Boletín semanal
Boletín nº39 13/10/2026
Sigue leyendo más noticias y artículos de actualidad.
NOTICIAS
Verifactu se aplaza a octubre de 2028, ¿estás seguro?
Equipo de Redacción, SuperContable.com - 09/10/2026
- Hacienda prevé trasladar a octubre de 2028 las obligaciones pendientes del Reglamento Verifactu para hacerlas coincidir con la factura electrónica obligatoria de pymes y autónomos, pero la nueva prórroga todavía no figura en ninguna norma publicada.
- La disolución de las Cortes y las elecciones del 29 de noviembre añaden incertidumbre a un cambio del que depende que sigan o no vigentes las fechas de enero y julio de 2027.
El Ministerio de Hacienda comunicó el pasado lunes 5 de octubre, a través del Foro de Asociaciones y Profesionales Tributarios, su intención de aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones pendientes de aplicación del Real Decreto 1007/2023, el reglamento de sistemas informáticos de facturación conocido como Verifactu. Al día siguiente, la Agencia Tributaria publicó en su sede electrónica la nota informativa correspondiente. El objetivo declarado es hacer coincidir esta obligación con la de la factura electrónica para los empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los 8 millones de euros, esto es, el 6 de octubre de 2028, de acuerdo con la Orden HAC/1028/2026 que se publicó el mismo 5 de octubre y cuya entrada en vigor inicia el cómputo de los plazos para esta futura obligación en operaciones B2B.
Se trataría del tercer aplazamiento para los usuarios de programas de facturación. El reglamento debía aplicarse inicialmente en julio de 2025; el Real Decreto 254/2025 lo trasladó a enero y julio de 2026, y el Real Decreto-ley 15/2025 a enero y julio de 2027. A diferencia del año pasado, cuando el retraso se conoció a menos de un mes del inicio de la obligación (y el mismo día del Consejo de Ministros que lo aprobaba), esta vez el anuncio llega con casi tres meses de margen y con una justificación técnica explícita: la convergencia entre Verifactu, la factura electrónica y los futuros requisitos de reporte digital de la Directiva ViDA. En cualquier caso, Hacienda insiste en que las exigencias de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes a los actuales.
Un anuncio que todavía no es norma.
Conviene subrayar lo evidente: la nota de Hacienda habla de una "previsión de modificación", no de una modificación aprobada. Mientras no se publique en el BOE la norma que recoja el nuevo calendario, siguen vigentes las fechas del Real Decreto-ley 15/2025: 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y 1 de julio de 2027 para el resto de obligados tributarios, autónomos incluidos.
El vehículo normativo no es un obstáculo insalvable. El propio Real Decreto-ley 15/2025 incorporó una cláusula para preservar el rango reglamentario del Real Decreto 1007/2023, de modo que el Gobierno podría modificar los plazos mediante un real decreto sin pasar por las Cortes. Pero un real decreto exige su tramitación (audiencia e información pública, informes y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado), y para las sociedades queda menos de tres meses hasta el 1 de enero. La alternativa sería otro real decreto-ley, que en este momento tendría que convalidar la Diputación Permanente del Congreso.
Y aquí aparece el factor político. El mismo 5 de octubre, el Consejo de Ministros acordó la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, con la constitución de las nuevas Cámaras prevista para el 23 de diciembre. Hasta la jornada electoral el Gobierno conserva plenas facultades, pero a partir de entonces quedará en funciones, limitado al despacho ordinario de los asuntos públicos salvo casos de urgencia o interés general. Si la norma no se aprueba antes, la modificación dependerá de que un Gobierno en funciones considere urgente aprobarla en pleno mes de diciembre o de las prioridades de un nuevo Ejecutivo. En el peor escenario, el anuncio podría quedarse en el cajón y las fechas de 2027 entrarían en vigor tal como están.
