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A vueltas con el FOGASA: Los recortes también alcanzan al fondo de garantía de los trabajadores

Como señalamos ya en su momento, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad llevó a cabo el que, según se decía, fue el mayor recorte de toda la democracia, en lo que se refiere a los derechos sociales y económicos de los ciudadanos.

Fuese o no el mayor recorte de la democracia, lo cierto es que, desde el punto de vista de la protección social en las situaciones de desempleo es un recorte sin precedentes, que afecta a indemnizaciones por despido, salarios de tramitación y hasta prestaciones por desempleo o ayudas a personas dependientes.

Y de estos recortes no se libró ni el FOGASA, el fondo público destinado a garantizar a los trabajadores el pago de las indemnizaciones por despido y los salarios adeudados por las empresas que están en situación económica complicada o que, directamente se encuentran en situación de insolvencia. A esos recortes debemos añadir ahora, y con efectos de 1 de Enero de 2014, la supresión del apartado 8 del Art. 33 del estatuto de los Trabajadores, que se lleva a cabo por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado parael año 2014, y que supone, en definitiva, la eliminación de la cobertura por el FOGASA de parte de las indemnizaciones de despido objetivo.

El FOGASA ha sufrido varios, y continuos, cambios normativos importantes y no sería aventurado decir que, con las modificaciones llevadas a cabo por la Ley 3/2012, de 6 de julio, por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y ahora por la Ley de Presupuestos Generales para 2014, al FOGASA le falta muy poco para dejar de ser una garantía de protección de los trabajadores.

Como hemos dicho, la función esencial del FOGASA era la de garantizar a los trabajadores el cobro de sus salarios e indemnizaciones por despido en casos de crisis empresarial.

Por eso, el ART. 33.1 del ET señala que el FOGASA “abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario”.

Y por salario, a efectos de su pago por el FOGASA, se entiende la cantidad reconocida como tal en acto de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el artículo 26.1 del ET, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan.

Lo primero que hay que señalar en este punto es que los salarios de tramitación han desaparecido, prácticamente, con la Ley 3/2012, de 6 de Julio, de reforma laboral, por lo que serán simbólicos los casos en que el FOGASA haga frente a salarios de tramitación.

En segundo lugar, el abono por parte del FOGASA tenía como límite, antes de la reforma, no abonar un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento cincuenta días.

Sin embargo, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad ha modificado esos límites y señala ahora que el FOGASA no puede abonar, por uno u otro concepto, conjunta o separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento veinte días. Es decir, se recorta en un tercio el importe máximo a abonar y se recorta también el número de días de salario a abonar, que pasan de 150 a 120.

Y por lo que se refiere a las indemnizaciones, el fondo se hace cargo de las reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51 y 52 del ET, y de extinción de contratos conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan.

Pero, al igual que en los salarios, existía un límite; el máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del triple del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Sin embargo, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad mantiene el límite de una anualidad, pero señala que el salario diario, base del cálculo, no puede exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Es decir, en el importe de la indemnización máxima a abonar también hay un recorte de una tercera parte.

Y en el caso de los procedimientos concursales, también se aplica la misma reducción, es decir, las indemnizaciones a abonar a cargo del FOGASA, con independencia de lo que se pueda pactar en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de veinte días por año de servicio, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Antes de la reforma el salario diario, base del cálculo, no podía exceder del triple del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias; por lo que tenemos nuevamente una reducción de un tercio en el importe de la indemnización máxima a percibir.

O dicho de otra forma, un trabajador que despedido de una empresa – algo muy frecuente en estas circunstancias – y al que se le adeudan, porque la empresa está en situación de insolvencia, tanto la indemnización por despido como varias nóminas atrasadas se veía obligado a acudir al FOGASA, asumiendo que, al tratarse de un Fondo de Garantía, no iba a cobrar la totalidad de lo que se le debía.

Pero ahora, además de ser despedido y no cobrar lo que se le debe, al acudir al FOGASA, va a ver que las cantidades que reciba del Fondo se han reducido nada más y nada menos que un tercio.

