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El RD-Ley 20/2012 o el desmantelamiento de la protección por desempleo.

Estamos ya acostumbrados a hablar de Reforma Laboral y de los cambios que tanto el RD-Ley 3/2012, primero, como la Ley 3/2012, después, han introducido en nuestro ordenamiento laboral.

Sin embargo, ello no puede hacernos pasar por alto otra norma, el RD-Ley 20/2012, de 13 de Julio, aprobada tan sólo una semana después de la Ley 3/2012, y que introduce cambios en materia laboral y de Seguridad Social de tanto calado, o más, como los de la Ley 3/2012.

Y es que el RD-Ley 20/2012 tiene un título, el Título II, dedicado específicamente a medidas sobre Seguridad Social y Empleo; en el que se regulan cambios muy importantes, especialmente en materias como la protección por desempleo.

Entrando en el análisis de su contenido, lo primero que encontramos es la modificación del apartado 1.1 del Art. 27 de la Ley General de la Seguridad Social, pasando de la tradicional escala de recargos por no abonar las cuotas de la Seguridad Social a un recargo del 20 % de la deuda desde el primer día de retraso si se abonan las cuotas debidas tras el vencimiento de dicho plazo.

Es decir, antes la escala era la siguiente:

a) Recargo del 3% de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del primer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.

b) Recargo de mora del 5% de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del segundo mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.

c) Recargo de mora del 10% de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del segundo mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.

c) Recargo del 20% de la deuda, si abonaren las cuotas debidas a partir del tercer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.

Ahora, sin embargo, transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de las mismas y sin perjuicio de las especialidades previstas para los aplazamientos, se devengará directamente un recargo del 20 % de la deuda.

También se modifica el Art. 109 de la LGSS, que se refiere a la base de cotización, para concretar los conceptos que nos e computan en la base de cotización.

Pero donde los cambios son más profundos, y sus efectos van a ser más notables, es en materia de protección por desempleo; porque se eliminan prestaciones, se recortan otras, se endurecen los requisitos para obtenerlas y se aumentan los mecanismos de control y las sanciones.

Así, el Art. 207 de la LGSS, que se refiere al periodo de carencia de la prestación contributiva por desempleo, se modifica para añadir que en "...el supuesto de que en el momento de la situación legal de desempleo se mantengan uno o varios contratos a tiempo parcial se tendrán en cuenta exclusivamente, a los solos efectos de cumplir el requisito de acceso a la prestación, los períodos de cotización en los trabajos en los que se haya perdido el empleo, de forma temporal o definitiva, o se haya visto reducida la jornada ordinaria de trabajo." Ello supone un claro endurecimiento del requisito de acceso a la prestación, pues para tener derecho a la misma no se van a computar todas las cotizaciones realizadas hasta la fecha por el trabajador, sino solo aquellas que correspondan al empleo que se pierde; o a aquel en se reduce la jornada.

La modificación del Art. 211 de la LGSS es, sin duda, las más trascendente porque supone la rebaja de la prestación por desempleo en nada menos que un 10% mensual a partir del sexto mes. Es decir, la cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora los siguientes porcentajes: El 70 % durante los ciento ochenta primeros días y el 50 % a partir del día ciento ochenta y uno; mientras que antes era un 60%.

También se establece que "En caso de desempleo por pérdida de empleo a tiempo parcial o a tiempo completo, las cuantías máximas y mínimas de la prestación, contempladas en los párrafos anteriores, se determinaran teniendo en cuenta el indicador público de rentas de efectos múltiples calculado en función del promedio de las horas trabajadas durante el período de los últimos 180 días, a que se refiere el apartado 1 de este artículo, ponderándose tal promedio en relación con los días en cada empleo a tiempo parcial o completo durante dicho período".

El Art. 212 de la LGSS se refiere a la suspensión del derecho a la percepción de la prestación por desempleo y establece ahora que se suspenderá por la Entidad Gestora durante el periodo que corresponda por imposición de sanción por infracciones leves y graves en los términos establecidos en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social; pero se añade un párrafo que determina que "Si finalizado el período a que se refiere el párrafo anterior, el beneficiario de prestaciones no se encontrara inscrito como demandante de empleo, la reanudación de la prestación requerirá su previa comparecencia ante la Entidad Gestora acreditando dicha inscripción." Es decir, se establece un nuevo requisito para dificultar la percepción de la prestación.

Y modificando el apartado 3º del Art. 212 se señala que el incumplimiento, por parte de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo de la obligación de presentar, en los plazos establecidos, los documentos que les sean requeridos, siempre que los mismos puedan afectar a la conservación del derecho a las prestaciones, podrá dar lugar a que por la Entidad Gestora se adopten las medidas preventivas necesarias, mediante la suspensión cautelar del abono de las citadas prestaciones, hasta que dichos beneficiarios comparezcan ante aquella acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos para el mantenimiento del derecho, que se reanudará a partir de la fecha de la comparecencia.

Por lo que se refiere a los subsidios, también son importantes las restricciones introducidas porque, en primer lugar, el subsidio para mayores de 52 años pasa a ser para mayores de 55 años, ya que se ha modificado el Art. 215 de la LGSS para establecer que "Para obtener el subsidio el trabajador deberá tener cumplida la edad de cincuenta y cinco años en la fecha del agotamiento de la prestación por desempleo o del subsidio por desempleo; o tener cumplida esa edad en el momento de reunir los requisitos para acceder a un subsidio de los supuestos contemplados en los apartados anteriores o cumplirla durante su percepción".

