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PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD: LOS SUPLIDOS.
En este trabajo se intenta mostrar la forma de contabilizar los pagos a cargo de terceros que empresas y profesionales realizan con cierta frecuencia en el ejercicio de su actividad, teniendo muy presentes las reglas que la normativa del IVA les dedica.
Los suplidos, en un sentido amplio, son cantidades que se pagan por cuenta y cargo de un tercero, normalmente en ejecución de un mandato, y son especialmente frecuentes en las relaciones entre algunos profesionales y sus clientes.
Aunque el tratamiento contable de estas operaciones es lo que más nos interesa, no podemos dejar de comentar, precisamente por las repercusiones que tienen en nuestro campo, las peculiares reglas que contiene el artículo 79, Tres, 3.º, de la Ley 37/1992, del IVA, y que se aplican a los suplidos que reúnan las características siguientes:
1.- Ha de tratarse de sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente, lo que de ordinario exigirá que la factura correspondiente haya sido expedida a su nombre.
2.- El pago debe realizarse en virtud de un mandato expreso, que puede ser verbal o escrito, general para todos los suplidos o específico para algunos (en este sentido, Consulta de la DGT de 30 de julio de 1996).
3.- El sujeto pasivo está obligado a justificar la cuantía del gasto, que debe coincidir con el importe que se recibe del cliente.
Los suplidos no inciden sobre los resultados de la empresa mandataria si se cunplen estas condiciones:
a) El intermediario no tendrá derecho a deducir el IVA que pueda haber gravado los gastos correspondientes.
b) Su importe no formará parte de la base imponible del IVA que el intermediario repercuta a su cliente.
Merece la pena añadir que la finalidad de estas normas parece ser favorecer una cierta simplificación de las relaciones entre las partes, y que no se exige ya para aplicarlas que los suplidos hayan sido registrados en cuentas específicas.
Desde la óptica puramente contable, las operaciones comentadas no inciden en modo alguno sobre los resultados de la empresa mandataria, y ello tanto si el intermediario actúa en nombre propio como si lo hace en el de su cliente, y con independencia, desde luego, de la consideración que puedan merecer el punto de vista tributario.
Por su parte el ICAC en la consulta nº 1 del BOICAC nº 19 de Diciembre de 1994 establece lo siguiente:
Las operaciones realizadas por una empresa en ejecución de un mandato, o cualquier otra figura similar, no tienen, en principio, influencia en los resultados de la empresa mandataria, sin perjuicio de que si el servicio es retribuido, deberá contabilizarse el ingreso correspondiente. Por ello, si la empresa realiza actividades por cuenta de otra, ya sea en su nombre o en nombre propio, sólo originará el registro contable de los movimientos de tesorería que pudieran producirse y, en su caso, el de contabilización del ingreso correspondiente a la retribución, ya sea en forma de comisión o cualquier otra figura similar, todo ello sin perjuicio de que si jurídicamente y en determinadas circunstancias pudieran derivarse responsabilidades directas al mandatario como consecuencia de la ejecución del mandato, debería contabilizarse la correspondiente provisión por el riesgo asumido en el desempeño de la actividad. En relación con los aspectos contables, y en particular las cuentas a emplear en la contabilización de los movimientos de tesorería que se puedan producir, podrán utilizarse cuentas del subgrupo 55 contenido en la segunda parte del Plan General de Contabilidad.
Con respecto a la contabilización de la retribución, si la empresa ejecutora del servicio realiza como actividad ordinaria servicios de esta naturaleza reflejarán sus ingresos en cuentas del subgrupo 70, de acuerdo con la Resolución de este Instituto de 16 de mayo de 1991, por la que se fijan criterios generales para determinar el "importe neto de la cifra de negocios" que indica en la norma segunda que se incluirán en la cifra de negocios de la empresa los ingresos obtenidos de la actividad o actividades ordinarias de la empresa, entendiendo por actividad ordinaria aquella que realiza la empresa con regularidad en el ejercicio de su giro o tráfico habitual o típico.
Concretamente y para el caso de las "comisiones" se indica expresamente en la norma sexta de la Resolución citada: "Las empresas que obtengan como actividad ordinaria ingresos procedentes de comisiones, integrarán en su cifra anual de negocios el importe de las mismas devengadas en el período". Lo que permite concluir que si la empresa obtiene ingresos de naturaleza similar a las comisiones y éstas se devengan como consecuencia de la actividad ordinaria de la empresa, dichas comisiones forman parte de la cifra de negocios de la misma Si por el contrario la empresa obtiene este tipo de ingresos con carácter accesorio, es decir, sin ser su actividad ordinaria, se contabilizarán en el subgrupo 75 sin formar parte de la cifra de negocios de la empresa. En relación con las provisiones a dotar en el caso de que su pudieran derivar responsabilidades el mandatario en la ejecución de la actividad, podrán utilizarse cuentas del subgrupo 49 para reflejar la provisión y cuentas de los subgrupos 69 y 79 para realizar respectivamente las dotaciones y desdotaciones a la misma.
