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¿Cómo se reclama un crédito en un Concurso de Acreedores?

Si cobrar un crédito a determinados deudores es ya de por sí complicado, no cabe duda de que la situación puede complicarse más si descubrimos que el deudor al que pretendemos cobrar ha sido declarado en situación de Concurso de Acreedores, es decir, se encuentra en situación de quiebra o, cuando menos, de suspensión de pagos.

Y si eso es así, ¿qué hacemos entonces con nuestra deuda? Pues para dar respuesta a esa pregunta hay que acudir a la Ley Concursal, concretamente a los artículos 85 a 88 de la Ley, que se ocupan de la comunicación por parte de los acreedores de la existencia de sus créditos y del reconocimiento de los mismos por parte de la Administración concursal.

Así, si descubrimos que nuestro deudor está en situación de Concurso de Acreedores lo que tenemos que hacer es comunicar a la Administración concursal la existencia de nuestro crédito; y eso tenemos que hacer en el plazo establecido en el artículo 21.1.5º, es decir, en el plazo de un mes a contar desde la última de las publicaciones acordadas en el auto que declara el concurso, dentro de las que con carácter obligatorio establece el apartado 1 del artículo 23 de la misma Ley

Dicha comunicación, conforme señala el artículo 85.2 de la Ley, se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos, y se presentará en el juzgado.

El escrito debe expresar el nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y la calificación que se pretenda. La calificación se refiere a la prioridad que, conforme a la Ley, consideramos que tiene nuestro crédito con respecto a los de otros acreedores. Si se invoca un privilegio especial, es decir, una preferencia total por tratarse de un crédito garantizado (hipotecas o leasing, por ejemplo), se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos registrales de esas garantías.

Al escrito de comunicación se acompañarán los originales o copias autenticadas del título o de los documentos relativos al crédito.

El artículo 86 se ocupa del reconocimiento por la Administración concursal de los créditos que han sido comunicados y de su inclusión o exclusión en la lista de acreedores. El apartado 2º recoge los créditos que obligatoriamente deben incluirse en la lista de acreedores; se trata de créditos que hayan sido reconocidos por laudo o por sentencia, aunque no fueran firmes, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en registro público, y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso.

Por último, el apartado 3º del artículo 86 se refiere también al concurso de una persona física casa y señala que "cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, la Administración concursal expresará, respecto de cada uno de los créditos incluidos en la lista, si sólo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio privativo o también sobre el patrimonio común".

El artículo 87 hace referencia al reconocimiento de determinados créditos en los que concurren características específicas, remitiéndonos, dada su especialidad, al tenor literal de citado precepto.

El artículo 88 se ocupa de la forma en qué debe hacerse el cómputo de los créditos. Con carácter general, todos los créditos deben computarse en dinero y en moneda de curso legal.

En los artículos 89 a 93, la Ley se ocupa de la clasificación de los créditos. Todos los créditos incluidos en la lista de acreedores se clasificarán en privilegiados, ordinarios y subordinados.

Los privilegiados se dividen a su vez en créditos de privilegio especial o general; según afecten a bienes o derechos concretos o a todo el patrimonio del deudor.

Serán créditos ordinarios, según el apartado 3º del artículo 89, los que no se clasifiquen ni como privilegiados ni como subordinados.

El artículo 90, a cuyo tenor literal nos remitimos, se ocupa de los créditos con privilegio especial. El artículo 91 se refiere a los créditos con privilegio general, y el artículo 92 a los créditos subordinados. El artículo 92 está especialmente unido al artículo 93; pues este último se refiere a aquellas personas especialmente relacionadas con el deudor; y ello por cuanto el artículo 92.5º califica de créditos subordinados aquellos cuyo titular sea alguna de las personas que se citan en el artículo 93.

Por último, el artículo 94 de la Ley se refiere a la lista de acreedores que debe acompañar al informe de la Administración concursal y determina la estructura y contenido que debe tener ésta.

La lista contendrá una relación de acreedores incluidos y otra de excluidos, ordenadas alfabéticamente. La de acreedores incluidos expresará además la identidad de cada uno de ellos, la causa, la cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuere titular, sus garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor principal. Además, cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se relacionarán separadamente los créditos que sólo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio privativo y los que pueden hacerse efectivos también sobre el patrimonio común.

La relación de excluidos indicará la identidad de cada uno de ellos y los motivos de la exclusión.

Finalmente, y en relación separada, se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago.


Departamento Jurídico de RCR.

 

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