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IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES: Régimen especial de Pequeñas y Medianas
Empresas.
El
régimen especial aplicable a las pequeñas y medianas empresas
es una forma especial de sociedades que recoge las recomendaciones que
se han realizado desde el ámbito comunitario.
Existen
una serie de beneficios para este tipo de empresas tales como, libertad
de amortización para inversiones con creación de empleo,
para bienes de escaso valor; mantener la exención por reinversión
de los incrementos de patrimonio por enajenación de activos fijos,
siempre que no se superen los 300.506,05 euros; realizar dotación
para insolvencias hasta el límite del 1% de los saldos deudores
que tenga la sociedad; etc.
Los
artículos 108 a 114 del RDL 4/2004 que aprueba el texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades es la que lo regula y pretende
incentivar la inversión y el empleo a través de la constitución
de un nuevo régimen especial para las PYMEs.
Este
régimen también afectará a los empresarios individuales
y a los profesionales que calculen su rendimiento neto por el método
de estimación directa.
¿A quién se aplica?
Para
ver que entendemos por PYME a efectos de aplicar este régimen especial,
la legislación se decanta por el volumen neto de la cifra de negocios,
es decir, que el volumen neto de su cifra de negocios haya sido el año
anterior como máximo 8 millones de euros. Si la cifra de
negocios se refiere a un período impositivo inferior a 1 año
de duración se estimará el importe que se hubiera obtenido
si el período hubiese durado 1 año.
Libertad de Amortización
De
acuerdo con el artículo 109 del RDL 4/2004, los elementos nuevos
del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, podrán
ser amortizados libremente siempre que, durante los veinticuatro meses
siguientes a la fecha del inicio del período impositivo en que
los bienes adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media
total de la empresa se incremente respecto de la plantilla media de los
doce meses anteriores, y dicho incremento se mantenga durante un período
adicional de otros veinticuatro meses.
La
cuantía de la inversión que podrá beneficiarse del
régimen de libertad de amortización será la que resulte
de multiplicar la cifra de 120.000 euros por el referido incremento calculado
con dos decimales.
El
mencionado artículo 109 establece, en su apartado 4, una serie
de incompatibilidades del presente beneficio: bonificación por
actividades exportadoras, reinversión de beneficios extraordinarios,
etc.
Inversiones en bienes de escaso valor
Según
el artíuculo 110 del RDL 4/2004, los elementos del inmovilizado
material nuevos cuyo valor unitario no exceda de 601,01 euros, podrán
amortizarse libremente, hasta el límite de 12.020,24 euros
en el período impositivo. (siempre evidentemente que se le
pueda aplicar el régimen especial para empresas de reducida dimensión)
Amortización de elementos nuevos de Inmovilizado
Regulado en el artículo 111 del RDL 4/2004 y
en resumen establece que los elementos nuevos del inmovilizado material
y de las inversiones inmobiliarias, así como los elementos del
inmovilizado intangible, podrán amortizarse en función del
coeficiente que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización
lineal máximo previsto en las tablas de amortización
oficialmente aprobadas.
Además esta posibilidad es perfectamente compatible
con cualquier beneficio fiscal que pudiera proceder por razón de
los elementos patrimoniales sujetos a la misma.
Insolvencias de Deudores.
El
artículo 112 del mencionado Real Decreto Legislativo, establece
que será deducible la pérdida por deterioro de los créditos
para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias hasta
el límite del 1 por ciento sobre los deudores existentes a la conclusión
del período impositivo.
Amortización de elementos patrimoniales objeto de reinversión.
Hace
unos años, la Ley del Impuesto de Sociedades establecía
un mecanismo de exención por reinversión. Ahora bien, con
la entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (y con efectos a partir de
1 de enero de 1999) esta exención por reinversión se ha
suprimió, estableciendo un sistema de amortización acelerada
para los elementos en que se materializase la posible reinversión
aplicable a las empresas de reducida dimensión y recogido en el
artículo 113 de la LIS.
Esta
modalidad tendrá las características básicas de:
-
El elemento en que se materialice la reinversión (que habrá
de estar afecto a la explotación económica) podrá
amortizarse fiscalmente multiplicando por 3 el coeficiente de amortización
máximo previsto en las tablas oficiales.
- Si se reinvirtiese una cifra menor
al importe de la transmisión, la amortización acelerada
correspondería únicamente al importe reinvertido.
- Esta amortización acelerada
podrá darse independientemente de que con la transmisión
se haya obtenido una renta positiva o negativa, es decir, que aún
habiendo existido una pérdida por la transmisión del elemento
afecto, el elemento en que se materialice la reinversión podrá
gozar de la amortización acelerada.
A partir de Enero de 2002 (con la entrada en vigor de
la Ley de Acompañamiento a los PGE) se crea una deducción
por reinversión de beneficios extraordinarios (Art. 42 LIS), pero
todavía el artículo 113 habla de esta posibilidad de amortizar
el triple de la amortización fiscal máxima permitida.