Ejemplo.
La empresa RCRCR vende mercaderías por valor de 10.000 euros a otra empresa y además se compromete a gestionar en nombre y cuenta de la misma el transporte de las mercancías por un importe total de 1.000 euros.
Contabilidad de RCRCR:
11.600 |
Aplicaciones informáticas “página web” (206)
Arrendamientos y cánones (621)
HP, IVA soportado (472)
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a
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Venta de mercaderías (700)
HP IVA repercutido (477)
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10.000
1.600
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- - - |
x |
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Por el pago del transporte a cuenta en nombre de la empresa compradora:
1.160 |
Clientes, facturas pendientes de formalizar (4309) |
a |
Tesorería (57) |
1.160 |
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- - - |
x |
- - - |
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Cuando se emita la factura correspondiente:
1.500
240 |
Clientes (430)
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a
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Clientes, facturas pendientes de formalizar (4309)
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- - - |
x |
- - - |
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Por su parte, la otra empresa llevará a cabo la siguiente contabilización:
11.000
1.760 |
Compra de mercaderías (600)
HP, IVA soportado (472)
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a
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Proveedores (400)
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12.760
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- - - |
x |
- - - |
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Es preciso recordar que esta empresa debe estar en posesión de la factura del transportista para la deducción del IVA correspondiente al servicio recibido.
Puede verse que estas operaciones dan lugar a movimientos de tesorería, pero no alteran el resultado contable del intermediario
No obstante, debe recordarse que si la empresa intermediaria actúa en nombre propio, las facturas correspondientes habrán sido emitidas a su nombre y deberá incluir en su contabilidad el IVA, como si hubiese recibido y entregado o prestado por sí mismo los correspondientes bienes o servicios (art. 4.º 3 del RD 2027/1995).
Tampoco formarán parte de la base imponible, en la medida en que se destinen a suplidos que cumplan los requisitos descritos, las provisiones de fondos que suelen recibir de sus clientes ciertos profesionales. Contablemente, se recomienda utilizar cuentas de anticipos para su registro -así ha opinado el ICAC en su contestación a la Consulta 3 del BOICAC nº. 16, de marzo de 1994
Departamento Contabilidad de RCR, Proyectos de Software.
La información utilizada en la redacción de este artículo es una cortesía de la pagina web "www.supercontable.com ”.
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO DE LOS PROPIETARIOS EN UNA COMUNIDAD DE VECINOS.
En el presente artículo vamos a analizar la aplicación de los Derechos de Tanteo y Retracto a los arrendamientos para uso distinto del de vivienda.
En primer lugar, hay que señalar que estos derechos lo que conceden al arrendatario/a es la posibilidad de adquirir, de forma preferente, el inmueble arrendado, en caso de que el propietario – arrendador decida enajenarlos.
Como es bien conocido, los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda aparecen regulados en el Título III de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994.
Y en relación con los derechos de adquisición preferente (tanteo y retracto) del arrendatario en el supuesto de enajenación de la finca arrendada, establece el artículo 31 de la citada Ley: "Lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley será de aplicación a los arrendamientos que regula este título".
Pero no debe quedarse ahí el análisis de la regulación de estos derechos respecto de este tipo de arrendamientos. Y ello porque la aplicación de este artículo tiene carácter supletorio respecto de la voluntad de las partes, lo cual es dispuesto por la propia Ley en distintos lugares de su articulado, en concreto en dos momentos, que a continuación se reproducen:
1) El primer lugar en el que encontramos una referencia al régimen aplicable a los arrendamientos para uso distinto del de vivienda es el Preámbulo de la Ley, que en su punto tercero dice literalmente:
"En la regulación de los arrendamientos para uso distinto al de vivienda, la Ley opta por dejar al libre pacto de las partes todos los elementos del contrato, configurándose una regulación supletoria del libre pacto que también permite un amplio recurso al régimen del Código Civil.
Se regulan así, con carácter supletorio de la voluntad expresa de arrendador y arrendatario, el régimen de las obligaciones de conservación y obras, el derecho de adquisición preferente, el de traspaso y las subrogaciones mortis causa, aunque limitadas al cónyuge e hijos del arrendatario que continúen la actividad".
2) El segundo lugar en que se determina el régimen que se debe aplicar a estos contratos es el artículo 4, en su apartado 3º, que dispone:
"3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto por lo dispuesto en el Título III de la presente Ley, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil".