Y desaparece, de un plumazo, el subsidio especial para los desempleados mayores de cuarenta y cinco años; lo cual resulta curioso cuando se trata del colectivo con mayores dificultades de reinserción laboral. No obstante, dicho subsidio mantendrá su aplicación para los desempleados mayores de cuarenta y cinco años que hubieran agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo de setecientos veinte días antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley (15 de Julio de 2012).

En cuánto a que se considerarán como rentas o ingresos computables a efectos de percibir subsidios, la norma habla de cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial con la Administración de la Seguridad Social. También se considerarán rentas las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por 100 del tipo de interés legal del dinero vigente (antes hablaba del 50%) , con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezca reglamentariamente.

La cuantía del subsidio, al igual que hemos visto para la prestación, en el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas.

En materia de cotización durante la percepción del subsidio, se reforma el Art. 218 de la LGSS y se unifica, para todos los subsidios, la utilización como base de cotización el tope mínimo de cotización (antes se estipulaba el 125% para los mayores de 52). Esta modificación será de aplicación a partir del 1 de Agosto de 2012. Los trabajadores que tuvieran el 125%, pasarán al 100% a partir de esa fecha.

También se reforma el régimen de incompatibilidades, para determinar cuando se realice un trabajo a tiempo parcial se deducirá del importe de la prestación o subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado.

La deducción en el importe de la prestación o subsidio a que se refiere el párrafo anterior se efectuará tanto cuando el trabajador esté percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo como consecuencia de la pérdida de un trabajo a tiempo completo o parcial y obtenga un nuevo trabajo a tiempo parcial, como cuando realice dos contratos a tiempo parcial y pierda uno de ellos, si bien, en este supuesto, la base reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de las bases por la que se haya cotizado por dicha contingencia en ambos trabajos durante los 180 días del periodo a que se refiere el apartado 1 del artículo 210, y las cuantías máxima y mínima a que se refiere el artículo 211 se determinarán teniendo en cuenta el indicador público de rentas de efectos múltiples en función de las horas trabajadas en ambos trabajos.

Otra de las modificaciones se refiere a las facultades de control de las prestaciones y se incluye, al modificar el Art. 22 de la LGSS, la facultad de la Entidad Gestora para suspender el abono de las prestaciones por desempleo cuando se aprecien indicios suficientes de fraude en el curso de las investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra el fraude.

Finalmente, se reforma también el Art. 231, para establecer las obligaciones de los beneficiarios de las prestaciones de, cuando no quedara garantizada la recepción de las comunicaciones en el domicilio facilitado por el solicitante o beneficiario de las prestaciones, proporcionar a los Servicios Públicos de Empleo autonómicos y al Servicio Público de Empleo Estatal los datos que precisen para que la comunicación se pueda realizar por medios electrónicos.

Se regula también la obligación de los beneficiarios de prestaciones de acreditar ante el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo autonómicos, cuando sean requeridos para ello, las actuaciones que han efectuado dirigidas a la búsqueda activa de empleo, su reinserción laboral o a la mejora de su ocupabilidad. Esta acreditación se efectuará en la forma en que estos organismos determinen en el marco de la mutua colaboración. La no acreditación tendrá la consideración de incumplimiento del compromiso de actividad.

Sin perjuicio de acreditar la búsqueda activa de empleo, la participación en las acciones de mejora de la ocupabilidad que se correspondan con su profesión habitual o sus aptitudes formativas según lo determinado en el itinerario de inserción será voluntaria para los beneficiarios de prestaciones contributivas durante los treinta primeros días de percepción, y la no participación en las mismas no conllevará efectos sancionadores.

Y por cuanto se refiere a la Renta Activa de Inserción, se establecen nuevos requisitos que afectan a los desempleados de larga duración y a las personas con discapacidad:

a) Permanecer inscrito como demandante de empleo ininterrumpidamente 12 o más meses durante los cuales deberá buscar activamente empleo, sin rechazar ofertas de trabajo o formación.

Se interrumpe la inscripción:

• Si se ha trabajado 90 o más días en los 365 anteriores a la fecha de solicitud.
• Si ha salido al extranjero por cualquier motivo o duración, fuera de los casos establecidos reglamentariamente.

En los casos de interrupción de la demanda se exigirá un periodo de 12 meses ininterrumpidos desde la nueva inscripción.

b) También como novedad se exige haber extinguido previamente una prestación o un subsidio por desempleo, salvo cuando la extinción se hubiera producido por sanción, y no tener derecho a prestación contributiva o subsidio por desempleo. No reunirá el requisito el trabajador que haya extinguido el subsidio por desempleo o la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios, no habiendo extinguido ningún otro tipo de prestación o subsidio por desempleo.

Las modificaciones afectan a las solicitudes de admisión al programa que se presenten a partir del 15 de julio de 2012.

También se producen importantes modificaciones en las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; pero por su calado y extensión, serán objeto de tratamiento en otro comentario.

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