Tipo de gravamen de entidades de reducida dimensión.
El
artículo 114 del RDL 4/2004 establece que las empresas de reducida
dimensión tributarán:
-
Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 120.202,41 euros,
al tipo del 25 por ciento.
- Por la parte de base imponible restante,
al tipo del 30 por ciento.
Cuando
el período impositivo tenga una duración inferior al año,
la parte de la base imponible que tributará al tipo del 25 por
ciento será la resultante de aplicar a 120.202,41 euros la proporción
en la que se hallen el número de días del período
impositivo entre 365 días, o la base imponible del período
impositivo cuando esta fuera inferior.
Ejemplo:
Suponemos
una sociedad de reducida dimensión, cuyo período impositivo
va desde 14/8/2007 a 31/12/2007 (140 días). Sabiendo que su base
imponible es de 108.000 euros tendríamos que:
-
Base imponible que tributa al 25 por 100 ....... 46.105,03
140
120.202,41
* -------- = 46.105,03 euros
365
-
Base imponible que tributaría al 30 por 100 ....61.894,97
---> Si la base imponible fuese de 42.000 euros, todo tributaría
al 25 por 100 por no superar el límite antes establecido de 46.105,03
euros.
Departamento
Fiscalidad de RCR, Proyectos de Software.
La información utilizada en la redacción de este artículo
es una cortesía del Programa "ASESOR
DE IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES”.
EL
CONCURSO DE ACREEDORES: PRINCIPALES ELEMENTOS.
En
estos tiempos de ralentización, desaceleración, estancamiento
o crisis económica, como cada uno quiera llamarlo cobra especial
importancia el denominado “Derecho Concursal”, es decir, aquella
parte del ordenamiento jurídico que se ocupa de regular, afrontar
y ordenar la situación de crisis y, eventualmente, de disolución
y liquidación de las empresas.
Todos
hemos oído hablar de que determinadas empresas ha declarado suspensión
de pagos o han dado en quiebra, y ejemplos recientes de lo que decimos
son Martinsa-Fadesa, Cosmani, Prasi, SEOP, Grupo Llanera,
Colonial, Astroc, Detinsa o Habitat, todas del mundo inmobiliario, y,
aunque por otros motivos, también Forum Filatélico y Afinsa,
pero pocos saben qué es exactamente estar en suspensión
de pagos o en quiebra, o que, supone, dicho técnicamente, que una
empresa sea declarada en Concurso de Acreedores, que es como la Ley 22/2003,
de 9 de Julio, Concursal, denomina ahora a la quiebra y a la suspensión
de pagos.
Para
ello, vamos a analizar en este comentario los principales elementos del
concurso de acreedores, lo que nos permitirá conocer un poco más
de cerca esta institución jurídica, cuyo auge tememos que
va a ser inversamente proporcional a la caída de muchas empresas,
especialmente del sector inmobiliario.
Y
para poder hablar de Concurso de Acreedores tenemos que hablar, en primer
lugar, del deudor, y de qué entiende por deudor la Ley Concursal.
¿QUIÉN
ES DEUDOR A EFECTOS DE LA LEY CONCURSAL?
Deudor,
a efectos de la aplicación del La Ley 22/2003, Concursal, y tal
y como señala el artículo 1.1 de la misma, puede serlo cualquier
persona, tanto física como jurídica. Tampoco resulta trascendente
a efectos de esta ley, y como diferencia importante con respecto a la
normativa anterior, la cualidad de comerciante o no comerciante del deudor,
siendo aplicable a ambos el concurso como procedimiento único en
caso de estado de insolvencia.
Además,
y como novedad con respecto a la anterior regulación, la Ley Concursal
amplía su ámbito de aplicación y considera sujeto
del concurso también a la herencia; siempre que ésta sea
aceptada a beneficio de inventario. Así el artículo 1.2
señala que "El concurso de la herencia podrá declararse
en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente".
Por
último, la Ley Concursal establece un límite negativo a
la hora de determinar quién puede ser sujeto del concurso; y señala,
en el artículo 1.3 que "No podrán ser declaradas en
concurso las entidades que integran la organización territorial
del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho
público". Es decir, no pueden ser declaradas en concurso las
Administraciones Públicas ni los organismos públicos de
ellas dependientes.
Y
una vez que sabemos quién es deudor a efectos de la Ley Concursal,
es decir a quién se puede declarar en Concurso de Acreedores, vamos
a analizar qué es exactamente el Concurso de Acreedores.
¿QUÉ
ES EL CONCURSO DE ACREEDORES?
El
Concurso de Acreedores es un procedimiento judicial establecido en la
Ley, de carácter único y universal, con el objeto de solventar
las situaciones de crisis económica e insolvencia del deudor con
la finalidad principal de satisfacer los derechos de crédito de
los legítimos acreedores que concurren sobre el patrimonio común
del deudor, garantizando, con carácter prioritario la continuidad
de la actividad económica y, en última instancia, si ello
no es posible, su liquidación de una forma legal y con el menor
coste social posible.