Y el apartado 4º, del referido artículo 4 que establece: "La exclusión de la aplicación de los preceptos de esta Ley, cuando ello sea posible, deberá hacerse de forma expresa respecto de cada uno de ellos".
Queda claro, por tanto, que en los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda, se aplicará en primer lugar lo dispuesto por las partes, en segundo lugar lo establecido en el Título III de la L.A.U. (en el que se regulan los derechos de adquisición preferente), y finalmente, se estará a lo dispuesto en el Código Civil.
Surgen así, diferencias importantes con respecto a los arrendamientos de vivienda, pues por ejemplo, salvo que no exista pacto expreso de las partes, no será de aplicación el punto 6 del artículo 25 de la L.A.U. ("cuando la venta recaiga, además de sobre la vivienda arrendada, sobre los demás objetos alquilados como accesorios de la vivienda por el mismo arrendador a que se refiere el artículo 3, no podrá el arrendatario ejercitar los derechos de adquisición preferente sólo sobre la vivienda"). Tampoco será de aplicación el punto 8 de dicho artículo ("el pacto por el cual el arrendatario renuncia a los derechos de tanteo y retracto será válido en contratos de duración pactada superior a cinco años").
De la general remisión que hace el artículo 31 de la L.A.U. al artículo 25, se derivan, además de lo mencionado anteriormente, otras cuestiones que, debido a esa falta de regulación, pueden ocasionar situaciones complejas.
Nos referimos, por ejemplo, al hecho de que mediante la citada remisión van a tener también derecho de adquisición preferente los arrendatarios de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta estival o cualquier otra, y los celebrados para ejercer en la finca actividades industriales, comerciales, artesanales, profesionales, recreativas, asistenciales culturales o docentes (artículo 3.1 de la L.A.U.). Mediante esta ampliación será posible que en el supuesto un contrato de arrendamiento de una vivienda vacacional, si en el momento de la celebración del contrato no fueron excluídos los derechos de tanteo y de retracto, en el caso de que se produzca la enajenación de la vivienda, el arrendatario tendrá derecho a ejercitar dichos derechos.
De igual manera puede suceder que, por ejemplo, existan varios arrendatarios de temporada de una misma finca. En este caso sólo se admitiría el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, cuando sean ejercitados de forma conjunta por todos y cada uno de ellos.
En el supuesto de vivienda o local arrendado de forma conjunta a varias personas, no será posible que cada arrendatario adquiera una parte de la vivienda o local, pues la L.A.U. no permite que se pueda retraer ni una parte superior ni una parte inferior de lo que tiene en arrendamiento.
Finalmente, en cuanto a las normas que van a regir el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, es decir, en cuanto a las condiciones y requisitos que se tienen que dar para que sea posible su ejercicio, será de aplicación lo dispuesto para los arrendamientos de viviendas.
Por otro lado, y por lo que se refiere a la renuncia a los derechos de adquisición preferente, el artículo 25, en su apartado 8, establece:
"8. El pacto por el cual el arrendatario renuncia a los derechos de tanteo y retracto será válido en contratos de duración pactada superior a cinco años".
De la lectura de estos dos artículos se desprende una importante observación, cual es la posible aplicación a los arrendamientos para uso distinto del de vivienda. A pesar de la remisión del artículo 31, relativo a los arrendamientos para uso distinto del de vivienda, al artículo 25, este tipo de arrendamientos se rigen, en primer lugar, y como ya hemos señalado, por la voluntad de las partes, resultando, por lo tanto, indiferente el plazo de duración del contrato, pues las partes podrán excluir estos derechos cualquiera que sea la duración del contrato.
Sin embargo, si el derecho de adquisición ya se ha incorporado al patrimonio de su titular, se podrá renunciar por parte del arrendatario, de forma expresa o tácita, mediante actos que así lo revelen (por ejemplo, el pago por el nuevo arrendatario de las rentas al nuevo propietario sin notificación fehaciente, lo cual equivaldría a una renuncia tácita).
Hay que señalar también que, en el supuesto en que no se produzcan cambios de condiciones entre el proyecto de venta y la venta en sí, la renuncia al derecho de tanteo, implicará la renuncia al derecho de retracto. En el supuesto contrario, es decir, si se produjera modificación de esas condiciones queda abierta para el arrendatario esta segunda posibilidad adquisitiva. En todo caso, la renuncia deberá ser manifestada de forma clara, explícita y terminante para que sea eficaz. En este sentido cabe mencionar el artículo 4 de la L.A.U. de 1994, en virtud del cual, la exclusión que se haga de los preceptos de esta Ley, cuando ello sea posible, deberá hacerse de forma expresa respecto de cada uno de ellos.
Departamento
Jurídico de RCR, Proyectos de Software.
La información utilizada en la redacción de este artículo
es una cortesía del Programa "ABOGADO PARA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ”. |
