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Los aspectos tributarios de la Reforma Laboral.

Una de las cuestiones que más polémica está suscitando la Reforma Laboral son los aspectos tributarios que se desprenden de la Ley 3/2012, de 6 de Julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Tanto es así que siguen llegando a nuestro departamento jurídico consultas sobre las modificaciones tributarias que ha traído consigo la reforma laboral.

O dicho de otro modo, la Ley de Reforma Laboral se refiere a una serie de beneficios fiscales en relación con el nuevo contrato indefinido para los emprendedores y, en consecuencia, se ha producido una modificación en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

Asimismo, a raíz de la modificación del Art. 56 del Estatuto de los Trabajadores, que elimina la posibilidad de reconocer la improcedencia del despido y de consignar la indemnización, para evitar con ello el devengo de salarios de tramitación (los cuáles también han desaparecido), se generó una polémica, especialmente desde la doctrina tributaria, respecto si dicha modificación implicaba un cambio respecto de la regulación, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador.

Las dudas y la polémica que se ha generado sobre estas dos cuestiones se debe, a nuestro juicio, a una deficiente técnica legislativa y a una clarísima falta de coordinación respecto de la incidencia que una modificación legal puede tener sobre normas ya vigentes.

Así, por ejemplo, con la entrada en vigor del RD-Ley 3/2012 y la aprobación del contrato de empleo indefinido para emprendedores se establecieron unas serie de beneficios fiscales para las empresas que hiciesen uso de este contrato, pero, sin embargo, no se desarrolló, al mismo tiempo, la normativa fiscal que permitiese la aplicación práctica de esos beneficios. Por ello, y desde el mismo día en que entró en vigor el contrato para emprendedores, las consultas más repetidas han sido sobré cómo, cuándo y en qué impuesto podían aplicarse los beneficios fiscales a los que se refería la reforma laboral. Sin embargo, ha habido que esperar hasta la aprobación definitiva de la reforma laboral, por Ley 3/2012, de 6 de Julio, para conocer quién puede aplicarse esos beneficios fiscales y cómo y dónde deben hacerlo.

Y lo mismo, o peor, ha ocurrido respecto de las exenciones de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, porque el RD-Ley 3/2012 modifica el Art. 56 del Estatuto de los Trabajadores y elimina la previsión legal de reconocimiento de la improcedencia del despido, pero se olvida que, en concordancia con esa posibilidad legal de reconocer la improcedencia del despido, existe un precepto en la Ley del IRPF que se refiere a la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, y que no es modificado.

Todo ello da lugar a una polémica doctrinal sobre si cabe o no la posibilidad de reconocer la improcedencia del despido y sobre si, en el caso de que así se haga, la indemnización reconocida y pagada al trabajador estaría exenta o no en el IRPF; al entender que ya no es una indemnización legal, sino pactada.

Dicha polémica ha llevado a que en la Ley 3/2012, de 6 de Julio, se modifique la regulación sobre la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la Ley de IRPF y también a que se haya tenido que dictar una norma que regule especialmente la situación de las indemnizaciones de despido que se han generado entre Febrero y Julio de 2012.

Y para tratar de arrojar un poco de luz en todo esto, la AEAT publicó una nota en la que se informaba sobre las novedades en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas introducidas por la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que vamos a analizar en este Comentario, al menos para que los lectores sepan cuál va a ser el criterio de la Hacienda Pública al respecto, sin que ello signifique, ni mucho menos, que es el más acertado o que desde aquí lo compartamos integramente.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

La Nota de la AEAT se refiere, en primer lugar al Impuesto de Sociedades y señala que, con efectos de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (12 de Febrero de 2012), la Disposición final decimoséptima de la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral modifica el artículo 43 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, al efecto de regular quién y como puede aplicarse las deduciones fiscales que establecía la reforma laboral al regular el contrato indefinido para emprendedores.

Y el citado Art. 43 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades señala ahora que "Podrán deducir de la cuota íntegra la cantidad de 3.000 euros, las entidades que contraten a su primer trabajador, con las siguientes condiciones:

- contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, definido en el artículo 4 de la Ley 3/12.

- que sea menor de 30 años.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades que tengan una plantilla inferior a 50 trabajadores en el momento en que concierten contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, definido en el artículo 4 de la Ley 3/12, con desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo regulada en el Título III del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, donde se regula la Protección por desempleo, podrán deducir de la cuota íntegra el 50 por ciento del menor de los siguientes importes:

- El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación.

- El importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo que tuviera reconocida.