El
concurso, según la regulación dada por la Ley 22/2003, de
9 de Julio, unifica todos los procedimientos de insolvencia existentes
en el derecho concursal anterior, la quiebra, suspensión de pagos,
quita y espera y concurso de acreedores y resulta de aplicación
en los supuestos de insolvencia del deudor, es decir, cuando éste
no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
El
concurso resulta aplicable a cualquier deudor, como ya hemos visto, sea
persona natural o jurídica, y sin distinción tampoco de
su condición de deudor civil o mercantil; pues es posible incluso,
y existen ya resoluciones judiciales que así lo contemplan, declarar
el concurso de un matrimonio o una familia. Asimismo, es posible declarar
también el concurso de la herencia en tanto no haya sido aceptada
pura y simplemente.
Finalmente,
señalar, como ya hemos adelantado, que no cabe declarar en concurso
a las entidades que integran la organización territorial del Estado,
los organismos públicos y demás entes de derecho público.
Hasta
ahora hemos hablado del deudor y del concurso, como procedimiento previsto
en la Ley para solventar las situaciones de crisis económica e
insolvencia del deudor; pero para hacernos una idea global del funcionamiento
del Concurso de Acreedores debemos saber también que se entiende
por “insolvencia”, o a que situaciones de dificultad económica
se aplica este procedimiento.
¿QUÉ
SE ENTIENDE POR INSOLVENCIA?
Por
insolvencia, a efectos de aplicación del La Ley 22/2003, Concursal,
y tal y como señala el artículo 2.2 de la misma, se entiende
aquel estado en el que se encuentra el deudor que no puede cumplir regularmente
sus obligaciones exigibles. Es decir, se encuentra en insolvencia aquel
deudor que no puede hacer frente, de forma generalizada, a las obligaciones
de pago que tiene contraídas.
Esta
definición legal, pero muy poco precisa, se refiere a lo que tradicionalmente
se ha conocido como situación de iliquidez.
No
obstante, y al añadir la Ley Concursal el adverbio "regularmente"
como condicionante de la falta de pago que constituya la situación
de insolvencia a efectos de declarar el concurso, será la jurisprudencia
la que determinará en qué casos el incumplimiento de pago
se produce "regularmente", o de forma generalizada, y da lugar
a situación de insolvencia y en qué casos no se da tal estado
de insolvencia y no procede declarar el concurso.
En
relación con la situación de insolvencia, la Ley Concursal
establece, en este mismo artículo 2, una serie de distinciones
según la declaración del concurso se inste por el deudor
o por el acreedor.
Así,
el artículo 2.3 de la Ley establece que "Si la solicitud de
declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar
su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual
o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor
que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones".
En
este caso, la Ley contempla dos supuestos distintos de estado de insolvencia,
la insolvencia que ya se ha producido cuando se solicita la declaración
de concurso, porque el deudor ya no puede hacer frente a sus obligaciones
de pago; y la que la Ley denomina "insolvencia inminente", que
se refiere a aquellos casos en los que el deudor prevé que en un
futuro próximo, y dada su situación económica y financiera,
que no podrá cumplir con las obligaciones de pago que tiene contraídas.
Si
la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor,
conforme al artículo 2.4 de la Ley, la misma "deberá
fundarla en título por el cual se haya despachado ejecución
o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para
el pago, o en la existencia de alguno de los siguientes hechos:
1)
El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del
deudor.
2)
La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una
manera general al patrimonio del deudor.
3)
El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes
por el deudor.
4)
El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases
siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante
los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas
de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación
conjunta durante el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones
y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes
a las tres últimas mensualidades".
Es
decir, para que pueda declarase el concurso del deudor a solicitud de
un acreedor, este debe acreditar la insolvencia del deudor de alguna de
las formas previstas en el apartado 4 del artículo 2, que hemos
transcrito; cuyos problemas de interpretación deberán ser
resueltos por la jurisprudencia, al igual que hemos señalado con
respecto al estado de insolvencia.
Con
esto ya hemos proporcionado una visión general del Concurso de
Acreedores como mecanismo jurídico destinado a reestructurar aquellas
empresas que atraviesan por dificultades económicas o financieras;
pero que resultan todavía viables económicamente, o para
liquidar, de una forma legal y con el menor coste social posible, aquellas
que objetivamente no lo sean; tratando de conjugar todos los intereses
concurrentes en dicha situación; tanto de los acreedores en su
conjunto, como del deudor.
El
procedimiento de concurso, por tanto, ofrece, por un lado, al deudor la
tutela necesaria para buscar soluciones a la crisis y permitir que la
actividad continúe, y, por otro, a los acreedores, conjuntamente
considerados, la tutela necesaria para la eficaz protección del
activo del concursado; lo que permitirá luego su efectiva realización
y la satisfacción de los créditos de aquellos.
ANTONIO
MILLÁN CALLADO
ABOGADO – MASTER EN PRÁCTICA JURÍDICA Y EN ECONOMÍA
Y DERECHO DEL CONSUMO.
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