Y si a eso añadimos la enorme dificultad para encontrar un nuevo empleo; y que, por otro lado, en el caso de que tuviese derecho a prestación por desempleo, también va a ver como su prestación, a partir del sexto mes va a ver como se reduce en otro 10%, es decir, pasa del 60% de su base al 50%; podemos decir que los cambios realizados por el Gobierno agravan de manera considerable la situación de quien tiene la desgracia, cada vez más frecuente, de perder el empleo; y eso por no hablar de los incrementos impositivos; aunque esa es otra cuestión para ser abordada por el Departamento de Fiscal.

Pero este no es el único cambio que ha sufrido el FOGASA porque la reforma Laboral, aprobada por Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modificó el Art. 33.8 del Estatuto de los Trabajadores, que es el precepto que servía de base legal para la intervención del FOGASA en su función de abono directo de indemnizaciones en casos de empresas de menos de 25 trabajadores; y que ya había sido modificado por el RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero.

Con el RD-Ley 3/2012, el Art. 33 apartado 8, del Estatuto de los Trabajadores señalaba: "8. En los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los artículos 51 y 52 de esta Ley o en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, una parte de la indemnización que corresponda al trabajador será objeto de resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año. No será de aplicación el resarcimiento por el Fondo de Garantía Salarial en las extinciones que hayan sido declaradas como improcedentes, tanto en conciliación administrativa o judicial como mediante sentencia.

El cálculo del importe de este abono se realizará sobre las indemnizaciones ajustadas a los límites previstos en el apartado 2 de este artículo".

Con la redacción dada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, el Art. 33, apartado 8, del Estatuto de los Trabajadores establece que: “En los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores, cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los artículos 51 y 52 de esta Ley o en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, el Fondo de Garantía Salarial abonará al trabajador una parte de la indemnización en cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año. No responderá el Fondo de cuantía indemnizatoria alguna en los supuestos de decisiones extintivas improcedentes, estando a cargo del empresario, en tales casos, el pago íntegro de la indemnización.

El cálculo del importe de este abono se realizará sobre las indemnizaciones ajustadas a los límites previstos en el apartado 2 de este artículo."

De la regulación efectuada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, hay que destacar, en primer lugar, que la cobertura del FOGASA se limitaba a contratos de carácter indefinido, es decir, no afectaba a los contratos temporales, como parecía desprenderse de la redacción anterior al RD-Ley 3/2012, que hablaba genéricamente de relaciones laborales extinguidas por razones económicas, pero sin precisar el tipo de contrato.

En segundo lugar, la última redacción del Art. 33, apartado 8, ampliaba la cobertura del FOGASA a todas las causas de despido objetivo previstas en el Art. 52 del E.T.; puesto que la regulación anterior al RD-Ley 3/2012 se refería expresamente sólo a las causas económicas del Art. 52 c) del E.T.

El tercer cambio importante es que de la cobertura del FOGASA quedaban expresamente excluidas las extinciones de contrato declaradas improcedentes. Es decir, sólo se cubrían los despidos colectivos y objetivos procedentes.

El cuarto cambio a destacar, que es el más importante, es que la Ley 3/2012 volvía de nuevo a la redacción existente antes del RD-Ley 3/2012 porque señalaba nuevamente que el FOGASA abonaría al trabajador una parte de la indemnización en cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año. Sin embargo, el RD-Ley 3/2012 establecía que el FOGASA resarciría al empresario de la parte de la indemnización (8 días por año, prorrateándose por meses los periodos inferiores al año) que correspondía al trabajador. Es decir, con ello se recuperaba a la posibilidad, muy utilizada en su momento, de que la empresa abonase al trabajador 12 días por año de la indemnización y fuese el propio trabajador el que solicitase al FOGASAel abono de los 8 días por año restantes.

Sin embargo, dicho debate deja de tener sentido, a partir del 1 de Enero de 2014, porque la Disposición Final Quinta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 establece: "Con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, se suprime el apartado 8 del artículo 33 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, manteniéndose el resto de la redacción, así como su numeración."

Es decir, a partir del 1 de Enero de 2014, el FOGASA deja de cubrir la parte de la indemnización que hasta ahora le correspondía (la cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año); por lo que el empresario deberá pagar al trabajador la cantidad correspondiente a los 20 días por año de la indemnización establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

La justificación de esta supresión es que se ha entendido por el legislador que esta medida podría estar suponiendo un incentivo para el despido y se ha decidido, vía Ley de Presupuestos Generales del Estado, suprimirla con efectos de 1 de Enero de 2014.

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