Tampoco puede descartarse que, aun respetándose el horizonte de 2028, las especificaciones técnicas acaben siendo distintas a las actuales. La propia nota anuncia que, una vez alineados los calendarios, se abordará una modificación para hacer converger los ámbitos de aplicación y ciertos aspectos técnicos teniendo en cuenta ViDA, cuyo sistema de información digital será obligatorio en las operaciones intracomunitarias a partir de julio de 2030. Que la alineación de fechas cuente con un respaldo amplio (lo reclamaban AEDAF y ATA, entre otras asociaciones, y llegó a debatirse una propuesta en el Senado) reduce el riesgo de vuelta atrás, pero un cambio de Gobierno podría replantear el diseño: integrar Verifactu en la plataforma de factura electrónica, revisar las modalidades VERIFACTU y NO VERIFACTU o reformular su relación con el SII.
Ventajas e inconvenientes de la nueva prórroga.
A favor del aplazamiento juega, sobre todo, la lógica de una sola adaptación tecnológica en lugar de dos en un periodo muy corto. AEDAF, que presentó en junio una hoja de ruta para coordinar factura electrónica, Verifactu, SII y ViDA, defiende que la coordinación reducirá costes, evitará duplicidades y reforzará la eficiencia del sistema tributario. Para quienes no se habían adaptado, el margen adicional es considerable: unos 21 meses más para las sociedades y 15 meses para autónomos y demás obligados.
En contra pesan la inseguridad jurídica y el desgaste de credibilidad que supone mover la fecha por tercera vez. Hasta hace pocos meses la Agencia Tributaria enviaba comunicaciones para impulsar la adaptación y, de nuevo, quienes cumplieron con antelación vuelven a ser los perjudicados: asumieron costes directos e indirectos que sus competidores podrán diferir casi dos años, sin compensación ni reconocimiento alguno. El mensaje para futuras obligaciones es peligroso: esperar sale a cuenta. A ello se suma el riesgo de un cuello de botella en 2028, cuando la mayoría de empresas y autónomos tengan que adaptarse a la vez a dos obligaciones y compitan por el soporte de los mismos proveedores, y el retraso de una herramienta cuyo objetivo era acabar con el software de doble uso.
Un último consejo.
Si ya te has adaptado el coste está asumido y el sistema funciona, así que no hay nada que deshacer. Durante este "periodo de pruebas" (hasta que definitivamente sea obligatorio) si tu programa opera en modalidad VERIFACTU puedes cambiar a la modalidad NO VERIFACTU o incluso a programas antiguos no adaptados. Sin embargo, no es prudente dar marcha atrás antes de que el aplazamiento se publique en el BOE: si no llegara a aprobarse, utilizar un sistema no adaptado cuando sea obligatorio puede acarrear una sanción de 50.000 euros por ejercicio prevista en el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria.
En en el otro lado, si aún no te has adaptado, la primera recomendación es no planificar con octubre de 2028 como fecha segura hasta que el cambio esté publicado. Conviene tener preparado un plan de contingencia para enero o julio de 2027, especialmente en el caso de las sociedades, que apenas tendrían margen de reacción si la modificación no se aprueba antes de fin de año.
En este sentido, hay que recordar que los productores de software solo pueden comercializar sistemas adaptados desde el 29 de julio de 2025, que las facturas emitidas de forma completamente manual quedan fuera del reglamento y que, si se usan hojas de cálculo o procesadores de texto, debe revisarse cómo están configurados. La opción voluntaria por el SII sigue siendo una alternativa, aunque no tiene sentido precipitarla sin conocer el calendario definitivo.
Para reflexionar: alinear era lo razonable, improvisar no.
La convergencia entre Verifactu y la factura electrónica obligatoria es una decisión sensata, pero las dos obligaciones nacen de leyes de 2021 y 2022 y su coordinación podía haberse diseñado desde el principio. Llegar a ella tras tres aplazamientos, mediante una nota informativa y el mismo día en que se disuelven las Cortes, deja a empresas, autónomos, desarrolladores y asesores sin seguridad jurídica.
Lo que el tejido empresarial necesita ahora es que el cambio se apruebe cuanto antes, con unas especificaciones técnicas claras y estables hasta 2028, y con garantías de que los sistemas ya adaptados seguirán siendo válidos o solo requerirán ajustes menores. Sin esa certeza, el aplazamiento corre el riesgo de convertirse en un nuevo episodio de incertidumbre en lugar del punto final que todos esperan.
Sigue leyendo más noticias y artículos de actualidad.

