Según la Exposición de Motivos de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, es un procedimiento destinado a otorgar protección rápida y eficaz al crédito dinerario líquido, en especial el que surge del tráfico mercantil de profesionales y de la pequeña y mediana empresa. El Monitorio es, por tanto, un medio ágil para que el acreedor pueda obtener rápidamente el cobro de las cantidades que le son adeudadas; evitando así la lentitud e ineficacia de los procesos judiciales tradicionales.
Su puesta en marcha constituyé una de las principales innovaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en vigor desde el día 8 de enero de 2001; pues se trata de un procedimiento especial, junto con juicio verbal para la reclamación de cantidades que no excedan de 900 euros, en el que el ciudadano puede acudir por sí mismo al Juzgado para reclamar deudas, sin utilizar obligatoriamente los servicios profesionales de Abogado y Procurador.

Se regula en los artículos 812 a 818, ambos inclusive, de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y vamos a analizar a continuación cuáles son sus principales caracteristicas.

CÓMO SE TRAMITA

Lo primero que debemos señalar es que la utilización del proceso monitorio no tiene carácter obligatorio. Es decir, el acreedor puede optar voluntariamente por su utilización o por reclamar su deuda mediante un proceso declarativo tradicional; ya sea el Juicio Verbal o el Juicio Ordinario, pero, no obstante, y dadas sus características, su utilización resulta muy recomendable.
Se trata de un procedimiento especifico para reclamar el pago de aquellas deudas que consten acreditadas por escrito y de alguna de las siguientes formas:

1.ª Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor.

2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aunque sean creados unilateralmente por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones comerciales o profesionales como la que existe entre el acreedor y deudor.

Una de las señas de identidad del proceso monitorio es su sencillez, que lo hace accesible y utilizable por cualquier persona, aunque carezca de conocimientos jurídicos. El acreedor puede acudir directamente al Juzgado, sin necesidad de Abogado o Procurador, para presentar su solicitud.
Así, el Proceso Monitorio se inicia con la presentación por el acreedor ante el Juzgado de una solicitud en la que se expresan los datos de identidad y los domicilios del acreedor y del deudor, y el origen de la deuda; y se reclama, con apoyo en alguno de los documentos citados anteriormente, el pago de una cantidad concreta y exigible de dinero; que no podrá superar nunca los 30.000 euros. Deben presentarse tantas copias firmadas de la solicitud como deudores contra los que se dirija la reclamación.

Para la presentación de esta solicitud pueden utilizarse los formularios o impresos normalizados aprobados por el Estado, que estarán a disposición de los usuarios en las dependencias de los Juzgados; no es necesario valerse de procurador y abogado. Es importante saber, por tanto, que si el acreedor contrata a estos profesionales, deberá de pagar él los gastos derivados de un intervención.
La solicitud inicial de proceso monitorio debe presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor o el del lugar en que el deudor pudiera ser localizado para poder ser requerido de pago por el Juzgado.

Una vez presentada la solicitud, el Juzgado requerirá al deudor para que, en el plazo de veinte días hábiles, pague al solicitante, acreditándolo ante el Juzgado, o comparezca ante éste y exponga brevemente, en un escrito de oposición, las razones por las que no debe, en todo o en parte, la cantidad que se le reclama.
Cuando el deudor reciba el requerimiento del Juez, pueden producirse varias situaciones:

La primera situación es que el deudor pague. Si el deudor paga, tan pronto como lo acredite ante el Juzgado, se le hará entrega del justificante de pago y se archivará el procedimiento.
La segunda es que el deudor ni pague ni de razones por escrito de por qué no paga o no debe la cantidad que se le reclama. En este caso, el Juzgado tendrá por cierta la reclamación realizada por el acreedor y se iniciará la fase de cobro forzoso de la deuda. El Juzgado dictará una resolución por la que se acuerde la investigación y el embargo del patrimonio y bienes del deudor en cantidad suficiente para pagar la cantidad reclamada. Es importante señalar que, desde la fecha en que se dicte esta resolución, la deuda devengará un interés de demora equivalente al interés legal del dinero más dos puntos. Asimismo, también es preciso resaltar que, si la deuda reclamada es superior a 900 euros, el acreedor sí precisará obligatoriamente para todos los trámites de cobro forzoso de la deuda los servicios de Abogado y Procurador.

Por último, la tercera situación que puede darse es que el deudor, dentro de ese plazo de 20 días, se oponga por escrito a la reclamación de pago efectuada. En este supuesto, el proceso monitorio se transformará en el juicio declarativo tradicional que corresponda. El escrito de oposición del deudor sí deberá ir firmado por abogado y procurador cuando la cantidad reclamada supere los 900 euros.
Así, si la cantidad que se reclama es inferior a 3.000 euros, el Juzgado citará a las dos partes a una vista de Juicio Verbal. Y si la reclamación excede de 3.000 Euros, el acreedor debe interponer una demanda de Juicio Ordinario en el plazo de un mes desde que se le comunique la oposición del deudor; y si no lo hace se archivará el procedimiento y se condenará al acreedor a pagar las costa que pudiera haber ocasionado al deudor. Si se presenta la demanda, se le comunicará al demandado y se seguirán los trámites legales del Juicio Ordinario.
Como regla general, para la petición inicial no es necesario solicitar los servicios de un Abogado ni de un Procurador, por lo que si deseas contratarlos, deberás de pagar tú los gastos derivados de un intervención.

Una excepción a esta regla es cuando la localidad en la que resides sea distinta a la localidad donde está el Juzgado. En este caso, si ganas en procedimiento judicial, los gastos del Abogado y Procurador deberán ser pagados por la persona que te debía el dinero, con el límite de la tercera parte del dinero reclamado.
En los siguientes enlaces encontrará los formularios necesarios para iniciar un Proceso Monitorio y para oponerse a una petición inicial de Proceso Monitorio.

Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000: Del Proceso Monitorio

Modelo de Petición inicial de Proceso Monitorio

Modelo de Oposición a la Petición Inicial de Proceso Monitorio.