Esta deducción resultará de aplicación respecto de:

- aquellos contratos realizados en el periodo impositivo hasta alcanzar una plantilla de 50 trabajadores,

- y siempre que, en los doce meses siguientes al inicio de la relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador, un incremento de la plantilla media total de la entidad en, al menos, una unidad respecto a la existente en los doce meses anteriores.

La aplicación de esta deducción estará condicionada a que el trabajador contratado hubiera percibido la prestación por desempleo durante, al menos, tres meses antes del inicio de la relación laboral. A estos efectos, el trabajador proporcionará a la entidad un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral.

Estas deducciones se aplicarán en la cuota íntegra del periodo impositivo correspondiente a la finalización del periodo de prueba de un año exigido en el correspondiente tipo de contrato.

Estas deducciones estarán condicionadas al mantenimiento de esta relación laboral durante al menos tres años desde la fecha de su inicio.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en este artículo determinará la pérdida de la deducción, que se regularizará en la forma establecida en el artículo 137.3 TRLIS, es decir, cuando con posterioridad a la aplicación de la deducción se produzca la pérdida del derecho a disfrutar de ésta, el sujeto pasivo deberá ingresar junto con la cuota del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento de los requisitos o condiciones, la cantidad deducida correspondiente a la deducción aplicada en períodos anteriores, además de los intereses de demora.

No obstante, no se entenderá incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando:

- el contrato de trabajo se extinga, una vez transcurrido el periodo de prueba, por causas objetivas o despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente.

- dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

El trabajador contratado que diera derecho a una de las deducciones previstas en este artículo no se computará a efectos del incremento de plantilla establecido en los artículos 108, apartado 1, párrafo segundo, y 109, ambos del TRLIS."

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Y como ya hemos adelantado, la Nota de la AEAT también se refiere a los cambios relativos al IRPF, en relación a la polémica sobre la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador.

Según la Nota, y con intención de zanjar la polémica, con efectos a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, esto es, a partir del 12 de Febrero de 2012, la Disposición final undécima de la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modifica la letra e) del artículo 7 de la Ley de IRPF, que se refiere a la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador y añade una nueva disposición transitoria vigésima segunda a la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, referida a las indemnizaciones por despido exentas, introduciendo con ello las siguientes novedades:

Se deroga el párrafo segundo del artículo 7.e) de la Ley 35/2006, sobre la exención de la indemnización si se produce la extinción del contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación.

Por lo tanto, y según la AEAT, para declarar la exención de las indemnizaciones por despido será necesario que se produzca conciliación o una resolución judicial.

No obstante lo anterior, se añade una nueva Disposición Transitoria 22ª a la Ley 35/2006, que mantiene la exención para los despidos que se hayan producido desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y hasta el día de la entrada en vigor de esta Ley, es decir, para los despidos producidos desde el 12 de Febrero de 2012 a 7 de Julio de 2012.

El nuevo párrafo segundo del artículo 7.e), que sustituye al anterior párrafo tercero, sigue estableciendo en los despidos colectivos, con los cambios que dispone la presente ley para el artículo 51 del ET, y en los producidos por las causas previstas en el 52.c) de dicho Estatuto, como cuantía exenta los límites que se determinan con carácter obligatorio para el despido improcedente (33 días por año trabajado y 24 mensualidades, conforme al artículo 56 ET), en vez de la cuantía obligatoria que fija para cada uno de ellos el propio ET.

La nueva Disposición Transitoria 22ª añadida a la Ley 35/2006 fija que las indemnizaciones consecuencia de los expedientes de regulación de empleo en tramitación o con vigencia en su aplicación a 12 de Febrero de 2012 (DT 10ª de la Ley 3/12) aprobados por la autoridad competente a partir de 8 de Marzo de 2009 estarán exentas en la cuantía que no supere 45 días de salario y 42 mensualidades.

Este, como hemos señalado, es el criterio de la AEAT, que puede extraerse de una, digamos, "poco acertada" redacción legislativa y que, como hemos mantenido en otros Comentarios, desde Supercontable.com no compartimos porque no alcanzamos a entender qué lógica preside que, mientras las indemnizaciones pactadas extrajudicialmente no están exentas, y se obliga al trabajador a iniciar un proceso a pesar de que la empresa reconoce extrajudicialmente sus pretensiones, en los casos de despidos colectivos u objetivos por causas económicas, cuya indemnización legal es de 20 días por año, no sólo se declare exentall a misma, sino incluso una cuantía muy superior (33 días por año trabajado y 24 mensualidades, conforme al artículo 56 ET).

 

Departamento Jurídico y Laboral de Supercontable.com

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