que interponga un recurso contra el fallo del Alto Tribunal porque entiende que limita la entrada de la Inspección de Trabajo en las empresas y, con ello, impide que el organismo de control pueda llevar a cabo, de forma rápida y eficaz, su función de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral y de prevención de riesgos.

La decisión del Supremo, que fue analizada en detalle en SuperContable, ha suscitado mucha polémica y fue rechazada de plano por el colectivo de inspectores y por los sindicatos. El Alto Tribunal determinó que, cuando en una empresa coincidan centro de trabajo y domicilio social - lo que ocurre en las pymes, que son la mayoría de las empresas en España -, la Inspección de Trabajo no puede entrar en las instalaciones si no cuenta con una autorización judicial para ello.

Según el Ministerio de Trabajo, se va a instar la nulidad de la Sentencia porque entiende, como han manifestado los sindicatos de los inspectores, que el Tribunal Supremo se ha extralimitado en sus funciones y ha actuado como si fuese el legislador, estableciendo unos límites que no están contemplados en la normativa que rige la forma de proceder de la Inspección.

El recurso del Gobierno también persigue que no se consolide esta postura del Tribunal Supremo, impidiendo que pueda dictarse un segundo fallo, que sí fijaría jurisprudencia.

Las principales críticas a esta decisión judicial coinciden en que exigir autorización judicial previa dificultará las inspecciones sorpresa en las miles de empresas en que la sede social y centro de trabajo están en un mismo espacio, reduciendo la inmediatez y eficacia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Es necesario recordar que la Sentencia 441/2026, del 14 de Abril, del Tribunal Supremo, extiende la protección contitucional que se otorga al domicilio de una persona física al domicilio social de las personas jurídicas, aunque la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo hable solo, y expresamente, de las personas físicas.

Finalmente, el Ministerio ha aclarado que, hasta que se resuelva el recurso contra la Sentencia, la Inspección de Trabajo va a continuar desempeñando sus funciones con total normalidad en el ámbito de la actividad laboral, salvaguardando el respeto a los derechos de las personas trabajadoras.

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